La huelga indefinida de los empleados del sector público contra el proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas suma su segunda declaratoria de ilegalidad en menos de 72 días.
El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José declaró ilegal el movimiento que promovió el sector sindical en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
La resolución No.1846-2017 se emitió a la 1:36 p.m. del lunes 24 de setiembre y la dictó la jueza Sofía Sancho Valerín.
De acuerdo con el pronunciamiento de la funcionaria, no se cumplió con los requisitos establecidos en la Reforma Procesal Laboral.
La jueza consideró que la huelga es contra las políticas públicas lideradas por el Poder Ejecutivo y están protegidas contra la libertad sindical delimitada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo manifestó que la justificación que da la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) no se satisfizo a cabalidad.
“Es claro que al tratarse de una huelga nacional, este requisito se vuelve un poco más complejo, pero no hace a la huelga imposible, tal y como alega el sindicato, argumento que se limita a manifestar, pero que tampoco presenta prueba alguna que lo respalde”, indicó Sancho Valerín en su resolución.
Uno de los puntos que argumentó es que no es la mayoría de trabajadores del Mivah la que apoya el movimiento de huelga.
RECHAZO
La reacción de la ilegalidad del movimiento tuvo sus reacciones de inmediato y una de ellas fue de rechazo.
Rafael Mora, directivo nacional de ANEP y responsable político de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), dijo que formalmente no recibieron ninguna notificación.
Aseguró que el fallo reconoce que el movimiento es una huelga contra las políticas públicas que no están reguladas en la legislación costarricense, aunque sí por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
“Entendemos la presión que hay en los tribunales para que se falle en todo caso esta huelga en forma ilegal y entendemos que el requisito que indica la jueza es que no se cumple con el porcentaje mínimo del Código de Trabajo.
Estamos ante regulaciones que no están en el marco jurídico laboral del ordenamiento jurídico de Costa Rica, pero que están reconocidas ante la OIT”, agregó.
De acuerdo con Mora, se procederá con la apelación correspondiente sobre la resolución de esta iniciativa.
Mientras que Irene Campos, ministra de Vivienda, hizo un llamado a la conciliación y al diálogo social.
Calificó de histórico el momento que enfrenta Costa Rica para evaluar el proceso de situación fiscal y se proceda con la discusión correspondiente.
“Esta resolución es un hecho importante”, manifestó la funcionaria.
El Juzgado de Trabajo condenó al sindicato a pagar ¢1 millón por concepto de costas.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Martes 25 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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