Derecho de respuesta
Sobre la publicación de Diario Extra, del 29 de octubre de 2020, titulada «Juan Diego Castro denuncia a ex socia», amparada en mi derecho de rectificación y respuesta, artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Declaración de Derecho Humanos, rectifico y respondo la información difundida por este Diario:
El título de la nota es errado. Yo no soy «exsocia». Nunca fui «socia» de Juan Diego Castro, ni de Sara Castellón, ni del bufete Júrisis. Siempre fui trabajadora de ellos. Inicié la relación laboral con Juan Diego, su esposa y su bufete, siendo estudiante de derecho y luego como abogada; caracterizándose mi labor por ser una prestación personal, remunerada y siempre subordinada a las directrices de los demandados Castro y Castellón.
Es falso afirmar que estoy reclamando 423 millones, pues la demanda no ha sido cuantificada. Es calumnioso afirmar que yo alteré documentos, o que me apoderé de información digital, o que monté un fraude o que hice pantomima alguna. Me llaman socia, pero me denuncian por presentar ante un juez laboral correos electrónicos enviados a mi persona, ¿como que algo no tiene sentido? Acusan una extorsión por reclamar un derecho ante un juez laboral, ¿se ve el absurdo? Fui trabajadora -diligente, responsable y ética- por más de 17 años. Hoy día mis derechos laborales han sido vulnerados y ante el raclamo de mis derechos, los demandados en cuestión se “defienden” interponiendo una denuncia falsa, calumniosa y difamatoria. Para verdades el tiempo.
La información divulgada en Diario Extra es tendenciosa y malintencionada, pero, sobre todo, no tiene ningún interés público. El fin perseguido por Juan Diego Castro con su denuncia atenta contra la ética, la moral y el respeto que debería tener cualquier abogado por el sistema y las autoridades judiciales del país. Revelador es que a partir de que yo accioné en los Tribunales Laborales contra Castro Fernández y Castellón Shible, se ha producido por parte de Juan Diego Castro un acoso hacia mi persona, en redes sociales, con la abierta finalidad de denigrarme, a mí, a mis familiares, amigas, amigos y a mis representantes legales.
No caeré en el juego de hacer un show de una situación privada. Rectifico la información divulgada por los demandados y este Diario, pues únicamente sometí un reclamo laboral ante un juez de la República. Mi inteción es el reconocimiento de derechos que me otorga la Constitución y las leyes laborales de este país, como a cualquier habitante. No declinaré, a pesar de las presiones señaladas, de la injuria, la calumnia y la difamación.
Quienes me conocen saben que soy profesional responsable y apegada a la ética, con la entereza suficiente para ver a la cara a cualquier persona, aun cuando ésta busque denigrarme y atacarme. El acoso, los ataques y exposición pública contra quien solo ha acudido ante un juez a plantear un reclamo laboral solamente me confirma la catadura de la contraparte. Mis derechos los defenderé ante los Tribunales de la República, como corresponde, y no en este medio.
San José, 2 de noviembre de 2020
