El Estado de derecho debe respetarse
Felipe Guadamuz Flores
El principio de inocencia y debido proceso conforman dos ángulos fundamentales en el Estado de derecho y su existencia en ningún momento implica no actuar ni investigar las posibles o aparentes anomalías que se den en la sociedad. El Poder Judicial de un país es el oasis donde las personas depositan su confianza para que profesionales en derecho resuelvan los casos y controversias, y si el órgano persecutor de un estado se encuentra adscrito al Poder Judicial, es para evitar abusos como los cometidos por el Poder Ejecutivo. Por ende, la obligación de un fiscal general es investigar delitos y si bien hay un principio de objetividad que lo obliga a reconocer cuando no exista un delito y no perseguirlo, ello no implica que la alcahuetería deba ser la regla.
El principio de objetividad del Ministerio Público lo que busca es no perseguir penalmente a las personas a diestra y siniestra, al menos que haya suficientes indicios de haberse cometido un delito, esto implica tener la visión y criterio para saber qué perseguir y qué no, sin embargo cuando hay de por medio dinero captado del público, miembros del Congreso y del Poder Ejecutivo involucrados, así como créditos de dudosa procedencia, el Ministerio Público debe investigar estos hechos y no quedarse, como lo dijo la fiscal general interina, con carátulas en los expedientes nada más.
Quien opta por la función pública sabe muy bien que está sacrificando muchas de sus libertades con el fin de servir al público y parte de ese servicio implica dar rapidez a los casos presentados; esto no supone elevar cada caso a juicio, pero sí por lo menos tomar en cuenta todos los elementos para realizar una investigación que proteja los bienes jurídicos que aparentan estar en riesgo. En otras palabras, hay ciertos valores que como sociedad tenemos y queremos que se respeten, como el desempeño de una función pública eficiente, transparente, eficaz, honesta; otorgamiento de préstamos con las debidas garantías, ya que es el dinero de los ahorrantes el que está de por medio y, sobre todo, una función proba de los funcionarios públicos y oficiales electos, lo cual implica actuar en apego a la verdad y sin imparcialidad e investigar los indicios, pues para eso se le paga un salario al fiscal general, no para calentar la silla.
Hay algo que debe quedar claro, el dinero de préstamos bancarios a empresas que no lleven a cabo bien el giro de sus negocios debe resarcirse porque no tenemos por qué ser los ahorrantes quienes financiemos los suntuosos estilos de vida de quienes de otra manera no podrían llevar la vida de ricos y famosos que pretenden si no es con el dinero de los ahorrantes, pues se necesita tener muy poca habilidad en los negocios, o ser un cínico, para buscar obtener un crédito que no se pretenda pagar. Si bien puede ser que el Tribunal Penal de Hacienda determine que no hay delito, es evidente que sí ha habido una falta a la moralidad y esto no puede dejarse pasar por alto.
Si los involucrados creen que por no existir delito o porque algún habilidoso abogado pueda llevar a duda a los jueces y con ello se les dé un sobreseimiento a los imputados, ello no implica que la sociedad civil, los particulares, no puedan demandar a estas personas y, en nombre de la colectividad, solicitar el embargo de todos los bienes de aquellos beneficiados con la operación crediticia en asunto, pues está de por medio un interés difuso que no solo atañe a los ahorrantes del banco sino a los ciudadanos en general.
La otra pregunta que hay que hacerse es por qué la insistencia de ciertos miembros del gobierno de destituir a la junta directiva del banco, estableciendo así una responsabilidad conjunta de sus directivos, cuando la responsabilidad debe ser individual. El beneficio inmediato ha sido que ciertos miembros no fueran despedidos, por lo que este actuar por parte del Poder Ejecutivo, lejos de beneficiar, más bien entorpeció las cosas. No se puede decir si lo hizo de manera consciente o por simple impericia o negligencia, pero el resultado al final ha sido el mismo: no puede llevarse a cabo el procedimiento administrativo para establecer quiénes realmente fueron responsables de lo ocurrido.
Los miembros de la junta directiva destituidos de manera ilegal y que no fueron responsables o que consideren que no lo son deben acudir ante los tribunales y demandar al gobierno y a los involucrados porque el acto del Poder Ejecutivo da la impresión de ser ilegal, y de ser así, todos aquellos que tomaron la decisión de sustituir a los directivos deben responder con su patrimonio por los eventuales daños y perjuicios que pudieran haber causado.
Queda claro que este caso se enturbia cada vez más y nuevas cosas salen a relucir. El actuar del gobierno ha dejado mucho que desear porque se habría esperado que así como se vanagloriaba en campaña de su transparencia y entereza, así mismo hubiese actuado en el caso del cemento chino. En vez de inmiscuirse en los asuntos internos del banco, Casa Presidencial debió analizar cómo se dio la apertura del mercado del cemento, pues el préstamo dado fue con base en una modificación a un reglamento del Poder Ejecutivo que en consecuencia generó un cambio en un reglamento a lo interno del banco, por lo que, como ya se ha dicho hasta el cansancio, el frío no está en las cobijas y por eso da la impresión que todo el sainete de exigirles la renuncia a los directivos de la entidad bancaria, los cuales, dicho sea de paso, hicieron caso omiso a la exigencia antojadiza de Casa Presidencial, es una cortina de humo para no revelar qué está ocurriendo realmente en el tema del famoso “Cementazo”. Si tenemos un Ejecutivo inoperante, al menos con una nueva fiscal general las cosas parecieran que mejorarán.
