Aunque claro está que el ciberataque califica como una emergencia, especialmente por las implicaciones que está teniendo en los contribuyentes, lo cierto es que usar la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.º 8488 podría traer complicaciones jurídicas al Gobierno.
Y es que la administración Chaves Robles está recurriendo específicamente a lo señalado en el artículo 4. Este indica que el Poder Ejecutivo podrá declarar Estado de Emergencia, vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública.
Añade que esta declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política.
Consultado sobre el tema, el experimentado constitucionalista Rubén Hernández Valle, manifestó que la ley de emergencias está dictada para hacer frente a hechos naturales como incendios, inundaciones, pandemias y terremotos.
Lo anterior genera un vacío de legalidad para el caso de los ciberataques aun cuando se trate de resguardar el interés público.
“Eso no está previsto en la ley, y es que nadie lo podía prever al momento que se hizo (año 2005), lo que correspondería es que los diputados reformen la ley y la hagan más amplia”, dijo Hernández.
Hernández Valle explicó que la declaratoria de emergencia permite tres cosas: una, que se puedan modificar los presupuestos sin necesidad de ir a la Asamblea Legislativa; dos, que en ciertas circunstancias se adjudiquen contratos para obras y servicios sin tener que recurrir a una licitación pública; y tres, que las instituciones donen dinero para hacer frente a los gastos.
“Las causas para declarar emergencia son muy claras y al no estar el ciberataque en la ley, la Contraloría podría decir que no aprueba los presupuestos, es decir no tendría ningún efecto jurídico la declaratoria. Repito que lo que se debe hacer es incluir la hipótesis del ciberataque en la ley”, destacó.
COMPETE AL MICITT, NO A LA PRESIDENCIA
Al respecto, Edwin Estrada, director de desarrollo de la empresa Nae y exviceministro de Telecomunicaciones, concuerda con Hernández Valle en que no habría bases desde el punto de vista jurídico.
“Cuando uno hace una declaratoria de emergencia tiene que hacer un análisis del caso concreto y determinar si era inevitable y era imprevisible porque incluso la Sala Constitucional ha dicho que esos son elementos necesarios para eso, entonces no consta en el decreto que hayan hecho ese análisis ni que es imprevisible ni que sea inevitable, entonces ahí habría una violación a la Constitución”, comentó.
Además, dijo que no se está tomando en cuenta el artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones, porque el tema de ciberseguridad es un tema transversal inherente al tema de gobierno electrónico, que el competente es el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
“Cuando se dice que Presidencia va a tomar control no se sabe si es el presidente (Rodrigo Chaves) individualmente o si es el Ministerio de la Presidencia”, explicó.
Adicionalmente, habría que ver si este tema se tocó en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), lo cual debe constar en actas.
“Las condiciones y la situación deben quedar consignada, yo tengo entendido que la CNE no tiene conocimiento de este tema y en la lectura del documento no se indica nada”.
MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CALLA
DIARIO EXTRA intentó comunicarse con Carlos Alvarado Briceño, ministro del Micitt, pero indicaron que no daría declaraciones de momento. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que, de acuerdo con el orden de especialidad, le corresponde al Micitt la gestión de la emergencia.
“El Ministerio de Hacienda es un colaborador más que se encuentra abocado a restablecer los sistemas a la brevedad posible”, manifestó el jerarca ante una consulta de este medio.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Viernes 13 Mayo, 2022
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