El Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (Incop), ante un requerimiento de la dirección jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), habría avalado el pago de ¢450 millones a la empresa IMSA (Ingenieros Consultores S.A.).
Esto ocurrió casi de manera inmediata a que Rodolfo Méndez Mata se convirtiera en el jerarca de la cartera. Se trataba de un dinero que IMSA reclamaba al Incop desde hacía dos años y cuyas gestiones habrían sido rechazadas por presuntamente resultar “improcedentes”.
Se dice que la junta directiva del instituto pudo aprobar la petición de pago sin el respectivo criterio de los técnicos y bajo la advertencia de que el dinero debía salir del MOPT y no del Incop.
El pago responde a la licitación LP-0010-2003, relativa a la contratación de servicios de consultoría para complementar el personal de la Unidad de Fiscalización de los Contratos de Concesión de Puerto Caldera.
Sería en los años 2016 y 2017 que la empresa IMNSA presentó ante la administración superior de Incop y del MOPT diferentes cobros por concepto de reajuste de precio y garantía de participación, pero no tuvo éxito hasta el 2018, tiempo en que Méndez Mata asume la cartera.
Así se desprende de una denuncia encabezada por el diputado José María Villalta de la que este medio tiene copia.
Está secundada por los legisladores Welmer Ramos, Patricia Villegas, Dragos Dolanescu y Walter Muñoz.
En el documento, Villalta incluye un esquema que apunta a que el presidente de IMSA sería el primo hermano de Méndez Mata. Hace referencia a Carlos Méndez Navas.
El ministro es hijo de Edwin Méndez Soto y Méndez Navas lo sería de Alcides Méndez Soto, ambos hijos de Pánfilo Méndez Rojas. En el Registro Civil solo es posible confirmar parte de la información debido a los años que han transcurrido y la edad de las personas.
POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES Y VIOLACIÓN AL DEBER DE PROBIDAD
Este grupo de diputados quiere que se investigue si se presentó algún conflicto de intereses o una violación al deber probidad, pero eso es algo que deben determinar las autoridades. La denuncia ya está en manos de la Contraloría General de la República y la Fiscalía.
En el documento elaborado por el despacho del diputado Villalta se incluyen los números de oficio y otra documentación con la que sustentarían la denuncia realizada el pasado 12 de julio.
Cita el dictamen C-153-2008, que se refiere a posibles incompatibilidades que encuentran fundamento en la necesidad de evitar conflictos de intereses y mantener la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
“Olman Elizondo Morales, actual viceministro de Infraestructura, fue supervisor de planos de la Terminal Granelera y es socio en la empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A., y el señor Rodolfo Méndez Mata como Ministro del MOPT, es primo del dueño de IMNSA, por eso podría ser que el pago lo quieren realizar desde el MOPT cuando no le corresponde; un aparente conflicto de intereses se da cuando hay un interés personal implicado que podría hacer pensar razonablemente a los ciudadanos que dicho interés ejerce una influencia indebida en el responsable público, aun cuando, de hecho, no la ejerza o, incluso, cuando de hecho no exista tal influencia”, indica el documento.
En cuanto al deber de probidad, la denuncia señala que la Ley 8422 establece que todo funcionario público debe demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, así como asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a criterios de imparcialidad y transparencia y a los objetivos de la institución orientados a la satisfacción del interés público.
En ese sentido, el funcionario público deberá abstenerse de participar en la toma de aquellas decisiones en las que se pueda dar lugar a un conflicto de intereses, con motivo de su cargo, o bien, relaciones contractuales que puedan poner en riesgo sus deberes y obligaciones como servidor público.
“DON RODOLFO SE APARTÓ AL ENTERARSE DEL CASO”
DIARIO EXTRA contactó a Carlos Méndez Navas, quién reconoció ser primo de Méndez Mata, pero que este último, en todo momento, se apartó y delegó el caso a la Dirección Jurídica.
Aseguró que la gestión para el pago venía de la administración anterior y que la ejecución del acuerdo coincidió con la llegada de su primo a la cartera. Como referencia, citó que hubo una conciliación de la que es testigo y puede dar fe el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
“El Colegio revisó todos los documentos que durante tres años se enviaron al MOPT. Hubo una revisión de todos los pagos y las facturas con la gente del Incop con trabajos por casi 13 años”, manifestó.
Contó que, cuando fueron contratados, hubo una disputa en la Sala Constitucional en cuanto a la concesión de los puertos, luego se resolvió y comenzó la construcción de la terminal granelera, pero empezaron a pedirse cambios y cambios a la obra por parte del Incop y de la Cámara de Graneleros.
Además, suspendieron y reanudaron la obra en al menos dos opor tunidades, es decir, ocurrieron cosas de las que él estima IMSA no era responsable, si no la administración. A eso sumó el cambio de presidentes ejecutivos del Incop y que el MOPT pasó tres años revisando los reclamos. El pago sale del Ministerio porque el instituto alegó falta de recursos.
LOS OFICIOS
Esta es la cronología de hechos que hace la denuncia en cuestión.
La empresa IMNSA presentó el oficio de recordatorio No. OF-IM-2016-102, de fecha 18 de marzo del 2016, reclamando un supuesto reajuste de precios en el monto de ¢503.049.030, además de intereses por ¢93.105.289.
La parte técnica-financiera de Incop indicó, mediante oficio No. CR-INCOP-UTSC-AFC-2016-0016 de fecha 13 de mayo del 2016, que no procedía el reajuste de precios.
Mediante oficio No. CR-INCOP-UTSC-0128-2016, de fecha 12 de agosto del 2016, se le comunicó a la empresa IMNSA que el reclamo por reajuste de precios no procedía.
La empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A., presentó el oficio No. OF-IM-2016-26,8 de fecha 17 de agosto del 2016, por gestión de cobro por sobrecostos incurridos durante la vigencia de la contratación por el desplazo de la fecha de finalización del contrato.
Mediante oficio No. CR-INCOP-UTSC-0135-2016, de fecha 22 de agosto del 2016, se le comunicó a la empresa IMNSA que el reclamo por sobrecostos incurridos durante la vigencia de la contratación por el desplazo de la fecha de finalización del contrato no procede.
La empresa IMNSA presentó el oficio No. OF-IM-2016-309, de fecha 26 de setiembre del 2016, donde presentó un reclamo administrativo por revisión (reajuste) de precios en cuanto al Contrato de Servicios de Consultoría para complementar el personal de la Unidad de Fiscalización de los Contratos de Concesión del Puerto de Caldera entre la firma IMNSA y el MOPT/INCOP.
Mediante oficio No. CR-INCOP-PE-0537-2017, de fecha 12 de julio del 2017, se le comunicó a la empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. que el reclamo por sobrecostos incurridos durante la vigencia de contratación por el desplazo de la fecha de finalización del contrato no procedía.
La Dirección Jurídica del MOPT presentó el oficio No. DAJ-2018- 3605 de fecha 13 de julio del 2018, donde solicitó que el Incop emitiera su autorización de allanamiento, y su respaldo total de actuaciones en cuanto al reconocimiento de los reclamos referidos y en definitiva la situación de reclamo.
La Presidencia Ejecutiva de Incop trasladó a Junta Directiva el oficio No. DAJ-2018-3605 de la Dirección Jurídica del MOPT y se tomó el acuerdo No. 4 Firme donde la Junta Directiva se "Allanaba y respaldaba" lo actuado por el MOPT, en relación con los reclamos gestionados por la empresa IMNSA, debiendo el MOPT hacerse cargo del pago.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto Archivo
EMAIL: [email protected]
Lunes 19 Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA