Denunciantes son los malos de la película

Editorial

El deber de cualquier funcionario público es denunciar cuando alguna actuación es contraria a la ley, mientras se presentan las pruebas que demuestran la veracidad de lo denunciado.

En los últimos meses hemos visto cómo estos denunciantes, en lugar de ser los héroes, se convierten en los villanos de la película e incluso en la piedra en el zapato de aquellos mandos medios que son permisivos.

Si bien es cierto existe un principio que cobija a cualquier ciudadano, el de presunción de inocencia, es lamentable cómo todavía existen entidades y mandos medios que buscan poner la mordaza a como dé lugar para que estos funcionarios callen o dejen de ser un estorbo que les impida actuar al margen de la ley.

DIARIO EXTRA como diario del pueblo ha recibido denuncias con su respectiva documentación sobre presuntas irregularidades en instituciones como el Consejo de Transporte Público (CTP), el Centro Nacional de la Música (CNM) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Los denunciantes saben que cada vez que acuden a instituciones como la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público para denunciar van bajo su propia responsabilidad porque cualquier mentira podría ser penada con prisión.

Lamentablemente se evidencia cómo se actúa contra los funcionarios que no se callan nada y denuncian presuntas anomalías, pero en lugar de esto se inventan excusas para iniciar procedimientos administrativos contra ellos en represalia.

En dos de los tres casos, el CTP y el TSE específicamente, los mandos medios ordenaron abrir procedimientos administrativos de despido solo por acudir a El Periódico de Más Venta en Costa Rica y exponer las denuncias penales que estas instituciones tapan para continuar haciendo festines.

Los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas sobre su accionar y el de las entidades. ¿O es que deben callar ante las sinvergüenzadas de sus superiores?

Si las autoridades están tranquilas y desacreditan las denuncias, ¿por qué quieren deshacerse de esos colaboradores? ¿Acaso les estorban para que no tengan la posibilidad de acceder a información valiosa de las instituciones, como cualquier ciudadano que tiene derecho a conocer los detalles más importantes?

En el caso del CNM hay algo aún más grave, un proceso disciplinario sumamente delicado contra la persona que hizo 11 denuncias ante la CGR con su respectiva documentación y que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) optaran por eximir de responsabilidad a los implicados en el asunto, dando la impresión de que protegen a alguien.

Al final serán las autoridades judiciales quienes determinen cuál es la verdad de los hechos, pero todo parece indicar que en las instituciones públicas los funcionarios callan por temor al rechazo y que los mandos miedos los vean como enemigos cuando en realidad los enemigos son aquellos que actúan contrario a la ley. Cualquier funcionario público que tenga pruebas de que su superior o institución actúa al margen de la ley debe hacer lo que le corresponde, de lo contrario se convierte en cómplice de estos atropellos, que ya de por sí tienen manchada la credibilidad y la honorabilidad de las instituciones estatales.

Cada colón cuenta y es importante proceder a fiscalizar. Si bien es cierto en cada historia siempre hay dos o más versiones, lo correcto es que al final sean las autoridades quienes hagan conciencia y determinen si el accionar se apega a la ley o no, y que esa absolución no sea por amiguismo, como lamentablemente ocurre en nuestro país.

Los villanos de la película terminan siendo aquellos valientes que aportan documentación y denuncian lo que consideran atropellos institucionales.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Miércoles 14 Julio, 2021

HORA: 12:00 AM