La junta directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) abrirá una investigación por presuntas irregularidades en nombramientos y manejos financieros dentro de la institución.
Johnny Araya, alcalde de San José y presidente de la UNGL, confirmó a DIARIO EXTRA que se efectuará una auditoría externa para determinar la situación actual de la organización municipal a nivel administrativo, legal y financiero.
En las últimas semanas circuló a lo interno de la organización un anónimo que contiene fuertes acusaciones por el manejo histórico de la entidad durante muchísimos años.
Entre las acusaciones que se efectuaron destacan aparentes nombramientos a dedo, sin cumplir con los requisitos, relaciones laborales ocultas por medio de la figura de contratos “por servicios profesionales” con el fin de evitar pagar cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
NOMBRAMIENTOS
Algunos de esos nombramientos corresponderían supuestamente a personas allegadas a Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, vínculos dentro del Partido Liberación Nacional (PLN) o vecinos del cantón de Atenas.
Cabe señalar que Jorge Cruz, esposo de Karen Porras, fue candidato a la alcaldía por el PLN en el cantón de Atenas en las últimas elecciones municipales que se llevaron a cabo el 2 de febrero.
Al respecto, Araya dijo que la auditoría externa no se hará contra ninguna persona en particular, sino para determinar cuál es el estado actual de la casa.
El presidente de la UNGL señaló que dependiendo de lo que determine esa inspección, se procedería a la solicitud de apertura de investigación contra quien se involucre responsable.
“No lo conozco, pero sí he escuchado que hay un anónimo y precisamente para que el tema sea manejado y no darle largas, lo que queremos es que no sea por la vía del chisme, por la vía del rumor, sino que podamos hacer un estudio serio y objetivo de cuál es el desempeño que ha tenido la UNGL.
Vamos a verificar todo este tipo de situaciones que es lo que queremos y que es el acuerdo que se tomó en junta directiva sugerido desde la primera sesión, antes que empezaran a circular muchas cosas”, expuso.
Consultado sobre si se solicitará la separación de Porras en el proceso de auditoría externa mientras se desarrollen las investigaciones, manifestó que no debido a que el proceso no iniciaría con nadie involucrado.
SE DEFIENDE
Por medio de la oficina de comunicación, la Unión de Gobiernos Locales se defendió y aseguró que cada una de las contrataciones se realizaron apegadas a la ley.
De la lista que anda circulando en el anónimo, señalaron que solo Angie López y Marcela Villegas laboran en la institución por servicios profesionales.
En el caso de López, se desempeña como encargada de comunicación de la Dirección Ejecutiva y devenga un salario mensual por ¢850.000.
En tanto, Villegas laboró como secretaria de la Dirección de Incidencia Política desde junio de 2018 y recibe un salario mensual por ¢440.000.
“Todas las contrataciones por servicios profesionales y de planilla de esta institución cumplen con los requerimientos establecidos por el proceso de contratación administrativa e incluso, en el caso de los servicios profesionales, esto involucra un concurso externo en el que se selecciona a la persona que cumpla con los requisitos del cartel específico”, señalaron en la UNGL.
Sobre los cuestionamientos a raíz de los nombramientos realizados en la entidad, argumentaron que son un ente responsable que cumple con los requerimientos de ley auditados por la Contraloría General de la República.
Enfatizaron que el órgano municipal contrata personal competente para atender las necesidades que surgen en las municipalidades y acorde con sus atestados, no por rasgos políticos.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Lunes 07 Septiembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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