Personas mayores hoy: derechos que urgen
Catalina Crespo Sancho*
En un contexto como el actual en el que el Covid-19 ubica en la primera línea de riesgo a las personas adultas mayores, son muchos los retos que tiene el Estado para garantizar una protección efectiva para esta población. Pese a ello, en el caso costarricense, ya desde antes de esta pandemia, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos para estas personas ha sido por mucho tiempo débil, intermitente, en ocasiones omiso y casi siempre muy lento. Esto último, pese que, a las personas mayores precisamente por serlo, el tiempo les resulta urgente.
Valga decir que el sistema de Naciones Unidas pone énfasis en el respeto y cumplimiento de los derechos de esta población, la cual crece cada día y tiene una amplia expectativa de seguir aumentando. Según la ONU “(…) para el 2050, en los países desarrollados habrá el doble de personas de edad que de niños, y en los países en desarrollo está previsto que se duplique el número total de personas de edad”. Indica también que, para el 2050, el mundo tendrá 2 mil millones de personas adultas mayores, es decir, poco más del 20% de la población mundial.
Estamos entonces, ante un tema prioritario que en general es tratado como si no lo fuera. En Costa Rica, por ejemplo, si bien tenemos normativa que reconoce los derechos de la población adulta mayor, la Administración Pública tiene fuertes deficiencias para dar cumplimiento a estos derechos mediante la aplicación de la ley; y eso debería cambiar, con especial urgencia ahora que el Covid-19 amenaza tan severamente la vida de esta población.
Al menos en el último año -y también en los anteriores- en la Defensoría de los Habitantes venimos insistiendo en varios temas que subyacen a estas personas. Veamos unos ejemplos: Constante incremento de quejas sobre pensiones del Régimen No Contributivo de Vejez, larga espera para ingresar a la Red de Cuido, ausencia del trato diferenciado para el pleno goce del derecho a la salud de las personas mayores; y retrocesos en la regulación de los centros diurnos y hogares de larga estancia para personas mayores.
Claramente, las características y las necesidades específicas de las personas en la etapa de vejez las ubican en una situación de desigualdad en cuanto al goce del derecho al amparo del Estado en sus diversas formas. Por ello, es necesario que se adopten medidas urgentes en este momento, para que las cuestiones del envejecimiento se comprendan en su verdadera dimensión y sean reforzadas dentro de los planes y estrategias dirigidas al desarrollo y el bienestar de esta población.
Para la Defensoría, en razón de las denuncias que recibimos, se nota una vivencia de los derechos de manera desigual en razón de la vejez. Por eso, como institución nacional de derechos humanos, abogamos una vez más para que el Estado costarricense avance decididamente en solventar las deficiencias detectadas que impiden el goce pleno de sus derechos a las personas adultas mayores. Recordemos que ellos ya dieron lo mejor de su vida y de sus empeños para forjar la sociedad que hoy tenemos; y tengamos en cuenta que el cumplimiento efectivo de sus derechos no es un tema residual ni tampoco optativo; es una obligación e ignorarla o ser indiferente es también una forma de violencia. Porque, finalmente, garantizarles sus derechos y hacerlo con la premura que ello amerita es un asunto de dignidad humana.
*Defensora de los Habitantes de la República
