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Sucesos

“Se está acabando la comida y el agua”

Según ticos atrapados en medio de protestas en Panamá

  • Cientos de manifestantes se suman a las protestas

  • Los panameños no aprueban el contrato minero

  • Decenas de ticos están atrapados en medio de las protestas

Decenas de ticos se encuentran atrapados en medio de las huelgas que se desarrollan en Ciudad de Panamá desde el 19 de octubre, cuando diversas organizaciones socio ambientalistas iniciaron las protestas en varios sectores del país en contra del acuerdo minero entre el Estado y la subsidiaria canadiense Firts Quantum Minerals.

Así que la firma del contrato de ley, que da la concesión de la mayor mina de cobre a cielo abierto de toda Centroamérica por 20 años prorrogables a esta empresa de Canadá, constituye el motivo por el cual cientos de panameños iniciaron el paro a nivel nacional el 23 de octubre.

Tras varios días consecutivos de protesta y disturbios, empezaron las complicaciones de tránsito para cientos de transportistas y excursiones de turistas que quedaron atrapados en medio del movimiento social.

 

TICOS ATRAPADOS

 

Margarita Pinel Treminio es una las muchas mujeres costarricenses que se encuentra atrapada en Ciudad de Panamá. Ella, junto con familiares y amigas, salió de paseo hacia ese país el 22 de octubre y el 25 de octubre era la fecha de regreso a Costa Rica, pero ni siquiera ha podido llegar a la frontera. 

Margarita, su grupo de excursión y otro centenar de turistas ahora se encuentran encerrados en medio de las manifestaciones que no cesan y que impiden el paso en las calles.

“Violencia, que nos hayan agredido no, pero sí estuvimos en medio de bombas lacrimógenas y casi que nos intoxican, tuvimos que encerrarnos y salir al día siguiente. 

En esta excursión mía andamos 25 personas, entre ellas adultos mayores. Ya se nos está acabando el dinero para comer o comprar. No sabemos qué hacer, no tenemos respuesta por parte del Gobierno. Se está acabando la comida y el agua”, indicó Pinel.

Asimismo, narró que hay gente de todas las nacionalidades afectadas por los disturbios y sin poder hacer nada.

“Eso que le cuento sucedió en Panamá centro. Decidimos salir antes de que se empeorara y empeoró, ya no pudimos irnos. A algunas personas les queda más dinero, pero no hay comida, todo está escaseando porque no pasan los camiones que traen alimentos. El consulado ya sabe y nadie nos dice nada, andamos muchos costarricenses aquí y de todas las nacionalidades”.

Resulta todo un reto mantenerse bien en medio de esas condiciones, por ejemplo, para asearse o hacer sus necesidades la dificultad es alta.

“Hemos tenido que bañarnos en los ríos, hemos defecado guindadas en los montes, hacemos grupos para taparnos para poder orinar porque en la misma fila donde vamos nosotras también hay traileros. Hay mucha gente de varios países, en ese aspecto la mayoría de las mujeres tenemos que buscar como cuidarnos más. 

Hace poco vinieron unas iglesias a darnos comidita y agua, pero creo que ya no. Dormimos en la buseta, en el piso con cartones”, señaló la mujer.

Margarita, así como su familia, es de Puntarenas y desea encontrar una pronta solución pues los recursos se agotan y no hay respuesta por parte de las autoridades correspondientes. El grupo se encuentra a 2 horas de la frontera.

Las protestas ya han dejado varios heridos, personas detenidas, choques entre manifestantes y oficiales de la policía de Panamá, además del cierre de importantes carreteras a lo largo del territorio.

 

HISTORIA

 

El descontento que se vive en el país vecino no es un tema nuevo. La relación de los panameños con esta gran mina de cobre se remonta al primer contrato creado en 1997, sin embargo, en 2008 el Centro de Incidencia Ambiental demandó al proyecto.

Para 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró dicho contrato como inconstitucional, pero hasta 2021 la decisión fue publicada en La Gaceta Oficial, la plataforma de Panamá que hace oficiales los documentos públicos.

Este nuevo acuerdo empezó a negociarse en 2022 entre la empresa canadiense y el Gobierno canalero, no obstante, fue hasta el año en curso que la información se hizo pública para la ciudadanía. 

A diferencia del primer acuerdo de 1997, este supuestamente exigiría ciertos requisitos, como pago de impuestos. Además, que la empresa debe brindar al Estado de Panamá una suma de $375 millones anuales por la explotación de la mina.

Las protestas siguen en pie de lucha, con banderas del país y pancartas en las cuales se lee “Panamá no se vende”. 

El miércoles se sumaron más gremios a las manifestaciones, entre ellos el sector médico y de educación pública.

 
 

PERIODISTA: Daniela Briceño

EMAIL: [email protected]

Sábado 28 de Octubre, 2023

HORA: 12:00 AM

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