A escasas dos semanas para que el contrato del Grupo CESA y la empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) concluya, los primeros no quieren tirar la toalla para continuar proveyendo la tecnología actual de 2G y los brazaletes electrónicos para monitorear 1.700 privados de libertad.
Para que el Ministerio de Justicia se deshaga de esta compañía proveedora deberían desembolsar al menos ¢3.000 millones, por lo no sería nada fácil hacer el cambio.
Según Iván Barrantes, vocero de Geosatis y CESA, a entender de su representada hay varias situaciones que no están bien en todo esto y por el contrario parecen turbias.
Por ejemplo, cada año se reunían a firmar la renovación de contrato anual entre CESA y ESPH, pero no ocurrió lo mismo el 20 de diciembre del 2019, en esa ocasión la ampliación fue solo por 5 meses y no hasta enero del 2021, cuando debía darse la licitación internacional para la escogencia de un nuevo proveedor de servicios.
Lo que ocurrió en esa última ocasión a finales del año anterior es que se llamó a CESA para firmar hasta el 23 de mayo del 2020, esto lo justificaron diciendo que existía un órgano director que el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) había interpuesto contra ESPH, a petición de la Contraloría General de la República (CGR), para evaluar la participación sustantiva de la ESPH, es decir para comprobar que ESPH estuviese poniendo el 50% de la inversión.
Sin embargo, el 23 de diciembre del 2019, la ESPH abrió una investigación de mercado para otorgarle a una empresa la mejora tecnológica de 2G a 3G que Justicia le había solicitado.
“El 20 nos llaman a firmar la renovación, pero no lo hacen hasta enero del 2021, cuando sería la licitación internacional, sino que lo hacen por 5 meses, es decir hasta mayo, sin embargo, ya había compadre hablado, pues el 19 de diciembre MJP le pide a ESPH la mejora tecnológica, el 20 ESPH no nos dice nada de lo que habló con el MJP y el 23 de diciembre ESPH saca la investigación de mercado, perdón pero hay algo turbio acá”, señaló Barrantes.
CAMBIO MILLONARIO
Otro aspecto en el que enfatizó el vocero de Geosatis y CESA, es que un cambio de proveedor a estas alturas significaría un costo altísimo.
“Imagínese que cuando las relaciones son ordenadas, formales y limpias todo cambio luce con transparencia, pero acá no, cuando llegue el 23 de mayo se apagan los switch de CESA y tal vez la gente no conoce lo que involucra un cambio de proveedor: Quiere decir que se debe ir uno por uno de los privados de libertad, hasta los 1.700, cambiando los brazaletes, cuyo costo ronda los 1.100 dólares, eso por 1.700 son alrededor de 2 millones de dólares, luego cambiar el software nuevo, que involucraría una suma mayor, pero acá no ha empezado la logística siquiera de cambiar nada de esto que eleva los costos, es decir todo esto podría costar unos ¢3 mil millones en tiempos de pandemia”, acotó.
LICITACIÓN INTERNACIONAL
No obstante, Barrantes siguió sumando argumentos de porqué las cosas en este cambio de proveedor huelen mal, afirma que en la génesis del asunto está el hecho de que la ESPH firmó el contrato con MJP hasta enero del 2021, que es cuando está prevista la licitación internacional.
“Ese contrato no va a ser renovado porque existe una licitación internacional que debería estar en proceso en este momento, la cual no está y es una exigencia a todo nivel desde el presidente, diputados y hasta la CGR, por eso para que el nuevo proveedor asuma en el 2021 esa licitación debería estar otorgada a octubre del 2020, es decir, dentro de cinco meses y hoy por hoy los términos de la licitación ni siquiera están subidos a Sicop, entonces por ahí el asunto huele mal”, comentó Barrantes.
De acuerdo con el vocero, la exministra Marcia González se fue dejando firmado el cambio de proveedor de la tecnología el 19 de diciembre, pero sin argumentación alguna, pues no existe un reporte técnico que justifique el cambio de proveedor como tal.
“Entonces entra un proceso de investigación de mercado, donde en la última semana de enero, la exministra González deja firmado el otorgamiento sospechoso que es elegido a dedo porque no existe un reporte técnico que justifique, ni la mejora tecnológica, ni el cambio de proveedor, ni la elección del proveedor nuevo”, sentenció el vocero.
ESPH
Ante las declaraciones de Barrantes buscamos la versión de la ESPH, pero en la empresa herediana, desde su departamento de prensa son cautos en su actuar y prefirieron no referirse al caso, asimismo señalaron que en su momento lo harán, pues hay aspectos de confidencialidad que se los impide.
“La ESPH, por razones de seguridad operativa y confidencialidad de la información, está impedida de pronunciarse sobre condiciones operativas del sistema de monitoreo; ello corresponde al Ministerio de Justicia y Paz.
En cuanto a los comentarios que realiza la empresa CESA, en el momento oportuno valoraremos un pronunciamiento al respecto”.
Afirmaciones similares emitieron desde el Ministerio de Justicia y Paz, donde señalaron que se referirían al caso en los próximos días.
PERIODISTA: Alexander Méndez
EMAIL: [email protected]
Martes 12 Mayo, 2020
HORA: 12:00 AM
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