La Cámara de Industrias de Costa Rica reiteró la urgente necesidad de enfocar al país en esfuerzos para reactivar la economía y aumentar las inversiones que permitan revertir la caída en la producción nacional, agravada por la pandemia del Covid-19 y la crisis fiscal.
“Es preocupante que la Asamblea Legislativa llegue a aprobar el denominado “Acuerdo de Escazú” que presenta inconstitucionalidades, tanto en su regulación general como en su articulado y además genera inseguridad jurídica y una pésima señal para el sector productivo, que es el principal actor para la reactivación económica y la generación de empleo que tanto necesita el país”, señaló Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
Para los industriales, su participación en múltiples programas para incrementar la competitividad del sector productivo con un menor impacto en el ambiente y procesos voluntarios de descarbonización son muestra de que están a favor de la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible, pero no pueden permitir la aprobación de leyes con vicios de inconstitucionalidad y que vayan en contra de la generación de empleo.
Uno de los principales señalamientos es que se invierte la carga de la prueba, es decir, si alguien es acusado de una falta ambiental, debe probar que no está haciendo el daño.
“De esta manera, el acusador simplemente afirma algo y la empresa tiene que demostrar que no está incurriendo en la falta o el daño ambiental, desestimando la presunción de inocencia garantizada en la Constitución de la República”, dijo Egloff.
De igual modo, cree que podría derivar en la paralización de la producción o inversión de cualquier empresa. “Se compromete al Estado a darle al acusador medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño, deteniendo la producción de una empresa o proyecto en construcción y afectando la inversión”, agregó el presidente de los industriales.
Además, contravendría la regla según la cual los actos administrativos deben ser emitidos a partir de la ciencia y la técnica, dado que establece una serie de enunciados que una vez puestos en práctica implicarían la sujeción de actos administrativos (toma de decisiones ambientales) a valoraciones políticas e ideológicas por encima de las normas de orden técnico o científicas, según los empresarios.
El criterio de los industriales es compartido por la Unión de Cámaras (Uccaep), la cual asegura que el acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica.
“El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países, pero nadie del gobierno lo consultó de previo a la firma. El proyecto de ley nunca fue puesto en consulta por la Asamblea Legislativa al sector productivo, ni a nivel de Comisión, ni en el Plenario. Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, precisó José Álvaro Jenkins.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos. Archivo
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Jueves 22 Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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