Editorial
Nuevamente amanecieron algunas calles cerradas a consecuencia de una manifestación de transportistas, quienes además están cometiendo una ilegalidad por desarrollar una actividad económica al margen de la ley.
El derecho al trabajo no es algo que debe desarrollarse por la libre, el Estado no está obligado a que sea de esta manera, por el contrario siempre estará enmarcado dentro de una legalidad, en donde debe contarse con los permisos respectivos para poder realizar cualquier oficio y pagar los impuestos para este fin.
En la actualidad funcionan varios tipos de transporte público, el primero de ellos corresponde a los choferes que cuentan con una placa de taxi que se le da en concesión, y al que le corresponde tener una serie de requisitos, entre estos el seguro en caso de accidente, para que esté cubierto el cliente.
Las tarifas están reguladas, así como las características del servicio.
Hace poco más de un año, en la administración Chinchilla, se creó una nueva figura que fue negociada por los grandes “tagarotes” del transporte privado, luego que los Tribunales indicaran que el servicio no podía tomarse como una actividad de desarrollo a la libre, sino que debía ser el Estado quien definiera a quién se le otorgaban los permisos, sacando a los que se les conocía como porteadores de las actividades que se hallaban enmarcadas dentro del Código de Comercio.
En este caso sí hay seguros, pero tarifas reguladas, ni cánones, por lo que los taxistas quedan en desventaja pues el precio de su competencia puede ser más bajo, quitándole a ellos pasaje.
En ese entonces, los grandes empresarios crearon su propia figura, en la que los únicos ganadores eran estas compañías de unos pocos y no los transportistas como ellos habían querido hacerlo ver. Incluso “compraron conciencias”, y la ley pasó en la Asamblea Legislativa, a pesar de los cuestionamientos que rodeaban tal normativa.
Es así como nace la figura del Servicio Especial Estable de Taxi, mismo que hora está sin permiso de funcionamiento, debido a los atrasos que existen dentro del Consejo de Transporte Público, luego de que uno de sus directivos se fuera a ver el Mundial a Brasil.
No obstante, la realidad de hoy es muy distinta a la que estos astutos empresarios quieren hacer ver, pues no es una manifestación en protección de empleo digno, sino para la renovación de unos permisos que le son otorgados, no a los choferes que se tiraron a las vías, sino a ellos mismos y que si no salen a las calles, estos los reasignan a otros colaboradores a cambio de altas sumas de dinero, sin que ello represente una garantía para los choferes.
También se ha descubierto que estas empresas tienen trabajando más carros que permisos otorgados, y al realizar los operativos de control de permisos de transporte, como los que se vienen dando en los últimos días, es cuando se destapan todas las irregularidades que hay en ese gremio.
Es necesario que tanto las autoridades del Gobierno como los diputados realicen los cambios necesarios en la ley vigente, para que sean las personas y no las empresas las que se vean beneficiadas por este tipo de permisos.
Esta es la única forma en la que el proceso será justo y pensado para quienes realmente lo necesitan, en vez de seguir engrandeciendo solo algunas pocas billeteras.
