Sala IV condena a Pilar Garrido

Editorial

María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación, fue condenada por la Sala Constitucional por negarse a atender a la prensa y brindar datos públicos a DIARIO EXTRA.
La jerarca, de acuerdo con la sentencia, dejó vencer el plazo establecido por la ley nacional para entregar información de carácter público sobre un tema trascendental como es el proyecto Ley Marco de Empleo Público.
Garrido hizo caso omiso a las consultas del periodista Marco González, quien deseaba explicar con amplitud a los lectores sobre los alcances de dicha propuesta, la misma que hoy figura entre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que golpeará al sector público tanto en salarios como otras remuneraciones.
Pese a constantes intentos que hizo el comunicador por hablar con la jerarca y mensajes incesantes para tener los datos actualizados y directos del Ejecutivo, la respuesta fue nula, lo que obligó a meter un Recurso de Amparo.
Dicha decisión se toma en auxilio de la libertad de prensa y del derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados sobre asuntos de interés público, con mucha más razón en la coyuntura de crisis que vive el país.
Y es que este gobierno ha tenido el descaro de guardar silencio, de ocultar y manipular datos importantes, ha negado la oportunidad a los habitantes de Costa Rica a formar opinión y eso es grave, resulta autoritario y planificado, se trata de una violación a las normativas legales en todos sus extremos.
Pero esta no es la primera vez que suceden este tipo de agresiones contra la prensa y los ciudadanos, la gestión de Carlos Alvarado tiene una maestría en censurar medios y secuestrar información.
Tan solo el año anterior El Periódico de Más Venta en Costa Rica, justamente el 12 de mayo, se recurrió a la Sala Constitucional para interponer un recurso de amparo contra Carlos Alvarado, presidente de la República; Geannina Dinarte, ministra de Trabajo; y José Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, por ocultar las listas de los ciudadanos beneficiarios del bono Proteger, subsidios dados por el Gobierno debido a la pandemia de Covid-19.
Días después, el 29 de mayo, la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió una circular recordándoles a los directores de hospitales públicos quiénes podían hablar y lo que debían decir a los medios de comunicación. Este hecho representó una mordaza a los funcionarios de esa institución en cuanto a que la prensa y los ciudadanos en general merecen conocer las labores que efectúan estos entes en relación con la emergencia.
En el mes de junio de 2020 Yamileth Astorga, ahora expresidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), solicitó a los sindicatos de la institución no comunicarse con El Diario del Pueblo debido a los cuestionamientos que este medio hizo por la ejecución presupuestaria y malos manejos de facturación que afectaron a miles de ciudadanos meses atrás. Ella fue condenada por los magistrados en su intento de ejercer una censura velada.
Semanas más tarde, alegando instrucciones superiores basadas en nuevas disposiciones del Gobierno central, las altas esferas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a varios de sus subalternos con puestos de jefatura administrativa, dieron la orden de no comprar más DIARIO EXTRA. Esto ha sucedido a lo largo de siete meses en otras entidades como parte de una política de Carlos Alvarado en castigo a la postura vehemente y seria de nuestro medio, que no se cansará de dar a conocer anomalías e irregularidades.
La represalia fue directa luego de que El Periódico del Pueblo interpusiera otro amparo contra Geanina Dinarte por negarse a dar datos de los beneficiados del Bono Proteger, el mismo que de acuerdo con la Contraloría fue otorgado en un desorden completo a reos y hasta a fallecidos.
El 16 de julio de ese mismo periodo se interpuso otro recurso de amparo contra Carlos Alvarado, presidente de la República; Daniel Salas, ministro de Salud, y Agustín Castro, ministro de Comunicación, por secuestro de información pública y la forma tan limitada de la conferencia de prensa en relación con la Covid.
Hace tan solo unas semanas, todo lo sucedido fue ratificado por el informe en el cual se revela que Castro dio la orden de retrasar la atención a la prensa. Y el propio ministro Salas fue condenado ante una negativa a dar datos sobre esa misma situación.
La lista es interminable y si vemos el cuadro completo se trata de un comportamiento sistemático de esta gestión, que secuestra, oculta y maquilla información, los funcionarios se atribuyen la potestad de negar respuesta a los medios y con esto violan libertades y derechos consagrados en la Carta Magna.
En buena hora la Sala IV condena a estos jerarcas abusivos y dictatoriales, será con sanciones que entiendan que no pueden adoptar estos comportamientos típicos de regímenes autoritarios.