Representantes del Poder Judicial encararon este lunes en sesión ordinaria de la Corte Plena al Ministerio de Hacienda, dirigido por Elián Villegas Valverde, por los recortes al presupuesto de la institución.
Rodrigo Campos Hidalgo, director jurídico a.i. de la Corte, señaló que la propuesta de la cartera de recortar ¢5.000 millones no solo carece de estudio técnico, sino que afectará profundamente las finanzas del Poder Judicial.
El Consejo Superior de dicha institución había recomendado un recorte únicamente de ¢2.500 millones, máxime si se tomaba en cuenta que ya habían recortado ¢1.600 millones.
Así las cosas, según Campos, incorporando ¢2.500 millones, que no habían sido previstos por el Consejo Superior, se estaría afectando los programas institucionales
“Se desconoce de dónde o cuál es el estudio técnico o con qué fundamento se adopta esta decisión de estos ¢2.500 millones adicionales. Es una decisión unilateral que adopta el Ministerio de Hacienda que tendrá una serie de impacto a los órganos del Poder Judicial”, argumentan los representantes judiciales.
De hecho, según Campos, en un inicio Hacienda partió del supuesto de que el Poder Judicial contaba con los ¢22 mil millones con los que empezó el año, lo que evidentemente no es así.
RECURSOS COMPROMETIDOS
Similar a lo expuesto por Campos, Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, señaló que los recortes realizados por Hacienda a la institución se alejan de la técnica presupuestaria.
Indicó que en Hacienda parece que desconocen que hay recursos comprometidos y órdenes de compra con proveedores.
Ante la consulta del órgano colegiado, Emilia Navas Aparicio, fiscala general, dijo que no quería hacer ninguna observación del presupuesto hasta tener el estudio técnico al respecto.
Eso sí, puso de manifiesto su preocupación por los recortes. “Externar una preocupación que sé que es compartida en el sentido de que con este presupuesto reducido va a ser imposible realizar todas nuestras tareas. En esta gestión hemos tratado de no tener que escoger entre todas las víctimas, entre todas las tareas entre todas las oficinas, para atender todo, pero nos están llevando al límite para tener que tomar decisiones tristes pero drásticas para ver a qué le damos prioridad”.
Una opinión similar manifestó Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Para el OIJ evidentemente el recorte presupuestario es una preocupación, no solo porque nos puede poner en una situación interna difícil, sino porque podemos afectar y trasladar una situación muy difícil para la población. Nosotros hemos sido absolutamente amplios para operar con normalidad, este último recorte afecta rubro de salarios, pago de horas extra, sustituciones, suplencias, adquisición de bienes, gastos al exterior, capacitaciones comprometidas”.
Espinoza comentó que ellos habían indicado solo recortar ¢155 millones, tomando en cuenta que ya habían trasladado ¢700 millones para colaborar con los gastos de la pandemia ocasionada por el Covid-19.
Añadió que los responsables de los recortes no tienen ni la más leve noción de cómo opera la policía.
Citó por ejemplo que, en cuanto a gastos al exterior, no se refiere a viajes, sino a extradiciones, y en cuanto a comunicaciones, no es para pagar celulares, sino equipos. También se verá afectado la adquisición de reactivos para los análisis de ADN, balística, entre otros rubros.
Tras el análisis en la Corte Plena, los magistrados determinaron que el recorte al presupuesto afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial por lo que se requería mayoría calificada en el Plenario legislativo, es decir, 38 votos.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Martes 21 Julio, 2020
HORA: 12:00 AM
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