En el transcurso del 2017 ha muerto -al menos- un periodista al mes en el ejercicio de sus funciones en suelo mexicano. Así lo describe Jacobo Dayán, analista internacional y especialista en derechos humanos, quien se encuentra de visita en Costa Rica tras una invitación de Bnai Birth.
DIARIO EXTRA conversó con el conferencista oriundo de México, quien ha realizado amplios estudios sobre la situación de la libertad de prensa y expresión en América Latina, es contundente al señalar que “hay un retroceso de libertad de expresión en el mundo”.
El experto detalla la realidad de la legislación mexicana, cuyas reformas, lejos de resguardar las garantías de acceso a la información pública, han promovido que cada vez más los datos públicos “salgan a cuentagotas”.
“No es una de las libertades que esté ni garantizada ni en aumento, de hecho, está amenazada a nivel global. Ejemplos sobran: intentos de represión a la libertad de expresión en países como Turquía y en Rusia, o los embates de (Donald) Trump a los medios, diciendo que sacan noticias falsas y que son los enemigos del Estado y del pueblo norteamericano. Lo vemos en todo el espectro político, tenemos personajes como Putin o Trump.
En América Latina tenemos la situación en Venezuela que está en grave riesgo, la clausura de medios, más allá de cuál sea la preferencia política, lo que las sociedades tendrían que tolerar y proteger es la diversidad de voces. Venezuela, Cuba y el caso mexicano.
México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, el miércoles anterior asesinaron un reportero. Hay una absoluta impunidad, se habla de 600 y fracciones agresiones a trabajadores de los medios o las instalaciones, en una absoluta impunidad” sostuvo.
Tal como informó DIARIO EXTRA, el Poder Ejecutivo impulsa en la corriente legislativa los expedientes 20.362 “Ley de Libertad de Expresión y Prensa”, y el 20.361 “Ley de Acceso a la Información Pública”, los cuales son repudiados por legisladores de oposición, quienes advierten que en el fondo pretenden callar a la prensa y limitar el acceso a la información pública,
La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, ha reconocido en entrevista con este medio que los proyectos están inspirados en normativa de países como Chile y México.
El analista descalifica la intención del gobierno costarricense de copiar parámetros del modelo de la legislación mexicana, con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública y la libertad de prensa.
“En México lo que hemos estado viendo es que cada vez más información se niega y se argumentan cosas muy extrañas, desde seguridad nacional, para contratos que no tienen absolutamente nada que ver con seguridad, o se decreta que cierta información para el nombramiento de cargos públicos, cuando un periodista solicita información, se dice que está resguarda por 10 o por 15 años por motivos de seguridad, o por la protección de datos personales.
Y llega al extremo y a la locura que en México la Ley de Archivos se está discutiendo hoy los historiadores se están quejando porque ahora, como hay que proteger los datos personales, pero sin llegar a locuras, si uno pide un documento histórico van a entregar la copia con los nombres tachados, entonces ya uno no va a saber en el siglo XIX quién firmó qué, porque los nombres vienen protegidos. No podemos llegar a excesos donde nada sea accesible”, criticó.
Añadió: “El modelo mexicano no es modelo copia, desde sociedad civil estamos trabajando para revertir estas cosas, aunque la Ley General de Acceso a la Información si uno la revisa en lo más macro parece buena, pero a la hora de la implementación se atora por todos lados.
En México hoy el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que funcionó bien en un origen, no funciona. (…) En México hay todo un programa de gobierno abierto, donde está sentado el gobierno y la sociedad civil trabajando, y esa sociedad estaba siendo espiada en una mesa de gobierno abierto.
Las investigaciones de espionaje por parte del Estado a periodistas, defensores y académicos no han llegado a ningún lado, se pide información sobre quién contrató los softwares de espionaje y no hay información, y ¿por qué se estaba espiando a personas? No hay información”.
Justamente una de las críticas planteadas a los proyectos nacionales, impulsados por la administración Solís Rivera, es que impongan un régimen de excepciones a través del cual se podría abrir la posibilidad a jerarcas y sus instituciones para no entregar información sin una real justificación.
Dicha estipulación quedaría regulada en el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información:
“El sujeto obligado no otorgará acceso a la información solicitada, únicamente en los siguientes casos:
Cuando la información haya sido declarada secreto de Estado, por afectar la seguridad pública, la defensa nacional o las relaciones exteriores, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 30 de la Constitución Política.
Cuando se trate de procesos en curso relativos a relaciones internacionales.
Cuando se trate de políticas monetarias y fiscales en etapa previa a ejecución, cuya divulgación represente un riesgo para el orden público, económico o conceda ventaja indebida en tales regímenes.
Por disposición contenida en ley especial”.
El experto alerta que en el caso de su país incluso “hay zonas donde prácticamente es imposible ejercer el periodismo, donde hay huecos negros de información porque la gente no sabe lo que ocurre ante las amenazas.
Es muy delicado lo que ha empezado a ocurrir en México y a lo mejor es algo que se pueda destacar es una reunión de varios medios de comunicación tratando de hacer un frente común, y desde la sociedad civil hacer mecanismos de articulación para entablar diálogo con el Estado”.
Dayán, quien también es consultor de la Comisión de Víctimas en Mexico,
asegura que los ataques a la prensa, principalmente, se han gestado desde representantes del Estado.
“Desde nivel federal, estatal, local de distintos actores y sobre todo los periodistas, reporteros, fotoperiodistas que han sido agredidos, tratan temas de corrupción, tocan temas de crimen organizado, de impunidad, policiaco”, alertó.
El especialista insiste en que es vital que cada país se asegure de que sus medios de comunicación respalden la pluralidad de voces, luchen contra la autocensura y la censura impuesta por el Estado, pero esencialmente que no haya margen para la impunidad.
“Lo primero que hay que hacer es tratar de garantizar una pluralidad en las voces de los medios. Un ecosistema de medios donde las voces que se escuchan son de no muy diversos sectores es preocupante. Mientras más diverso mejor, mientras más intereses económicos aparezcan como líneas editoriales mejor, y eso es muy delicado a nivel global.
Parte de la autocensura que hay en muchos medios tiene que ver con las preferencias económicas de los medios, la falta de libertad de prensa al interior del mismo medio producto de los intereses de grupo es preocupante.
La otra es la censura que proviene del Estado. Esa a veces se hace en buena medida de manera represiva, pero hay formas más sofisticadas y modernas de hacer esta censura.
En muchos países la mayoría recibe apoyo del Estado en sus distintas instituciones, cuando un medio subsiste con apoyos del Estado la libertad de expresión está ligada a quedar bien con aquel que mantiene al medio.
En México tenemos un programa donde un altísimo porcentaje de los ingresos de muchos medios proviene no de la venta del diario o de espacios publicitarios sino de publicidad oficial.
Otro de los elementos es que al darse agresiones o amenazas a los medios, lo que tiene que garantizarse es cero impunidad, una investigación y la conclusión de una investigación creíble.
El mayor incentivo para la agresión a los medios es la impunidad porque cuando no se resuelven los casos la señal que se manda es que los periodistas son blanco de violencia y no pasa nada”, concluyó.
PERIODISTA:
CRÉDITOS: Fotos: Diego Manzanares
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Lunes 28 Agosto, 2017
HORA: 12:00 AM
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