Un proyecto que pretende bajar el marchamo hasta un 60% podría tener roces de constitucionalidad.
Así lo advirtió Melina Ajoy, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en una comisión especial que analizó la disminución del impuesto.
Cabe recordar que los legisladores aprobaron reducciones progresivas del impuesto que van del 20% al 60% respecto al año anterior (ver recuadro).
Los más beneficiados serían los vehículos particulares con valor fiscal de hasta ¢3 millones, los cuales percibirían una disminución del 60% en el cobro.
JURISPRUDIENCIA
No obstante, Ajoy considera que el texto, que fue avalado en comisión y pasará a manos de los 57 diputados, violenta el artículo 179 de la Constitución Política.
Dicho artículo indica que la Asamblea Legislativa no podrá “aumentar” los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República (CGR).
En simple, la socialcristiana sostiene que no se pueden aprobar leyes que “reduzcan” los ingresos fiscales sin decir, en la misma ley, cómo se van a suplir.
Por otra parte, afirma que la disminución es ilegal porque se violenta la Ley 8131 (Administración Financiera y Presupuestos Públicos).
El artículo 66 de dicha ley señala que “todos los ingresos que perciba el Gobierno, cualquiera que sea la fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional” y los recursos recaudados financiarán total o parcialmente el presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución del gasto.
Asimismo, se establece que “La Tesorería Nacional girará los recursos a los órganos y entes, de conformidad con sus necesidades financieras según se establezca en la programación presupuestaria anual”, lo cual estaría desfinanciando programas ya concretos por el Estado.
“Si usted asigna un total de la recaudación a un elemento determinado, es inconstitucional por un principio de caja única (…) El país está gastando más de lo que tiene. (Este proyecto) hace un hueco fiscal de más de ¢65.000 millones. ¿De dónde van a agarrar recursos? Muchos porcentajes van para carreteras”, dijo Ajoy.
“En efecto, el proyecto aprobado por el PLP-FA-PLN en la comisión de marchamos podría ser considerado inconstitucional y ser contradictorio con respecto al resto de la normativa, ya que todo proyecto de ley que se presenta a la Asamblea Legislativa que provoque un hueco fiscal debe reflejar el componente de compensación”, añadió.
SALA
Ajoy y diputados del PUSC, Nueva República y afines a Casa Presidencial no descartan llevar el texto ante Sala Constitucional.
En caso de ser así, la discusión podría atrasarse al menos un mes, lo cual, dependiendo de la resolución de los magistrados de la República, podría tener consecuencias en la rebaja (o no) del marchamo, ya que la respuesta de la Sala IV podría entrar al filo de la navaja respecto a plazos de cobro del marchamo.
HUECO
A la tesis de Ajoy y legisladores de Gobierno se suma el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien sostiene que reducir el impuesto afectará directamente las arcas del Estado y decrecería la inversión del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de carreteras.
Incluso, la semana anterior el ministro dijo que no tienen recursos para la atención y mantenimiento de vías.
Conavi requiere como mínimo ¢10.000 millones para la atención de carreteras.
“La reducción que este proyecto promete en el pago del marchamo el resto de los costarricenses van a tener que pagarla a través de otro mecanismo para hacerle frente a lo que presupuestariamente está comprometido el Estado costarricense”, secundó el oficialista Daniel Vargas.
Por otra parte, Acosta señala que se pone en peligro la emisión de eurobonos y metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
CARO
Costa Rica tiene uno de los impuestos al marchamo más caros de la región.
En Panamá el monto del marchamo es de $29 por año, independientemente del año y el valor del vehículo, y aunque para cancelar el impuesto el propietario tiene previamente que pagar un seguro obligatorio, hacer la revisión y pagar $1 en el municipio donde reside, el costo final es muchísimo más bajo que en nuestro país.
En Nicaragua el monto oscila entre $3 y $5, mientras que en Honduras, donde se paga según el cilindraje, un carro menor de 2.500 cc paga $55 y por encima de ese cilindraje cancela $101.
El texto de reducción pasará a manos de los 57 legisladores.
EJEMPLOS
Si se aprueba la propuesta por parte de los diputados, estos son algunos ejemplos de reducciones.
• Vehículo de ¢1 millón tendría una reducción de ¢17.670 en pago de marchamo.
• Vehículo de ¢3 millones tendría una reducción de ¢52.370 en pago de marchamo.
• Vehículo de ¢5 millones tendría una reducción de ¢ 96.845 en pago de marchamo.
• Vehículo de ¢7 millones tendría una reducción de ¢131.845 en pago de marchamo.
• Vehículo de ¢10 millones tendría una reducción de ¢174.345 en pago de marchamo.
• Vehículo de ¢15 millones tendría una reducción de ¢221.845 en pago de marchamo.
• Vehículo de ¢20 millones tendría una reducción de ¢236.845 en pago de marchamo.
• Vehículo de ¢25 millones tendría una reducción de ¢236.845 en pago de marchamo.
• Vehículo de ¢30 millones tendría una reducción de ¢236.845 en pago de marchamo.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
EMAIL: [email protected]
Lunes 14 de Agosto, 2023
HORA: 12:00 AM
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