70 años…
Fernando Berrocal / ...¿Y usted qué opina?
La Fuerza Pública cumplió 70 años de haber sido fundada y es, por muchísimos méritos y honor acumulados a lo largo de su patriótica existencia, una institución Benemérita de Costa Rica. ¡Felicitaciones!
Pero celebremos con autocrítica constructiva y no con autocomplacencia: En materia de seguridad pública seguimos con los mismos criterios del siglo pasado, basados en una reforma aprobada a fines del gobierno de Daniel Oduber (PLN) que le otorgó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) funciones policiales represivas, diferenciadas funcionalmente de las policiales preventivas propias de la Fuerza Pública.
A la par de esa diferenciación funcional y operativa… existe una dispersión de otras policias creadas por leyes específicas, en diferentes ministerios (la DIS en Presidencia, Tránsito en el MOPT, Control Fiscal en Hacienda, Penitenciaria en Justicia y Gracia, Migratoria en Gobernación…) y más recientemente, múltiples Policías Municipales por la libre, sujetas al arbitrio y jefatura de cada Alcalde.
Tenemos una dispersión de esfuerzos policiales preventivos, sin efectiva articulación formal e institucional. No hay ninguna coordinación obligada por ley, ni una visión integradora y funcional de cúpula que potencie y aumente una acción conjunta preventiva más eficiente que genere resultados positivos multiplicadores en seguridad ciudadana y nacional, en todos los frentes.
No importa que institucional y presupuestariamente esas policías sigan diferenciadas y ello no implique la creación de una única Policía Nacional, pero sí necesitamos un Sistema Policial de Seguridad Ciudadana que sea funcional, coordinado, articulado y que garantice una efectiva profesionalización en la Escuela Nacional de Policía y mejores salarios para nuestros policías de base.
El OIJ, como policía represiva, ha logrado niveles de profesionalización y de técnicas forenses de investigación propias del primer mundo. Pero en materia policial preventiva, somos un archipiélago de islas con demasiados caciques y una tropa descoordinada para combatir y ganarle batallas a la criminalidad.
Es hora de que al Ministerio de Seguridad y a la Fuerza Pública se les dé por ley la autoridad suficiente, funcional y operativa sobre las otras policías preventivas, estableciendo las instancias correspondientes de mando, articulación y coordinación para la protección de la ciudadanía y sus bienes.
Hace seis años presenté a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en ese entonces presidida por un candidato presidencial fallido, un proyecto de reforma integral a la Ley General de Policía para crear ese Sistema Policial de Seguridad Ciudadana y consolidar el papel rector del Ministerio de Seguridad Pública y establecer instancias vinculantes de coordinación, articulación operacional y mando entre la Fuerza Pública y las otras policías ministeriales y municipales, así como el necesario y urgente control de las empresas privadas de seguridad. Reiteré esa tesis al ministro Soto el pasado diciembre.
Seguimos sin modificar las leyes y sin una política pública integral en seguridad. Estamos perdiendo, todos los días, la fundamental batalla contra la violencia, la criminalidad y el narcotráfico, satisfechos con mediocres e insignificantes ajustes en las estadísticas oficiales sobre violencia, criminalidad y seguridad.
¿Hasta cuándo?
