Vice difunde porno en celular oficial
EDITORIAL
“El deber de probidad de la persona funcionaria pública es un deber tanto ético como una exigencia legal”.
Denuncia Ofic21-05-UPIEG-2019, Ministerio de Justicia.
Durante la Administración de la expresidenta Laura Chinchilla, entre 2010 y 2014, ocurrió uno de los escándalos de connotación tanto sexual como política más grande de los últimos años.
Quién no recuerda el famoso video erótico que dio la vuelta al país entero, y se dice que también al mundo, de la viceministra de Cultura de ese periodo, Karina Bolaños, enviado a un sujeto que al parecer era su pareja sentimental.
La noticia se tornó más impactante cuando trascendió que su exesposo, un diputado de gobierno, había sido denunciado en varias ocasiones por Bolaños.
Tras salir a la luz pública que la funcionaria había grabado el video en la cama de un hotel de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, justo cuando iba como representante del país a la Quinta Conferencia sobre la Prevención del VIH, la revelación desató consecuencias graves en el Gobierno.
Chinchilla le pidió a la jerarca que por favor abandonara su cargo en razón de un abuso al haber utilizado el celular institucional para transmitir tales datos, y más cuando estaba en una misión oficial.
Por supuesto que entonces se desataron todas las opiniones a favor y en contra de la decisión de la mandataria, aun cuando ciertamente Bolaños dimitió.
¿Y por qué recordamos este episodio? Pues porque DIARIO EXTRA difundió este jueves una noticia sobre el viceministro de Justicia y Paz, el joven Fabián Solano, a quien denunciaron por usar el celular de la entidad para enviar videos de alto contenido sexual a una compañera.
La denuncia según la ofendida ha sido disminuida e invisibilizada por la ministra Marcia González, que tiene conocimiento de los hechos desde hace un mes aproximadamente, según revela el documento en que consta la acción, en poder de este medio.
Sobradas razones tienen en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), liderada por Albino Vargas y que protege a la funcionaria, quien además es la jefa de la Unidad de Género de ese ministerio, de pedir explicaciones a la jerarca, pues los perpetuos silencios acostumbrados en esta Administración cuando un empleado público de cierto rango “mete las patas” son muy peligrosos.
¿Y por qué peligrosos? La respuesta es clara: si los jefes de las entidades pretenden tapar a sus subalternos cuando cometen anomalías en el ejercicio de sus funciones, se genera un acto de corrupción.
Un trabajador público que vea lesionados sus derechos por acciones de un superior o que, en razón de su puesto, conozca anomalías acaecidas en perjuicio de la entidad para la cual labora debe, sí o sí, denunciar, pues de lo contrario estaría encubriéndolo.
Y un jerarca en grado de ministro, como pasa en el caso de Marcia González, que conoce ya acerca de lo sucedido de boca del propio viceministro, hizo bien en abrir un procedimiento interno, pues en esta falta se utilizó un bien público, pero además se vulneró a una mujer que se desempeña como funcionaria.
Las acciones tardías que señala la ANEP de parte de González Aguiluz en la cabeza del Ministerio de Justicia resultan incongruentes, pues al mismo tiempo que manda a los medios de prensa un comunicado con detalles sobre la nueva directriz que restringe el uso de imágenes de mujeres en los centros penales, el proceso en la instancia legal de la entidad camina a paso de tortuga.
En otras palabras, los privados de libertad no podrán colocar en ninguna parte del centro penitenciario fotos, pósteres u otras imágenes que aludan a las féminas y menos si están desnudas o llevan escasas prendas, alegando que son formas de violencia contra las mujeres y se promueve en dicha cartera la búsqueda de una nueva masculinidad.
Pero extrañamente la disconformidad de una colaboradora suya ha sido minimizada y, peor aún, fue retardada por el propio funcionario señalado, como muestra de un abuso de su poder.
Lo anterior sucedió cuando Solano le dice a su compañera que no emprenda acción alguna hasta tanto él no comunique a la señora González.
Y le reitera Solano Fernández que si bien admite se trató de un grave error lo acontecido y habló con la ministra de una sanción de suspensión, en realidad para él eso no era de recibo.
No obstante, el viceministro sí está fuera de sus labores, pues se supo está incapacitado desde hace varios días.
Queda un sinsabor, ojalá no haya un claro favorecimiento, pero ante todo estas acciones desestimulan a los trabajadores honestos del Estado a que denuncien hechos irregulares.
¿Cómo pretendemos en este país mitigar la corrupción institucional si en las mismas instancias donde detentan el poder hay quienes se tapan con la misma cobija y dejan a los afectados de hechos reprochables “como burro amarrado contra tigre suelto”?
Esperemos que la funcionaria de este ministerio no resulte vulnerada ni mucho menos, más ahora que DIARIO EXTRA dio a conocer la denuncia.
