Zarella Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Jorge Chavarría, fiscal general de la República; Francisco Segura, director del Organismo de Investigación Judicial, y Alejandro Rojas, jefe interino de la Defensa Pública, en una conferencia de prensa explicaron que el Poder Judicial quedaría en cuidados intensivos.
Villanueva enfatizó que las mociones 113, 20-C y 27, que los diputados manejan y que competen a los recortes al Poder Judicial, son una amenaza que afecta las tareas de la institución, pues se vería perjudicada la partida de Alimentos y bebidas, que incluye a las personas detenidas que dejarían de recibir alimentos, cuyo rubro alcanza los ¢4.749 millones.
También afectaría al programa de víctimas y testigos, el hospedaje, los traslados, las investigaciones, la vigilancia, la limpieza y el mantenimiento de los edificios. Además hay contratos donde a falta de dinero se tendrán que pagar millonarias indemnizaciones y el recorte del rubro Telecomunicaciones e intangibles alcanza los ¢1.182 millones.
Villanueva entiende que el país enfrenta una situación difícil, que hay un cambio en la situación política, un acomodamiento, y mantiene la fe en que haya una razonabilidad, acuerdo y diálogo.
De la misma manera dijo que con los 185 contratos de alquiler y la carencia de 50 mil metros cuadrados deben alquilar en Cartago, donde los funcionarios trabajan en un cuarto de pilas.
Ni que decir de Siquirres, donde el Juzgado de Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias está a la orilla de un río que no solo se sale sino que la gente va a fumar droga y el dueño del inmueble ni siquiera tiene el interés de que se queden ahí.
Todo esto ocurre con el presupuesto actual, ahora con el recorte es muy sensible la situación, agregó la magistrada.
Igual criterio emitió el fiscal Jorge Chavarría, quien aseguró que algunos grupos locales operan como una organización y ni que decir de los que lo hacen a nivel internacional, ¿entonces cómo se les enfrentaria?
El director del OIJ no ocultó su preocupación al externar que se afectaría la granja de servidores informáticos, donde se almacena el expediente criminal, la información sensible de las investigaciones, la vestimenta, los chalecos, la ropa especial para escenas de crimen, incluso los vehículos, que ya ni los repuestos podrán comprarse para un carro usado, menos para renovar flotas.
Por último Alejandro Rojas, jefe de la Defensa Pública, dijo que hoy operan con un 50% en la cobertura de las pensiones alimentarias, apenas tienen 82 defensores cuando deberían contar con el doble. Manejan un 8% del presupuesto del Poder Judicial y con los recortes perderían hasta ¢1.500 millones, viéndose afectadas hasta 31 plazas solo en esa dependencia.
La pelota se halla del lado de los legisladores y por lo visto el Poder Judicial está pa'l tigre.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Jueves 09 Octubre, 2014
HORA: 12:00 AM
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