Los diputados frenteamplistas Edgardo Araya y Patricia Mora junto a Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentaron una coadyuvancia en apoyo a la acción de inconstitucionalidad que pretende traerse abajo la aprobación de dos pluses salariales que beneficiaron a 46 funcionarios del Poder Judicial y significaron el pago de ¢488 millones en 2016.
Tal como lo informó DIARIO EXTRA, desde el 21 de abril existe una acción de inconstitucionalidad presentada por los jueces Silvia Elena Arce y Armando Elizondo a la que se adiciona esta acción legal de los legisladores.
La aprobación de los pluses para estos funcionarios se dio entre 2008 y 2010, y según estimaciones del Frente Amplio (FA) a la fecha han representado gastos de fondos públicos por ¢1.300 millones.
“Estos pluses reflejan desproporcionalidad, trato desigual y uso abusivo de fondos públicos, benefician a un pequeño grupo del Poder Judicial, perjudican la hacienda pública y afectan negativamente a todas las personas que debemos financiar estos privilegios con impuestos directos e indirectos”, comentó Araya, diputado y candidato presidencial del FA.
Mientras que Mora calificó como una “vergüenza” lo que ocurre en el Poder Judicial, en el contexto del déficit fiscal que atraviesa el país y las críticas que se ciernen sobre los empleados públicos.
“Hay un sector de miembros de la Corte Plena que están más para servirse a sí mismos que para atender las necesidades de la administración de la justicia penal, civil, laboral, agraria y constitucional de este país”, comentó Solís en su momento.
CONSULTA A PROCURADURÍA DE LA ÉTICA
Precisamente el lunes, en la comparecencia del presidente de la Corte, el magistrado Carlos Chinchilla, la diputada del PAC, Marcela Guerrero, dijo que en este tema Chinchilla votó a favor del incentivo y cuestionó si estas acciones van en contra de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El magistrado insistió en que hicieron la consulta a la Procuraduría de la Ética y la respuesta fue que no existió ninguna falta ética, además que el acuerdo no tenía roces constitucionales.
No obstante, Guerrero dijo que realizará de forma personal una nueva consulta para tener claridad sobre el tema.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 16 Junio, 2017
HORA: 12:00 AM
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