Aunque la semana anterior los diputados habían aprobado en primer debate una iniciativa para ampliar la moratoria para evitar los desalojos de más de 3.000 familias que habitan en zonas costeras y milla fronteriza del país, ese proyecto se tuvo que desechar, ya que luego se dieron cuenta de un error material que dejaba por fuera a estas personas.
El problema es que el plazo de la última moratoria se vence precisamente este 28 de junio, por ello corrieron para aprobar nuevamente otro proyecto similar, que no tiene dicho error.
Una vez esta iniciativa sea ley, queda sin efecto durante ese periodo el desalojo, demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado.
Según la iniciativa durante la vigencia de la moratoria, el Estado deberá prohibir que se den nuevas ocupaciones en dichas zonas.
Además, se autoriza a las municipalidades, para que apliquen la moratoria y se establece que en estos 48 meses el Estado deberá tomar las medidas óptimas para el ordenamiento de esas zonas.
La diputada Nidia Céspedes del bloque independiente Nueva República ha sido una de las principales impulsoras de la propuesta, al punto que fue gracias a su protesta en el centro del plenario que el Gobierno y otras bancadas prestaron atención a este tema.
LEY DUA
Mientras eso ocurre en una comisión especial creada para ver las necesidades de estas comunidades se discute un proyecto de ley del Gobierno que en principio daría fin a la incertidumbre de las personas que habitan estas tierras, algunas desde hace muchas generaciones.
Ante la ausencia de legislación vigente que permita resolver ese vacío jurídico, se crea el Derecho de Utilidad Ambiental (DUA), el cual será un instrumento jurídico y permitirá gestionar y promover un equilibrio entre los dos derechos en colisión que existe en la actualidad.
Estos lunes dirigentes comunales de la península de Osa aseguraron que el expediente 22.391, es un cascarón, al cual calificaron de acéfalo e inconstitucional.
Así lo expuso Ricardo Madrigal, presidente de Agridet quien explicó que dicho proyecto es inconsulto y se envió a la Asamblea Legislativa antes de ser conocido por las personas afectadas, además del desconocimiento de las realidades de las comunidades.
Denunció que podría beneficiar a empresas transnacionales o empresarios con intereses comerciales, y aseguró que el proyecto no cumple con los objetivos iniciales establecidos en la exposición de motivos.
Por su parte Carlos Villalobos Chavarría directivo Asociación Península de Osa aseguró que el proyecto solo beneficia a las instituciones del Estado y le afecta a pesar de que tienen más de 50 años de habitar en esas tierras.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Martes 29 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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