La Defensoría de los Habitantes enfrenta un trago amargo desde el 27 de mayo, día en que se hizo público el extravío del audio de respaldo que tenía la institución en el caso de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El órgano defensor refutó al presidente Carlos Alvarado porque, en lugar de salir a decir que tenía una copia de la entrevista que sostuvieron el 24 de febrero en Casa Presidencial, optó por el silencio, como es costumbre en esta administración.
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, conversó con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Sandra Cordero, subdirectora de DIARIO EXTRA, sobre el desarrollo de la investigación de la UPAD, así como otras intervenciones que la institución realiza en torno a temas que afectan a los habitantes, entre ellos la distribución del bono Proteger y el incremento desproporcionado en el precio del agua.
A continuación, un extracto de la entrevista.
¿Cómo reacciona la Defensoría cuando se entera de la existencia de una copia del audio en Casa Presidencial?
-Me entero por DIARIO EXTRA que Presidencia tiene ese audio. Gracias a que sacó esa información, yo le mandé un oficio al presidente Carlos Alvarado diciendo que enviara ese audio a la Fiscalía y fue ahí donde salió ese cuento de que tenía problemas técnicos.
¿Ustedes pidieron ese respaldo?
-No. No lo pedimos como Defensoría de los Habitantes para tenerlo nosotros, pedí que se lo dieran a la Fiscalía.
La Defensoría anuncia que se pierde el audio y Presidencia, en vez de decirle que tenía una copia, guarda silencio. ¿Resta transparencia el proceder del Ejecutivo?
-De las cosas más importantes que creo todas las instituciones públicas deberían tener es la transparencia. Si a uno se le pierde y otro se da cuenta, uno debe salir a decir lo que pasó y enviarlo a la Fiscalía, aun cuando se ve feo. Para mí hubo falta de transparencia. Para mí se nos tuvo que decir que, aunque no sabíamos que nos estaban grabando, la teníamos aquí. Eso nunca se hizo.
¿Cómo nace la investigación de la UPAD en la Defensoría?
-La directora de Gobernanza Pública (Hazel Díaz) me alerta sobre la creación del decreto y empezamos a ver que se trataba de un asunto de datos. En el tema de los derechos humanos se ha ido yendo hacia la importancia de mantener la información privada. La información es poder y puede funcionar para hacer políticas públicas muy buenas cuando es anonimizada, pero la información se puede hacer para muchas cosas. Llegamos el lunes (24 de febrero) e hicimos la inspección.
¿Qué la alarmó en el desarrollo de la investigación?
-Vimos después de la investigación que claramente sí se tuvo acceso a datos sensibles. Está el convenio que estaba conectado con un programa directo al Sinirube (Sistema Único de Beneficiarios del Estado) y el Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas). En el Sinirube la información que tiene la ficha es de todo, personal. Es importante que la gente lo sepa porque no sabe qué información mía tienen, incluso desde cómo es el techo de mi casa, por ejemplo.
¿Por qué lo manejaron con hermetismo en la Defensoría al momento de la reunión?
-Porque estábamos empezando la investigación, entonces no se dio mucha razón al momento de la reunión. Se recopiló información durante todo ese día.
Usted denunció en la comparecencia del 15 de junio que tres funcionarios la llamaron durante la investigación. ¿Existió algún tipo de presión por parte de ellos para revelar algún tipo de información?
-El primero que me llamó fue el presidente ejecutivo del IMAS (Juan Luis Bermúdez) y lo que me dijo fue que la información que dimos sobre enfermedades es incorrecta. Le dije que me diera tiempo para revisarla porque a veces uno puede cometer un error, reviso las técnicas y me di cuenta que debía haber dicho otro montón de cosas y le manifesté que estaba correcta. Me dijo que lamentaba mucho que fuera así.
¿Para qué la llamó Emilio Arias, embajador de Costa Rica en Guatemala?
-Él me llamó después del presidente ejecutivo del IMAS. Me dijo que laboró ahí y que se había encargado de trabajar con lo del EDUS (Expediente Digital Único en Salud). Me manifestó que era necesario que supiera que el Sinirube y el EDUS no comparten información. Él fue como el más respetuoso.
¿Cómo se desarrolló la conversación con Daniel Soley?
-Él llegó a la Defensoría y comenzó a hablar de sus asuntos personales. En algún momento dijo algo de la UPAD, me dijo que yo era muy valiente el haber salido a denunciar. Antes de irme me comenta que lo mandaron para decirme lo de los SART (Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana), en ese momento le dije que medios de comunicación ya me habían llamado y manifesté que no podía dar una declaración de algo que no sé.
¿Se sintió intimidada?
-Si viene alguien de la DIS y le advierte sobre el tema de los SART al momento en que a uno le piden un criterio y luego empiezan a preguntarte que eso es un tema que viene de la DIS a la Defensoría, me parece un poco raro ese tipo de conversaciones.
¿Cuánto ha golpeado la imagen de la Defensoría el extravío del audio en la investigación?
-Desde el punto de vista de la investigación de la UPAD no fue determinante para los resultados. Había que salir y decir que algo había pasado con el audio y yo como defensora tenía que salir a decirlo, por más que afecte la investidura de la investigación. Era lo correcto y sí, es un trago amargo, es feo, pero hay que hacerlo.
En la Asamblea Legislativa existen voces que piden su renuncia. ¿Cómo responde a ello? ¿Lo consideraría?
-Si los diputados o si el pueblo quiere pedir que renuncie porque denuncié un audio que se perdió o que estaba incompleto, o porque voy a Casa Presidencial y digo que sí se tuvo acceso a datos confidenciales, incluso que le digo al gobierno que es una barbaridad que no esté hablando con los pescadores o que no les haga caso a los agricultores, si no quieren eso y no quieren alguien que diga las cosas de frente, entiendo por qué piden mi renuncia. Uno va a ser una piedra en el zapato para las instituciones, pero ese es el trabajo. Aquí no hay una defensora que diga que no ha pasado nada y cuando eso pase es el día en que la Defensoría hay que cerrarla. Hay que comerse las broncas y me las estoy comiendo a un precio que se debe pagar.
En su recorrido hacia la Defensoría de los Habitantes se dijo que usted fue apoyada por Rodolfo Piza. ¿Recibió algún tipo de apoyo de él?
-Les voy a decir una cosa. Ustedes saben que Rodolfo Piza a mí no me apoyó en nada para la Defensoría. ¿Ustedes saben a quién estaba apoyando Rodolfo Piza? A Pablo Barahona, que fue estudiante de él y además el papá de él era del PUSC. Si ustedes averiguan bien, Rodolfo Piza al que estaba apoyando era a Barahona.
Se rumora que Rodolfo Piza sería candidato a la Presidencia en 2022 y usted lo acompañaría en una eventual vicepresidencia. ¿Es cierto?
-No. ¿De dónde sacan eso? De una vez les digo, no vengo de una familia política, nunca había estado en política y pensé que este puesto no era tan político, me equivoqué completamente y no me interesa la política. Me interesa poder volver a Estados Unidos, al Banco Mundial, al BID o a las Naciones Unidas a hacer el trabajo que hacía antes y además con la experiencia que he tenido a nivel operativo.
¿Y si se lo pidiera?
-Ni aunque nadie me lo pidiera. No tengo el hígado político. Sé que la gente se entrena en eso, pero a mí no me gusta manipular a la gente. Puedo hacer un bien por Costa Rica en otros puestos porque soy una persona más técnica. Así que no, absolutamente no.
¿Cuál ha sido la intervención de la Defensoría en la repartición del bono Proteger?
-En el análisis que hizo la Defensoría, de esas casi 3.000 denuncias, la mayoría son mujeres. Otro tema que no sabemos la razón, pero es importante ver lo que está pasando ahí, es que en los datos nos dicen que a quienes más se ha entregado los bonos es a trabajadores independientes. Puede ser que sean los que más aplican, no sé por qué, pero creo que es importante decirlo para ir viéndolo en detalle.
¿Creen que se ha hecho un manejo desordenado de los dineros?
-No se hizo tan ordenado como debería ser. Por un lado recordemos que era un sistema que se hizo muy rápido, en un momento que se necesitaba, por ahí hay que darle cierto reconocimiento a eso. Por otro lado, es un sistema donde el reglamento se hizo mucho después. Siempre hay un paso 1, paso 2 y paso 3. Usted no puede empezar por el paso 3, después por el 2 y así porque eso se enreda.
¿Qué se encontró en la Defensoría cuando asumió, hace un año y medio?
-Todo se queda en la Gran Área Metropolitana (GAM), pero desde hace rato veo que las partes regionales han estado abandonadas. Este no es un asunto de Covid-19, sino que es un abandono histórico. Limón y Puntarenas son dos ejemplos de ese abandono, principalmente en las fuentes de empleo, que no se están generando como uno quisiera. Hay muchas cosas que como país, y no como Estado, no estamos haciendo bien.
¿Cómo visualizan lo del incremento excesivo en los costos del agua?
-Vamos a iniciar una investigación sobre eso. Del agua tenemos en total como 800 denuncias entre faltante y cobro desde que empezó el Covid-19, de marzo a la fecha. Trabajamos de dos formas, ponemos la queja y si la podemos admitir, lo hacemos, y si no, tratamos de aconsejar a la gente sobre dónde debe acudir. Ahora bien, si la institución no responde, que vengan a la Defensoría a formular la denuncia porque ya fue al ente regulador.
¿Cuánto limita a la Defensoría el hecho de que sus informes no son vinculantes?
-La Defensoría de los Habitantes tiene dos deficiencias o temas que la hacen no tan fuerte como debería ser. Una es que no es vinculante, no todo debería ser vinculante y hay cosas que por la magistratura de influencia uno les habla a los medios, pero hay ciertas cosas que deberían serlas. A diferencia de la gran mayoría de defensorías de América Latina, no se tiene inmunidad. El trabajo de la Defensoría es ir a quejarse y decir lo que está mal, pero a la gente no le gusta eso. Uno se convierte en una piedra en el zapato para muchas instituciones, pero ese es el trabajo.
EXTRADIRECTO
•Defensoría de los Habitantes: Botón de una flor
•Zonas costeras: Abandono absoluto
•Oficinas regionales: Diamante en bruto
•Agua potable: Derecho humano.
•Bono Proteger: Mucho que desear
•UPAD: Impunidad
•Derechos humanos: Lo básico de cualquier democracia
•Rodolfo Piza: Un señor muy alto
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera
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Miércoles 24 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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