Mujeres pobres por una mejor calidad de vida

Opinión

Según un estudio de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Costa Rica “el acceso de las minorías vulnerables a la financiación es inferior al del ciudadano costarricense promedio… La falta de garantías, menos historial crediticio, asimetría de información y la discriminación se encuentran entre las principales imperfecciones financieras que enfrentan estas poblaciones”.

Y entre esas minorías aparecen las mujeres en condición de pobreza, sin posibilidades de asumir emprendimientos productivos ante las escasas o nulas oportunidades de trabajo o impedimentos normativos para acceder al crédito, entre otros.

Paralelo a esas imperfecciones financieras, ante las nulas posibilidades de empleo, y sin pretender herir susceptibilidades, algunas féminas recurren a la pasajera unión libre para asegurarse un techo o alimentación, casi siempre con retoños incluidos, acrecentándose los indicadores de pobreza o extrema.

Por eso cae hoy como anillo al dedo el dictamen afirmativo de la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, al expediente 22 327 “Reforma al artículo 9 de la Ley 7769 del 24 de abril de 1998, atención a las mujeres en condición de pobreza y sus reformas”, que esperamos reciba el voto mayoritario del pleno.

Pretende este proyecto autorizar al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que, como institución pública destinada a la lucha contra la pobreza o en coordinación con otras entidades de derecho público, suscriba un contrato de fideicomiso con cualquiera de los bancos comerciales del Estado, el Banco Internacional de Costa Rica, S. A. o con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con recursos propios, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares o donaciones de instituciones públicas, entes privados o entes internacionales, a fin de establecer mecanismos ágiles de apoyo a las actividades e iniciativas microempresariales que beneficien a las mujeres y las familias en condiciones de pobreza, como un medio para lograr la inserción laboral y productiva y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias.

La propuesta dictaminada permitirá mecanismos orientados a otorgar financiamiento reembolsable y no reembolsable para organizaciones y actividades productivas de mujeres y familias en situación de pobreza.

Los beneficiarios de esta reforma deberán estar registrados en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), cuya información a los bancos no debería entregarse en su totalidad como medida de protección al tratamiento de los datos personales de estas familias.

Cabe advertir que este proceso debe realizarse con clara transparencia para el eficiente uso de los recursos públicos y no se preste a “botín político” o de “amiguismo” en las comunidades.

Y a la vez que, en esos recintos de atención comunal, lejos de obstaculizar con la tramitología burocrática, se les facilite su atención para que estas emprendedoras, una vez aprobada y firmada la ley, arranquen lo más pronto posible con sus proyectos productivos.

Hoy ya no habrá excusa para apoyar un emprendimiento de una mujer pobre deseosa de integrarse al sistema productivo nacional, dignamente, en pos de una mejor calidad de vida familiar.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Sábado 14 Agosto, 2021

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Fabio Vega