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Sucesos

Proyecto de Extradición no contempla pena de muerte

Acuerdo internacional no protege a ticos, solo extranjeros

El convenio internacional de extradición no permite entregar extranjeros en casos de pena de muerte

El expediente Nº.23.701, que presentó la fracción oficialista y se discute en la corriente legislativa, pretende modificar el artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales.

El objetivo es que dicho artículo quede de la siguiente manera: “Artículo 32- Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.

Sin embargo, es importante detallar que dicha propuesta de reforma a la Carta Magna no estipula salvedades en estos casos y, según la diputada Pilar Cisneros, por parte del gobierno eso se tendría que regular tras la aprobación.

“El proyecto que presentamos es para cambiar la Constitución Política, de manera que se permita la extradición de nacionales y eso después habría que reglamentarlo con una ley”, declaró a DIARIO EXTRA.

De acuerdo con Cisneros, una vez se apruebe la reforma, se buscaría aprobar otra ley.

“La idea de esa ley es que si esa persona va a ser extraditada a otro país no se le puede aplicar ni cadena perpetua ni pena de muerte porque son castigos que no existen en este país.

Bajo esa condición se podría dar la deportación para que cumplan sus penas en otros países si se dedican al terrorismo, al crimen organizado o al narcotráfico, pero sin aplicar ni la pena de muerte ni cadena perpetua”, detalló.

Por su parte, El Periódico del Pueblo consultó a Luis Alonso Salazar, abogado constitucionalista, para conocer su opinión sobre este proyecto de reforma constitucional.

El experto explicó que lo primero que se debería discutir es “si nosotros como país queremos entrar en esa dinámica y si estamos dispuestos a soportar que otros países como los Estados Unidos nos impongan este tipo de condiciones, que en el fondo son una renuncia a la soberanía y a la ciudadanía de los costarricenses.

Perfectamente pueden ser juzgados en Costa Rica. Digo esto porque, en relación con los extranjeros, no hay ningún problema en otorgar la extradición pasiva cuando cualquier país del mundo con el que tengamos convenio de extradición lo requiera”, explicó el experto.

Además, detalló que esto es muy peligroso porque posibilita que a cualquier costarricense se le siga una causa en los Estados Unidos y que “estando aquí, en Costa Rica, con su familia, donde nació, en su país, simplemente se le expulse y se les lance a los tentáculos de la justicia norteamericana y tenga que responder allá”.

 

SE DEBEN CUMPLIR DOS REQUISITOS

 

En relación con el tema de la pena de muerte, generalmente todos los convenios y la propia ley de extradición establecen que no se puede extraditar no solo a nacionales, sino también a ciudadanos de cualquier país cuando no se cumple con dos requisitos.

“El primero es que el delito por el cual se le está requiriendo en el estado requiriente tiene que ser delito también en Costa Rica. Eso es lo que se llama la doble imputación.

O sea, si a mí me acusan de un delito en el exterior, para que Costa Rica conceda la extradición, de acuerdo con la ley de extradición, esa conducta también tiene que ser delito en Costa Rica”, explicó.

Asimismo, aclaró que actualmente se puede extraditar a cualquier extranjero, siempre y cuando el país que lo requiera tenga convenio con Costa Rica.

“La segunda condición casualmente que establece la extradición es que justamente las penas inhumanas, los tratos degradantes no son admitidos en la legislación internacional.

Por ejemplo, cuando un país como Costa Rica, que no tiene pena de muerte, es requerido para que entregue a una persona para ser juzgada en otro país tiene que existir una garantía de parte del país requiriente que no aplicará la pena de muerte porque es una pena que no existe en Costa Rica”, detalló.

Al mismo tiempo expresó que frente al panorama antes mencionado no podría una persona extraditada ser condenada a pena de muerte en el exterior, esto bajo el tratado de extradición.

 

PROPUESTA NO REFLEJA CIFRAS

 

De acuerdo con el departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el proyecto de reforma constitucional presenta una vinculación tangencial y poco precisa para el alcance de la Agenda 2030, presente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

“Lo anterior por cuanto sus pretensiones se podrían enmarcar en la meta de fortalecer las instituciones nacionales pertinentes para que cuenten con la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, al habilitar la extradición de personas costarricenses decretada por los Tribunales de la República por casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo”, se lee en el informe técnico.

Agrega que, así como la viabilidad de la iniciativa debe determinarla el respectivo análisis jurídico, esta carece de sustento al no indicar al menos cuántas solicitudes de extradición contra costarricenses acusados de esos delitos se han presentado en los últimos años.

“Con el fin de realizar una estimación sobre el impacto real, la necesidad y la justificación técnica que tendría una modificación de nuestra Carta Magna de esa naturaleza para el combate del crimen organizado”, señala el reporte de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos.

PERIODISTA: Wilmer Madrigal

CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval

EMAIL: [email protected]

Sábado 18 Mayo, 2024

HORA: 12:00 AM

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