Diario Extra - 'Sala IV cercena derecho de los diputados'

Walter Muñoz, jefe de fracción del Partido Integración Nacional (PIN), prepara una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para demostrar lo que considera un vicio de procedimiento en el voto de los magistrados de la Sala IV, el cual terminó de avalar la votación del proyecto en el plenario.

Muñoz insiste en que jurídicamente el tema no ha concluido y que si bien es cierto hablamos de una ley, cree que se debe dejar en evidencia la actuación de los magistrados constitucionales.

¿Cómo analiza el voto de la Sala IV que avaló el plan fiscal?

-Es un tema que jurídicamente nadie ha analizado y que no va a quedar ahí. Ese voto se debe leer y analizar qué pasó. Sabemos que los magistrados vetaron una consulta de los diputados que tenía que ver con el procedimiento del proyecto, a pesar de que era obvio que había errores en el proceso. Recordemos que la Corte Plena decide ante una consulta del proyecto, que el plan sí toca la organización y funcionamiento del Poder Judicial y se ocupaban 38 votos para que pasara. Luego ante eso cinco magistrados de la Sala IV dicen que hubo un vicio de procedimiento ante esa consulta.

¿Es decir, la consulta que los diputados hicieron a la Corte Plena estuvo viciada?

-Eso dice la Sala IV. Me di a la tarea de revisar a cuántas instituciones se les hicieron consultas de ese proyecto y en total fueron 167, pero curiosamente solo una de ellas estuvo viciada, por eso hablo de ley mordaza, porque al alegar un vicio de procedimiento que está establecido por ley lo que hizo fue quitarle esa facultad al legislador. Pero lo más grave es que hay cientos de proyectos que han sido consultados a la Corte Plena, entonces todos tendrían vicio de procedimiento. Con ese argumento se define que no se modifica la organización del Poder Judicial y se le quita el requisito de los 38 votos al proyecto. Es decir, eso fue un voto complaciente para el poder político, para algunos juristas fue hasta vergonzoso.

¿Qué hará ante este panorama?

-Vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad para que sea otro tribunal el que revise lo que hicieron estos cinco magistrados porque ese fallo creo será único en la historia y tanta lucha que se hizo en la calle no puede terminar ahí.

¿Cuál tribunal sería porque las acciones de inconstitucionalidad las ve la Sala IV?

-Debe ser resuelta por otros magistrados que no sean los mismos que resolvieron el proyecto fiscal. Recordemos que 15 de los 22 magistrados dijeron que se necesitaban 38 votos y 2 que era inadmisible, entonces la pregunta es si de 22 solo 5 son los que están convencidos de esto. Si no hay respuesta, lo llevaremos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque necesito defender la legalidad del legislador que actúa a derecho al consultar a la Corte Plena. Por eso creo que este tema jurídico no ha terminado, sino que apenas empieza, porque si en una próxima consulta los magistrados constitucionales dicen que sí procede, estaríamos ante un escenario de inseguridad jurídica.

¿Vale la pena, si ya el proyecto es ley y entró en vigencia?

-Para nosotros el tema es un asunto jurídico y además se tendrá que dilucidar la forma de actuar de estos magistrados y ver si hay un tema de prevaricato. El reclamo es como diputado. ¿Por qué razón se censuró una consulta que fue voluntaria por parte de la Asamblea? Estamos de acuerdo en que había un acuerdo político para ese fallo, pero jurídicamente hay que desenmascararlo.

En otros temas, usted impulsa un proyecto de control de precios a las medicinas ¿Qué busca ahí?

-Pretendemos que exista una oficina de control de precios en el Ministerio de Economía para que revise el precio mundial de las medicinas porque el precio de fabricación es muy distinto al de comercialización y muchas veces el precio lo fijan en un país que es paraíso fiscal. El problema es que no hay una ley que diga que el porcentaje de ganancias de la venta de los medicamentos se distribuya entre el productor, el distribuidor y el comercializador. Hay que darle un margen a cada uno de ellos y que el consumidor no pague todo. Por eso se ocupa fijar un precio mundial, porque una tableta que cuesta $1 afuera, aquí vale $10. Es decir, aquí cualquier farmacia puede cobrar lo que quiera porque hay libre mercado, por eso buscamos establecer un margen de ganancia.

Si el precio está por la libre, ¿por qué una farmacia no baja los precios y hace el gran negocio?

-Porque los dueños de las farmacias prácticamente todos son los mismos, entonces ponen un precio de mercado no bajo. Por eso el proyecto establece que el Ministerio de Economía en una tabla ponga el precio a cada medicamento que incluya el margen de ganancia y quien no cumpla tendría multas. También buscamos disminuir el contrabando con esto. Solo en el 2018 hubo más de 10.000 casos de contrabando de medicamentos que vienen de la frontera.

Usted también impulsa la regionalización del empleo. ¿Qué significa eso?

-Costa Rica con los 82 cantones tiene el problema de la migración, que se ha dado en las últimas tres décadas por gente que vive en zonas rurales del país y no encuentra trabajo ahí porque todo se concentra en el Valle Central. Esto crea problemas de vivienda, económicos y de concentración de más gente en ciertos cantones. La regionalización del empleo es lo que puede generar riqueza porque los nuevos pobres del país son los desempleados.

Si la empresa privada es la que genera empleo y muchos cantones, principalmente rurales, tienen problemas para competir, ¿cómo hacer que las empresas se instalen en esos lugares?

-Vamos por el emprendedurismo. Lograr que en un cantón la microempresa se desarrolle es lo que los países más avanzados han logrado. Hay cantones ricos en producción, pero no les queda nada. La gente tiene que entender que deben ser empleadores y no empleados, y la única forma es facilitarles un préstamo con capacitación y asesoramiento para que desarrollen algo.

Denuncia que el gobierno no incluye proyectos para la reactivación económica.

-Así es. Con la misma urgencia que se aprobó el plan fiscal queremos los proyectos que tanto mencionaron para reactivar la economía. La evasión y elusión fiscal, el contrabando y la informalidad que nos tiene consumidos son temas que se deben discutir con prontitud. Como PIN no tenemos acercamiento con la Presidencia de la República y cuestionamos el papel que está jugando el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, donde no vemos diálogo ni negociación. Al presidente Alvarado no lo veo desde el mes de mayo, pero es tarea además del ministro Piza acercarse a las fracciones para crear una agenda de consenso para este año y eso no se ha dado.

Hay varias iniciativas para controlar los intereses de tarjetas de crédito. ¿Cómo camina eso?

-En eso estamos unidos varios diputados porque no solo trabajamos sobre los intereses, sino con la gente que está morosa y ver cómo ayudarle. Pensamos en el costo de vida, de si la gente con lo que gana hoy le alcanza y el problema es que una gran cantidad de la población ha tenido que usar la tarjeta de crédito como un segundo salario, que es de plástico y no es real. Hay un abuso en los intereses que ha hecho a mucha gente quebrar. Son cambios que queremos tengan un impacto en la familia costarricense, sobre todo en la clase media.

¿Hay un roce entre usted y la diputada Zoila Volio luego de que ella votara a favor el plan fiscal?

-Somos políticamente maduros para entender que la gente puede tomar una decisión distinta a la que fijó el partido. Pretendemos mantener la fracción durante estos cuatro años y ver en qué temas vamos a estar de acuerdo con la ideología del partido.

Pero los acompaña doña Zoila en esa hoja de ruta, la que marca el PIN.

-Tenemos en el partido un grupo de gente que viene desde hace muchos años y otro que se incorporó recientemente. Prueba de ello es que Erick (Rodríguez) se separa por orden de Juan Diego Castro. Me parece que ella viene de trabajar con las cámaras de comercio y su voto pudo estar influenciado por esa razón.

¿Tuvo que pedir perdón por unas declaraciones que ella hizo contra Albino Vargas?

-Sí y lo hubiera hecho por cualquiera, hasta por el presidente de la República. Me parece que el estilo del partido no es el de Juan Diego Castro, de atacar y ofender a nadie a título personal. Yo ataco las ideas y planteamientos, no a las personas, pero mi relación con ella (Zoila Volio) se mantiene bien.

¿Propone modificar la junta directiva de la CCSS?

-El problema de la Caja es administrativo y debe ser compartida con los usuarios, que son los dueños de la institución. Antes tenía en esquema de 4-3, igual que los bancos. Se decidió ampliar para dar cabida a los sindicatos, solidaristas y cooperativistas, pero esos no son los dueños de la Caja, entonces en la medida que no se entienda que los asegurados deben tener una participación mayoritaria, con participación de los sectores y no del gobierno. La lucha de la Caja por el tema del financiamiento no cambiará si no cambia la administración.

Si el problema es claro, ¿cuál es el negocio?

-El negocio de la Caja está en que los servicios que da no sean eficientes para que los servicios privados sigan arriba. Durante mucho tiempo los enemigos de la Caja han estado ahí adentro. Segundo, si los medicamentos de la Caja la gente no los termina y los almacena, entonces se venden más y más medicamentos. Si usted tiene camas hospitalarias llenas de diabéticos para ser amputados es porque no fueron atendidos en el primer ni en el segundo nivel. Un millón de colones vale la atención de un paciente por día en un hospital y la Caja no hace prevención.

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PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta