Junto al recurso de amparo que presentaron evangélicos y católicos, al cual se suman 800 firmas de apoyo, los magistrados de la Sala Constitucional también deben resolver dos acciones de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley sobre le fertilización in vitro (FIV), que se encuentra en la Asamblea Legislativa, al cual los diputados le dan largas para no tener nuevos enfrentamientos.
Según reporte de la Sala IV, el pasado 14 de setiembre un hombre de apellido Vargas presentó la acción de inconstitucionalidad, según consta en el expediente 15-13626, pero esta no es el único recurso de amparo. El Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S un “grupo de vecinos de Tilarán, el Instituto de Derechos Humanos y Paz Social y Diputados, médicos y otros” lo rechazan.
En este último también se cuestiona el decreto que autoriza la técnica de reproducción asistida de FIV, pero ninguno de estos ha sido admitido. Todas estas reacciones se generan tras la acción del presidente Luis Guillermo Solís, quien firmó el pasado 10 de setiembre el documento donde se otorga el derecho a las mujeres casadas o solteras con infertilidad para realizarse dicho procedimiento.
El enfrentamiento de quienes están a favor y en contra surge tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 28 de noviembre de 2013, donde la Sala Constitucional en 2000 prohibió la aplicación de dicha técnica en el país.
Tras este panorama, una vez más la decisión final la tendrá la Sala IV debido a que el mandatario había indicado: “Yo le haré caso en lo que corresponde lo médico-científico, esas son las principales opiniones que buscábamos”.
El abogado defensor de la parejas, Boris Molina, reconoció que la firma del decreto ejecutivo fue un paso importante pero “lo que les digo a las parejas es que no se hagan ilusiones porque la Sala Constitucional es el enemigo número uno de la FIV”. Mientras que el diputado Mario Redondo, de Alianza Democrática Cristiana, afirmó: “El decreto es imprudente, irreflexivo e inconstitucional”.
