Francisco Martí Meneses, asesor legal de varios autobuseros, decidió sacar a la luz pública lo que considera un atropello a los intereses de los empresarios y de los propios usuarios por parte del Consejo de Transporte Público (CTP) al imponer una serie de compañías para que valoren los controles de calidad de los autobuses.
Para Martí existe una persecución con la idea de desaparecer a los empresarios, mediante un control de calidad exigido en su momento por la Defensoría de los Habitantes, a cambio de que el proceso de concesiones siguiera adelante con participación del usuario, pero luego dieron un giro total al concepto de control de calidad.
De acuerdo con el asesor legal, el control de calidad nace para que el usuario pueda participar en el proceso de concesión. En el primero que se llevó a cabo en 2016 el CTP emitió la directriz de que solo podían hacerlo empresas avaladas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
Pero si se examina la ley de creación del ECA, en su primer párrafo define qué es la acreditación y esta es un estatus que se adquiere al demostrar técnicamente la capacidad para hacer cierta función.
En Costa Rica no hay un solo ente acreditado en transporte público y ese es el punto de la discordia, entonces Martí cuestiona por qué los empresarios deben hacerlo con entes que no competentes.
EMPRESAS ACREDITADAS
VALORAN TODO MENOS BUSES
En la lista de empresas que los autobuseros debían contratar están acreditadas para colocar alcantarillas de concreto, colocar bacheos en mezclas asfálticas, valuar aparatos de medición de presión arterial, efectuar estudios de suelos y hasta para comprobar calidad de papas o cebollas.
Incluso es curioso ver cómo Riteve, que lleva a cabo inspecciones mecánicas, dijo no participar porque estaba acreditada para una labor muy específica que era la revisión vehicular y no cuenta con los alcances para ejecutar el control de calidad.
“ECA debió haber respetado lo que dice el artículo 31 de la ley de su creación, donde indica que los acreditados deben limitarse al ámbito de los alcances de su acreditación. No solo estas empresas no cuentan con los alcances para hacer la inspección de calidad sino que además tienen un impedimento legal”, comentó.
El artículo 31 de la ley de creación del ECA les hace ese impedimento legal porque a modo de ejemplo “usted está acreditado y la acreditación es tan solo una parte. Esa acreditación la acompaña un alcance, el alcance define hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer.
Veamos, la compañía que está para evaluar los esfigmomanómetros (aparatos de medición arterial), el alcance habla de que pueden valorar y pueden calificar los aparatos para medir las presiones arteriales, pero si el aparato es totalmente automatizado ya no puede.
Entonces si el alcance es tan específico y tratándose de los mismos aparatos, si es totalmente automatizado no puede valorarlo. Explíqueme cómo el CTP le dice a esta empresa que valora aparatos de presión arterial que sí puede hacer una valoración de calidad del transporte público”, indicó el asesor de los autobuseros.
Lo anterior no solo es peligroso sino que también demuestra el completo desorden que existe en el CTP, que no tiene un norte claro.
ACCIONES LEGALES
Por ahora los empresarios presentaron recursos de amparo, contenciosos administrativos y medidas cautelares, de los que esperan su resolución. No obstante, en el CTP aún no se pronuncian y cuando lo hacen solo dicen que el proceso va porque va.
“Dichos procesos arrancaron para el control de calidad del 2016, pero este 2017 salió el mismo acuerdo, sin embargo fue manoseado porque en esencia es el mismo acuerdo que para el control de calidad del 2016.
De manera irresponsable, porque no le cabe otra palabra, la gerente de ECA en ese entonces le dice al CTP que tiene 18 entes acreditados para hacer el control de calidad, le da la lista y le dice que ellos le pueden hacer esto.
Sin embargo para este 2017 Eric Chaves Vega, el nuevo gerente de ECA, emite una carta y me contesta que no existe en el país un solo ente acreditado en transporte público”.
Muy por el contrario, el propio ECA advierte a los organismos en la carta ECA-G-2017-10 del 4 de julio de 2017 a los entes acreditados no exceder sus competencias. Apenas inician los procesos de acreditación y mandan a valorar el manual de procedimientos para el control de calidad al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, para cuando tengan el marco estructural hacer una acreditación y comenzar a avalar empresas para inspección, pero es un proceso que apenas se inicia.
El asunto no termina ahí, entonces surgen cuestionamientos como ¿por qué se arrancó con procesos con que no se cuenta? y ¿por qué ECA primero dice una cosa, luego se desdice y le echa la responsabilidad al CTP?
La situación empeora, pues en el primer acuerdo para el control de calidad para 2016 había una excepción que decía “si no hay capacidad instalada en el país de organismos para hacer el control de calidad o existiendo esa capacidad instalada no fuera suficiente y no diera abasto, los empresarios debían demostrar que fueron a cada uno de los organismos de la lista de 18 que estaban acreditados.
Entonces ahí si permitían a los empresarios hacerlo con un ingeniero independiente, y aun así cuando los empresarios lo hicieron, a muchos les fueron rechazadas inspecciones de los ingenieros, mientras que los que lo hicieron con las organizaciones acreditadas sí pasaron.
Pero cabe señalar que quienes pasaron con los entes acreditados debieron desembolsar hasta ¢8 millones, mientras que los ingenieros cobraban hasta ¢2 millones, que es lo que realmente cuesta un estudio”.
Por lo anterior en su momento los empresarios le externaron al CTP su posición de que no tenían que preguntarle a nadie, pues la respuesta de ECA era muy clara: no hay capacidad instalada porque no hay un solo organismo en el país acreditado para hacer transporte público.
Martí dejó ver entonces que si las 18 empresas no tienen la más mínima noción de lo que es transporte público, y aun así el CTP les dice “repártanse el pastel”, lo que “hay es un presunto chorizo. ¿De quién?”.
Lo peor del caso es que se giraron órdenes de cancelación de concesiones para 186 empresas que aún no escogen los órganos acreditados (que no lo están), pero hay 185 que ni siquiera han pasado controles y 70 que sí pagaron a entes “acreditados” y pasaron.
El tiempo se les acaba a los empresarios, pues a más tardar el 1 de agosto deberán escoger la empresa que les hará los controles de calidad y pagar los ¢8 millones, aunque no lo quieran.
En repetidas ocasiones DIARIO EXTRA intentó entrevistar a Mario Zárate, director ejecutivo del CTP, para conocer su posición sobre el tema, pero siempre estaba ocupado y no dio fecha para atendernos.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes
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Miércoles 19 Julio, 2017
HORA: 12:00 AM
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