De acuerdo con cálculos de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), el país pierde alrededor de ¢48 mil millones en impuestos no cobrados a empresas como Airbnb, que ofrecen hospedaje temporal por medio de Internet.
La molestia del sector turismo con la incapacidad del gobierno para poner en regla a este tipo de servicios volvió la semana anterior, luego de que Helio Fallas, ministro de Hacienda, reconociera a DIARIO EXTRA que la distancia (estas empresas no tienen una sede oficial en el país) es un obstáculo grande para negociar.
De acuerdo con Johnny Riba, presidente de la CCH, las declaraciones de Fallas sorprenden y no justifican que las autoridades del gobierno se laven las manos con esta excusa.
“Yo mismo me puse en contacto con la gente de Airbnb, a nombre de la Cámara, y en la respuesta que tuve de uno de los directores para Latinoamérica es que ellos están en la mejor disposición de cobrar el impuesto equivalente a renta, y que incluso han tratado de contactar a funcionarios de Hacienda, pero que no hay respuesta. Esto lo que quiere decir es que no hay voluntad de las autoridades”, declaró.
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la CCH piden al gobierno que se acerquen a lo que otros países ya implementaron para establecer el cobro de tributos, donde el caso más reciente es España.
Tanto el dueño del apartamento o casa como el huésped evaden impuestos, ya que la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal establece que los arrendamientos menores a 30 días están sujetos al pago del 13% de ventas.
En cuanto a renta, el tributo debe pagarlo no el que se hospeda sino el propietario del inmueble y tiene que hacerlo porque está ejerciendo una actividad comercial.
“Nos parece que no es justificable, ya que en reiteradas ocasiones hemos manifestado al gobierno la urgencia de regular todas aquellas actividades de la economía colaborativa, tal como lo hacen otros países en el mundo.
Con ello se evitaría la competencia desleal y se podría generar una fuente de ingresos importante para el país, sin limitar la opción a los usuarios de tener acceso a estos servicios”, expresó Isabel Vargas, presidenta interina de Canatur.
PROYECTO
Estas cámaras tienen casi listo un proyecto de ley para poner en regla a plataformas de este tipo, pero ante la desidia de esta administración esperarán concretarlo con la llegada del nuevo gobierno.
Ya organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado a los países que este tipo de servicios deben cobrarse.
La polémica sobre esta posición del Ministerio de Hacienda es criticada por los sindicatos y algunos partidos de oposición que insisten que la administración Solís no ha logrado ni reducir el gasto ni tampoco cobrar mejor los impuestos, aunque sí impulsa reformas fiscales en esa dirección.
Johnny Riba
Presidente CCH
“Consideramos que debe haber más voluntad del gobierno. Hay países que ya lograron establecer el cobro, como es el caso de España. Debemos tomar esa experiencia, ver los mecanismos que utilizaron y adaptarlos de acuerdo a las leyes y reglamentos internos del país”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 05 Marzo, 2018
HORA: 12:00 AM
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