Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos acogieron este martes una moción de texto sustitutivo al proyecto de ley que impulsa el Gobierno para suspender el pago de anualidades en el sector público.
En un principio, se pretendía eliminar este incentivo solo para 2020, pero dado que el proyecto no se aprobó antes del 1 de junio ahora se busca que aplique para 2021 y 2022. Esta moción aprobada la impulsó la liberacionista Silvia Hernández.
SIN EXCEPCIONES
La diputada verdiblanca explicó a DIARIO EXTRA que uno de los objetivos de su moción era corregir los señalamientos de la Contraloría al texto original.
Eso incluye que no hubiera divisiones en la exclusión del pago entre los servidores públicos.
“Se indica que no se puede generar exclusión de actores en la aplicación pues genera discriminación y ambigüedad, por ejemplo, cuando se hablaba de excluir cuerpos policiales, no se sabe si incluye cuerpos policiales del Poder Judicial o solo del Ministerio de Seguridad o de las municipalidades, etc., por ello la Contraloría hace el señalamiento y la moción busca corregir los errores del texto del Gobierno”, aclaró Hernández.
No obstante, otros legisladores creen que se debería excluir de la medida a aquellos funcionarios que hoy se encuentran en la primera línea de la atención de la emergencia sanitaria como, por ejemplo, Fuerza Pública, funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, Migración y Extranjería, entre otros.
SEGUIRÁN EVALUÁNDOLOS
La moción aprobada también establece que, para todos los efectos, los empleados públicos seguirán con la evaluación de reconocimiento de anualidades, aunque ya no se les pague.
“Entiéndase que todas las evaluaciones de reconocimiento de las anualidades correspondientes a los periodos 2020-2021 y 2021-2022 se contabilizarán para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, determinación de los años de servicio, el cálculo del pago de cesantía; y todos los demás extremos laborales que correspondan al momento de finalización de la relación de servicio, con excepción del pago efectivo por concepto de la anualidad en cuestión, como lo determina el proyecto”, agregó Hernández.
El Gobierno estima un ahorro en el tema de anualidades cercano a los ¢46 mil millones que, según el texto, se redirigirían a pago de la deuda interna.
IGUAL TRABAJO, MISMO SALARIO
La otra reforma que retomó su trámite es la del expediente 21.336, “Ley Marco de Empleo Público”. Los congresistas de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron un texto sustitutivo del proyecto que en forma general busca establecer salarios similares en el sector público por medio de la implementación de 8 familias para estos funcionarios y así acabar con las desigualdades en las remuneraciones.
Esas 8 familias se segmentan en: servidores públicos en general, funcionarios de la salud, policías, educación (en todas sus categorías), administradores de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), servidores del Servicio Exterior y funcionarios de confianza.
El diputado liberacionista Luis Fernando Chacón comentó que una secretaria que trabaja en una universidad debería ganar igual que una secretaria que labora en cualquier entidad del Poder Ejecutivo. “Igualdad de puesto, igualdad de salario”, enfatizó.
El legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, subrayó que el proyecto facilita la modernización del servicio público, de manera que el país adopte las buenas prácticas de otros miembros de la OCDE y se eliminen las distorsiones que por años han generado desigualdades salariales.
“El texto sustitutivo propone un nuevo paradigma para el empleo público. En esta nueva visión, lo relevante no es la institución donde labora la persona servidora pública, sino la función y el trabajo que realiza. Nos brinda, indudablemente, un marco jurídico apropiado para afrontar los retos sociales y económicos del país”, acotó.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 17 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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