Cada quien sabe bien cuánto dinero recibió

Editorial

El Gobierno anterior vendió la idea del bono Proteger como salvación económica de las familias que vieron sus bolsillos golpeados por la pandemia de Covid-19.
La propuesta, si bien muy loable, resultó muy mal encausada pues, cuando estaba en manos de dicha Administración hacerlo de la mejor manera, salió un arroz con mango por el cual el Estado perdió un montón de plata.
Aunque parezca inaudito, de una buena intención terminó saliendo un gazapo. Primero, porque quedó demostrado el desorden que hubo en el proceso y luego porque salieron a la luz personas aprovechadas que pidieron el bono sin tener necesidad esto porque por ejemplo lo solicitaron algunos empleados públicos, que no sufrieron reducción de jornada ni mucho menos despido.
Apenas lo denunciaron, a algunos les dio vergüenza y se acercaron a devolver dinero que habían pedido y no les tocaba. Sin embargo, 88 de ellos se hicieron de oídos sordos y estas son las horas en que no han soltado ni un colón de lo obtenido sin necesitarlo, por lo que no queda más que abrirles un proceso.
Y es que eso no se vale, ni aunque fuera poquita plata, porque a como está el país cada cinco podría hacer la diferencia. En el caso de estos 88 funcionarios, deben ¢11, 7 millones del bono Proteger.
Ante la falta de anuencia a desprenderse del dinero, no quedará más que obligar a las 9 instituciones donde laboran a pasar por la pena de abrir los procesos disciplinarios, a ver si acaso dicha plata vuelve a las arcas del Estado.
Lo único que puede rescatarse es que inicialmente había 1.309 funcionarios públicos con fondos del bono Proteger y ahora solo quedan 88 por devolver la plata, podríamos esperar que quizá en estos días más de ellos se acerquen por lo menos a dar una explicación.
Por eso, el pueblo en general se sintió satisfecho con la iniciativa del actual Poder Ejecutivo, el cual les anunció a los empleados públicos que recibieron este dinero que tienen un mes para devolverlo.
Y es que haciendo cálculos no son 5 pesos lo que se dejaron, sino nada más y nada menos que ¢490 millones, así que quienes se compraron cosas con este bono o se fueron a pasear posiblemente hoy en día se estarán arrepintiendo.
Muchos pensarán que no es tanto el dinero que se dejó cada uno, sin embargo, no podemos pasar por alto que pudo servir para dárselo a personas que realmente la estaban pasando mal.
Esperemos que la conciencia y la prudencia se hagan presentes en estos funcionarios públicos que recibieron el bono sin merecerlo o, peor aún, hasta sin necesitarlo, porque, como todos sabemos, ellos no fueron parte del sector afectado.
Muchos podrán tratar de escudarse en que su familia sí tuvo perjuicio, pero vale dejar claro que solo tenían permitido pedirlo quienes sufrieron rebajo de jornada o fueron despedidos, pero únicamente cada quien, a título personal, no sus familiares, menos si trabajan para el Estado.
Se torna muy lamentable pensar que con este dinero mal entregado pudo haberse ayudado a casi 4 mil familias más, porque también de buena fuente conocemos casos en que, a pesar de que todos los miembros de un núcleo familiar se quedaron sin trabajo o les rebajaron sus jornadas, no recibieron un solo cinco.
Los recursos del Estado no se pueden manejar como si no fueran de nadie, alguien debería hacerse responsable y no solo tirarse la bola o esperar a que algunos se dignen a tener vergüenza para devolver el dinero que no les correspondía.