La Sala Constitucional giró la orden al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de reestablecer el servicio telefónico básico y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de dar internet a la localidad de La Pavona en el cantón de Turrubares.
Bajo el expediente 23-005621-0007-CO se declaró con lugar el recurso tras comprobar que el ICE faltó en su deber de prestar un suministro de calidad y continuo.
“El recurrente aduce que el objeto de este amparo es la protección de los derechos de los habitantes de la zona de La Pavona, Carara, Turrubares y San José, quienes han sufrido afectaciones en el servicio de internet y telefonía, por más de 10 años, brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad”, indica la resolución.
También señala que “se ha comprobado que la infraestructura utilizada por el ICE no es adecuada para cubrir las necesidades de la zona en la parte de telefonía móvil, ya que la velocidad máxima que se puede obtener en la zona es de hasta 1.5 Mbps, lo que ha generado durante muchos años que la población esté aislada de las nuevas tecnologías de la información”.
Ante esta situación, la Sala Constitucional “ordena a Andrea Vargas León, en su condición de coordinadora de la Agencia Integrada de Jacó del Instituto Costarricense de Electricidad, o a quien en su lugar ocupe el cargo que, dentro del ámbito de sus competencias, coordine y disponga lo necesario para que, dentro del plazo máximo de 12 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, reestablezca el servicio telefónico básico tradicional en la zona de La Pavona”.
No obstante, el ICE no fue la única entidad implicada en esta situación, pues Sutel salió rascando, como se dice popularmente, por el hecho de que la comunidad no cuenta con conexión a internet.
“Asimismo, se orden a Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine y disponga todas las actuaciones que se encuentre dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de 24 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde a la comunidad de La Pavona, cantón Turrubares, el servicio de internet”, afirmó la Sala.
En caso de que las partes no cumplan con lo solicitado se expondrán a severas sanciones como tres meses de prisión o entre 20 y 60 días de multa.
Además, ambas instituciones deberán pagar los daños por este tiempo que la localidad sufrió afectaciones.
“Se condena al Instituto Costarricense de Electricidad y a la Superintendencia de Telecomunicaciones al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, concluyó la resolución.
PERIODISTA: Wender Ramirez
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Miércoles 06 de Septiembre, 2023
HORA: 12:00 AM
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