Desde el pasado 8 de setiembre, la resolución R-DC-00079-2023 definió que Marta Acosta, contralora de la República, y el subcontralor Bernal Aragón tengan un salario superior a los 5 millones de colones. En el caso de la contralora, su sueldo es de ¢5.740.000 y en el de Aragón de ¢5.423.713, con lo que ganan incluso más que el mismo Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República.
Una resolución firmada por la contralora y el subcontralor declaró que las personas funcionarias de la Contraloría General de la República (CGR), “sin excepción alguna” sirven “al cumplimiento de las funciones exclusivas y excluyentes encargadas por el legislador constitucional” a la institución.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica solicitó un historial de los salarios devengados por Marta Acosta desde 2015 a la fecha, en que existen registros por un sueldo de hasta ¢6.144.525.00 en 2020, e incluso el mismo monto por concepto de salario escolar y aguinaldo.
Para 2023, de enero a la fecha, la contralora de la República devenga un salario de ¢5.740.000, mientras que el del presidente de la República es inferior, de ¢5.565.000, y esto llegó a oídos del Ministerio de Planificación (Mideplán)
El tema incluso estaría generando roncha entre los diputados, a quienes ya se les habría copiado la carta de Mideplán, incluido el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.
¿FORMULACIÓN ILEGAL?
Por lo tanto, DIARIO EXTRA contactó a Laura Fernández, ministra de Planificación, quien se refirió al asunto: “Mideplán, como rector del empleo público, se encuentra realizando permanentes esfuerzos para implementar la Ley Marco de Empleo Público de la mejor manera posible. Habilitamos una Plataforma Integrada de Empleo Público (sitio donde por transparencia y para que el que quiera tenga acceso a información de los salarios globales del sector público), ahí estamos colgando todos los salarios de las instituciones que forman parte de la rectoría del Mideplán y también los de aquellas fuera de nuestra rectoría”, indicó.
“La CGR declaró todos sus puestos de trabajo excluidos de nuestra rectoría, cuando los íbamos a subir a la plataforma, nos dimos cuenta que habían formulado ilegalmente sus salarios globales, irrespetando la Ley 9635 y fijando para el cargo de contralor(-a) un salario significativamente mayor al del Presidente de la República a sabiendas de que la ley lo prohíbe expresamente. Ante esa situación enviamos una nota a la CGR con copia a la Asamblea indicando que respetuosos de su autonomía, detectamos esa ilegalidad y les hacíamos un llamado a revisar y corregir esa situación. Nos contestaron que iban a enmendar el error, lo que supone que hagan el ejercicio nuevamente con salarios más bajos”, agregó Fernández.
OBLIGAN A REVISAR SUS PROPIAS NORMAS
DIARIO EXTRA consultó a Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, quien confirmó la información: “Ciertamente hay una situación de que la Contraloría aumentó, en la lógica del mar de los salarios globales, el salario máximo autorizado es 20 salarios base, a saber, el más alto es el Presidente de la República, sin embargo, en la reglamentación que hizo la Contraloría, pues el salario de la señora quedó por encima y el de muchos otros funcionarios, por lo que Mideplán alertó esta situación, doña Laura Fernández, lo cual obligó a la Contraloría a revisar sus propias normas”, externó.
El abogado constitucionalista Fernando Zamora se refirió al tema indicando lo siguiente: “Es claro que, de acuerdo a la Ley Marco de Empleo Público, los jerarcas están imposibilitados de superar el salario presidencial. Entiendo que quienes, al momento de la publicación de la ley, disfrutaban de salarios superiores a ese monto, están alegando irretroactividad de la norma por derecho adquirido, pero en esas circunstancias habría que valorar muy bien cada caso concreto alegado para determinar si aplica el principio constitucional invocado”, aseguró.
¿QUÉ DICE LA CONTRALORÍA?
La Contraloría General de la República indicó que el salario de Acosta no se modifica desde 2020.
Argumentaron que no se ha dado un alza, y que más bien se produjo una baja de casi un millón de colones, tras la entrada en vigencia de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
A criterio de la institución, el salario está a derecho. Aseguran que la remuneración resulta mayor a la del presidente Chaves porque esto ya era históricamente así (ver cuadro adjunto).
No se baja porque tanto la Ley 9635 como la de Empleo Público señalan que no es posible cambiar los derechos adquiridos de los trabajadores, incluida la contralora. Textualmente, establece que los salarios anteriores no se afectan.
Sobre la nota enviada por Mideplán a los legisladores, esta no es conocida por parte del órgano contralor. De momento, el tema se limita a una discusión técnica, según manifestaron.
SUSTENTADO EN ESTUDIO TÉCNICO
Agregaron que, a diferencia de otras entidades públicas, la Contraloría emitió el 8 de setiembre del presente año su escala de salarios globales definitivos, para lo cual resultaba indispensable la emisión de un nuevo índice salarial.
“La resolución que sustenta dicho salario, suscrita por la señora Contralora General, fue emitida con sustento en un estudio técnico, el cual contiene la metodología de fijación salarial, elaborado por la Gerencia de la División de Gestión de Apoyo, así como por las Jefaturas de las Unidades de Gestión del Potencial Humano y Jurídica Interna”, destacaron.
Recalcan que el análisis recomienda mantener el salario único como salario global definitivo, lo cual significa que dicho índice no representó aumento salarial para ningún servidor o servidora de la Contraloría General, incluyendo la contralora general de la República.
AJUSTE EN TRÁMITE
“El salario global definitivo que contiene el índice para el puesto específico de Contralor o Contralora General de la República, presenta una diferencia con respecto al salario del Presidente, lo cual es producto de que ni la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, ni la Dirección General de Servicio Civil informaron a esta Contraloría General el monto de dicho salario.
Esta situación fue así notificada a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica mediante oficio 14673 de 18 de octubre último; oficio en el cual se indicó igualmente que procederemos a realizar el ajuste correspondiente, lo cual se encuentra en trámite”, comunicaron.
EN SU DEFENSA
El oficio al que hacer referencia la Contraloría dice textualmente: “Sobre el particular, nos permitimos aclarar que consultado nuestro sistema de gestión documental, el oficio N° MH-STAP-ACDO-0358-2023 de 21 de marzo del año en curso, suscrito por la señora Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, mediante el cual se infiere, se comunicó el Acuerdo N° 13517 adoptado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Extraordinaria N° 02-2023, celebrada el día 21 de marzo de 2023”.
Agrega que en este: “Se estableció el salario global de los puestos indicados en el artículo 37 de la Ley Marco de Empleo Público, entre ellos, el del Presidente de la República, fijado en ¢5.565.000 (cinco millones quinientos sesenta y cinco mil colones exactos), a diferencia de lo manifestado en su memorial, nunca fue hecho del conocimiento de este órgano contralor. Consecuentemente, dicho dato no fue considerado al momento de la fijación de la escala salarial global de la Contraloría General de la República”.
PASA POR EL OJO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
El ajuste en la escala de salarios afectará a quien ocupe en el futuro el puesto de Contralor General de la República, porque si bien la Ley Marco de Empleo Público establece que: “El salario del presidente de la República será el salario más alto de la Administración Pública” (artículo 30), la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dispone “el respeto de los derechos adquiridos”, reafirmaron.
“Es importante indicar que el presupuesto ordinario de la Contraloría se remite al Ministerio de Hacienda para su debida tramitación, luego llega a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación, siendo estas instancias de control administrativo y político para el presupuesto y sus partidas y programas”, puntualizaron.
