Invirtamos en la prevención del delito

Opinión

La disminución de inversión en programas de prevención social, incluida la “prevención del delito”, la educación de calidad y la carencia de oportunidades de empleo, continúan produciendo efectos negativos en la sociedad costarricense, y a su vez fortaleciendo la desintegración social; caldo de cultivo y un escenario ideal para que las personas menores de edad se involucren en las organizaciones criminales locales, donde se les ofrecen oportunidades que el vacío institucional ha dejado descubierto por años.

Los minicarteles criollos, término utilizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se aprovechan de esa niñez desamparada para ofrecerles lo que la debilitada institucionalidad les ha negado, proveyendo falsas oportunidades de integración social y recursos económicos a cambio de incursionar como asesinos a sueldo, más conocidos como sicarios juveniles. Estas personas menores de edad, quienes se desarrollan entre carencias y balas, encuentran en las organizaciones criminales asideros para hacerse de indumentaria de moda y un poco de dinero, a cambio de cometer delitos comunes y de crimen organizado, incluido el homicidio a sueldo.

La ausencia de inversión, también ha generado gran fragilidad de las instituciones estatales, llamadas por ley a prevenir, controlar y reprimir el delito, y administrar justicia. Reduciendo presupuestos públicos, eliminando la posibilidad de comprar equipos especializados y aminorando el recurso humano experto. Y ese debilitamiento ha calado especialmente en las policías del país, sin embargo, los cuerpos policiales día con día nos sorprenden en las noticias matutinas desarticulando organizaciones criminales locales y transnacionales, a pesar de los escasos recursos humanos, tecnológicos y financieros, pero con mucha mística y sensibilidad, se arman de valentía y deber patrio que junto a la correcta dirección funcional del ministerio público, y el fundamento experto de personas funcionarias judiciales peritos y científicos, son un pilar fundamental para soportar el Estado de Derecho, que permite que el país continúe atrayendo inversión extranjera, turismo internacional y exportando productos y servicios alrededor del mundo.

Desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y su Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad, se viene trabajando desde el año 2023 en la presentación y seguimiento de importantes proyectos de ley y asesoría legal especializada en seguridad, con la finalidad de apoyar las distintas iniciativas de ley que se han incorporado en la corriente legislativa para regular los problemas relativos a la inseguridad que azota al país. Se han trabajado por ejemplo proyectos que pretenden sancionar actividades ilícitas provenientes de la extorsión por los denominados préstamos gota a gota, hasta otros que procuran dotar de recursos financieros a los cuerpos policiales del país, para que continúen realizando su incansable labor de prevención, control y represión del crimen, y fortalecer con ello la paz social; estandarte de Costa Rica reconocido a nivel mundial.

*Integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados

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Martes 13 Febrero, 2024

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Marcela Ortiz Bonilla