El gobierno tendrá una responsabilidad directa en cada despido que se genere en el sector turístico y con cada familia que se quede sin ingresos. Así de contundente fue Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Asegura que llevan un año advirtiendo que a las empresas hay que darles respiro y el gobierno ha hecho oídos sordos. Tiene la seguridad de que el turismo se va a reactivar, pero si la administración Alvarado Quesada sigue sin poner atención, la actividad se caerá.
A continuación, un extracto de la conversación entre Calvo e Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra.
¿Cómo está el sector turismo?
-Hemos logrado que se flexibilice una serie de medidas porque el sector tiene compromiso, pero los problemas están en otro lado. Con esta nueva oleada que está sucediendo en Europa es probable que no vayamos a tener afluencia de europeos y ahora con la variante delta del virus eso nos va a afectar.
Han criticado mucho el acceso al financiamiento. ¿Qué pasa con eso?
-Presentamos un plan y ni siquiera nos limitamos a las empresas afiliadas a la Cámara. En esto hemos entendido que la crisis fue pareja para todo el sector, sean empresas afiliadas a la Cámara o no. Nos juntamos con el ministro de Turismo, Gustavo Segura, y decidimos ir a hablar por todo el sector turístico, afiliado o no.
¿Se sabe cuál es el estado del sector?
-Les pedimos ayuda a economistas, sobre todo para recabar información porque el sector no está completamente regulado, no está completamente visible, no sabemos cuántos somos a fin de cuentas y eso es una gran debilidad porque hasta para defenderlos es importante saber quiénes somos. Yo sé cuántas empresas están afiliadas a Canatur, pero no sé cuántas hay en todo el país porque si le pido a la Caja me dice “son unos”, si le pido a la municipalidad “son otros”, entonces ese registro nacional de empresas turísticas es una gran necesidad en este país.
¿En qué consistió el ejercicio con los economistas?
-Lo que hicimos fue un levantamiento para ver cuál era la cartera activa precovid que tenían las empresas turísticas y esa información nos sirvió para determinar que antes de la pandemia había unos $750 millones en créditos otorgados a empresas turísticas. Ya solo esa cartera era importante ponerle atención que no fuera a caer en impagos. Hemos venido diciéndoles a los bancos “su negocio no es recoger hoteles y tenerlos vacíos, no es para que se les empiecen a deteriorar y a hacer vandalismo”. El negocio del banco es que el hotel siga operando, aunque sea con una ocupación reducida.
¿Y qué piden?
-Ayúdenos a que los plazos de renegociación de la deuda no sean de 6 meses, sino de 24 meses, de 36 meses. Bájenos la tasa y analicemos la capacidad de pago precovid porque si le piden los estados financieros ahora, van a estar en rojo todo este año, todo el otro año.
¿Existe una propuesta?
-Sí y evidencia que hay una cartera muy importante que podría afectar a los bancos porque las empresas lo que necesitan no son condonaciones, pues no hemos pedido una condonación, lo que hemos pedido es tiempo y condiciones para aguantar la parte más complicada de la crisis, así cuando volvamos a estar en mejores condiciones hacernos cargo de la deuda.
¿A quién la presentaron?
-Se la presentamos al presidente Carlos Alvarado. Hemos tenido reuniones con la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), con el ministro de Turismo, Gustavo Segura, y hemos tenido acciones individuales con cada banco.
¿Qué respuesta dan los bancos?
-Que se deben ver las regulaciones internas, el historial de cada cliente. Entonces no podemos decir que del todo en los bancos no se nos ha atendido, pero aun atendiéndonos, aun siendo clientes, las soluciones que están dando no les permitirán a las empresas sostenerse. Eso es lo que buscamos advertir con tiempo.
¿Cuántas empresas podrían caer en impagos?
-Esa es una información que manejan los bancos. Ellos deben saber en qué nivel de riesgo están. Con el sector financiero es un tema de nunca acabar, seguimos conversando con ellos, pero si le queremos llamar la atención a alguien es al presidente de la República.
¿Por qué?
-Porque en las juntas directivas de los bancos del Estado hay miembros nombrados por el gobierno que se podrían llamar y decirles “bueno, señores, aquí tenemos una situación con turismo”. Que nos sienten con el ministro de Turismo, con la Cámara, con los bancos del Estado y decirnos “señores, vamos a salir con un programa de salvamento, de sostenibilidad de las empresas de turismo”.
¿Con los feriados les fue bien?
-Sí, pero vea con el impuesto al valor agregado (IVA), nos dicen que no pueden ampliar la exoneración, pero el ministro de Hacienda sale diciendo que la recaudación ha sido muy buena este año y no puede exonerarnos más el IVA porque le hace falta esa plata. Entonces es contradictorio. El IVA aumenta los precios de inmediato, aunque no lo paga el empresario, lo paga el consumidor. Colombia lo bajó recientemente y nosotros más bien lo estamos subiendo.
¿Cuál es el mensaje al presidente?
-Estamos seguros de que el turismo se va a reactivar, pero nos urge que nos ponga atención este año porque si no, el turismo se va a caer. Cada despido que se genere en el sector turístico y cada familia que se quede sin ingresos, el gobierno va a tener una responsabilidad directa porque llevamos un año advirtiendo que a las empresas hay que darles respiro.
¿No será tan bueno como lo anunció el ICT hace unos meses?
-No y aun con los números de recuperación entre comillas que podríamos tener en este momento estamos como en un -75% de la actividad económica de 2019. Cualquier crecimiento se aprovecha mucho, pero cualquier medida externa o interna como implementar el IVA -que yo ahora le tenga que decir a un turista que tal vez el mes pasado me dijo “¿cuánto me cuesta un tour?” y ahora le diga “le tengo que cobrar más porque aquí decidieron cobrar los impuestos”- podría ser un desincentivo para que la poca gente que está pensando en viajar no venga. Las medidas de restricción van a afectar la venida de europeos a partir del próximo mes. Agosto era un mes en el que se incrementaba la visita de europeos.
¿Qué pasa con Airbnb?
-Me parece que la Cámara Costarricense de Hoteles algo ha estado estudiando sobre eso y creo que eventualmente podría darse porque a pesar de que en las encuestas de satisfacción de salida que se hacen en el aeropuerto la gente reconoce mucho el tema de los protocolos en los hoteles, no sabemos qué sensación tiene en los Airbnb porque no tenemos información de eso. Evidentemente uno puede entender que la gente se sienta más segura en una casa que en una habitación de hotel.
¿Lo ven como competencia ilegal?
-Hemos intentado combatir eso con protocolos muy fuertes, con herramientas que ayudan a que los colaboradores estén midiendo su desempeño constantemente para que cumplan con los protocolos, pero estamos a ojos cerrados en qué está pasando en ese otro tipo de hospedaje porque se aprobó una ley que los regula, sin embargo el reglamento todavía no está listo, entonces nadie los está controlando.
¿El problema es más con los hoteles?
-Puede que vengan turistas, pero no necesariamente a los hoteles, consumirán un tour, un restaurante, el alquiler de un carro, pero la infraestructura turística del país se ha ido desarrollando a lo largo de 20 años para llegar a un punto máximo como en 2019 de poder albergar a esos 3,1 millones de turistas. Todas esas personas que fueron contabilizadas no solamente pasaron por Migración, sino por servicios turísticos formales porque contrataron un tour o un rentacar, un hotel. También existe el riesgo de que todas esas actividades de repente no estén tan reguladas.
Pero ¿se iban a formalizar?
-En el caso de Airbnb se hizo un esfuerzo, incluso en el que participamos porque como sector nos sirve que se formalice. Primero para saber quiénes son, cuántos son, cuántas habitaciones tienen, a quién se las rentan, que paguen impuestos, porque los hoteleros deben tener al día los servicios públicos, las patentes, deben tener los empleados en planilla, lo que obliga a pagar a la Caja de Seguro Social todas las cosas, y ellos probablemente ni se reportan a la seguridad social, entonces todo eso hay que visibilizarlo.
¿No están en contra?
-Nunca estuvimos en desacuerdo con que se formalizara el Airbnb, pero ya que está la ley, que se reglamente rápido. Ahí es donde el Ministerio de Hacienda debe actuar.
¿Es suficiente una ley?
-Todo depende de que se empiece a dar. No sabemos si la ley va a funcionar si no la empezamos a aplicar. Creería que sí, la ley se hizo para eso, al menos es un buen inicio. Si hay que hacer ajustes, la única forma de saberlo es aplicarla, para ver si se hace un cuello de botella en Hacienda o si las municipalidades no comprenden cómo es el tema de las patentes. Donde hay un incentivo para atraer recursos debería haber un interés.
¿Hay espacio para que convivan las dos actividades?
-Hay hoteles en Estados Unidos que se promocionan como hoteles, pero una cantidad de habitaciones las ponían en Airbnb con tarifas diferenciadas. Funcionaba como “bájeme la tarifa de la habitación, pero yo la arreglo”; es decir, servicios que no estaban incluidos. Como cámara somos radicales en el tema de la formalidad y las empresas que buscamos representar están en esa línea.
¿Y qué falta?
-El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) podría ayudar con el tema de la formalidad. Hubo varios proyectos de ley relacionados no solo con una ley general de turismo que sea más amplia, sino también con el régimen de incentivos porque hay una Ley de Incentivos Turísticos muy vieja, en la que prácticamente los incentivos ya no están vigentes. Hemos estado buscando apoyo en la Asamblea con el diputado Carlos Ricardo Benavides. En este segundo periodo él nos compró la idea porque estando de ministro conoció del tema.
¿Cuáles incentivos tenían que hoy no están vigentes?
-Principalmente era la atracción de inversiones para construir hoteles o centros de hospedaje, entonces se exoneraba de algunos impuestos la importación de materiales, la importación de artículos para menaje y el periodo de aprovechamiento del incentivo era de 10 años. Ya no hay nuevos incentivos, ni para renovar el mobiliario, ni el aire acondicionado, por citar un ejemplo. Hubo un momento en que se generó mucha más inversión en infraestructura turística.
¿Cuáles diputados manejan iniciativas?
-Pedro Muñoz presentó un proyecto de incentivos, Carolina Hidalgo presentó otro y hay otro de incentivos, pero no se le ha entrado a la Ley General de Turismo.
¿También hay que modificarla?
-La ley del ICT es la ley constitutiva del Instituto. No existe en el país una ley general de turismo que hable de regulación, de potestades del ente rector, como por ejemplo lo haría la ley constitutiva de un ministerio. En este caso del Ministerio de Turismo, que es un ministerio sin cartera. El presidente de turno decide si eleva el rango al presidente ejecutivo del ICT como ministro de Turismo. Ya nos acostumbramos a que en los gobiernos, creo que desde don Óscar Arias, les eleven el rango, pero es un ministerio sin cartera.
¿Cómo se puede enmarcar?
-Lo que tenemos con el ICT es un instituto que tiene funciones muy específicas de desarrollo de los destinos turísticos, de promoción internacional, de atracción de líneas áreas y todo eso. De nuevo el ICT lo hace maravillosamente, pero ¿y la parte del control, de la regulación, de los incentivos? Esa también se necesita. Por eso hay que actualizarla. Hay una oportunidad de pasar de una ley de un instituto a una ley general de turismo y con la Comisión de Turismo vamos a ver cómo se trabaja.
EXTRADIRECTO
• Airbnb: Hospedaje no tradicional
• Gustavo Segura: Un aliado del sector privado
• ICT: Institución con un gran potencial
• Incentivos turísticos: Herramienta urgente y necesaria
• Covid-19: Revolución para el turismo mundial
• Prueba PCR: Instrumento de verificación
• Conassif: Necesita sensibilizarse
• Carlos Alvarado: Un presidente ausente
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta
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Miércoles 28 Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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