La polémica en torno a la aplicación de las tobilleras electrónicas por parte del Ministerio de Justicia y Paz llegó este lunes hasta los magistrados de la Sala Constitucional.
Floria Segreda, diputada del Partido Restauración Nacional (PRN), presentó un recurso de amparo contra dicha cartera y su jerarca Marcia González por haberse al parecer negado a brindar información sobre los dispositivos de seguridad.
Según Segreda desde el pasado 17 de junio solicitó información al Ministerio sobre los dispositivos y a la fecha no ha recibido respuesta.
En específico envió una carta a la ministra pidiendo cuentas sobre la colocación de aparatos electrónicos para privados de libertad. En la misiva solicitó un informe detallado sobre el uso de mecanismos de seguimiento y las razones por las que el Instituto de Criminología no está́ realizando los estudios previos a los que la ley le obliga para conceder el beneficio.
También pidió el reporte, que el artículo 11 de la Ley 9.271 establece como obligación de ese instituto con el propósito de evaluar anualmente este beneficio.
Cuestionó que se distribuyan tobilleras sin un plan integral de apoyo para el beneficiario y las víctimas.
“Por su silencio, por desatender nuestra solicitud y sobre todo por no aclarar las dudas que tienen los costarricenses sobre cómo se ejecuta el programa, estoy procediendo a presentar un recurso de amparo”, denunció la congresista.
“No niego que los brazaletes puedan ser una medida alternativa y válida, pero los ciudadanos merecemos que se ofrezcan condiciones mínimas de seguridad y eso pasa, en primera instancia, porque los beneficiarios sean evaluados previamente y se aseguren de cumplir con todos los protocolos necesarios”.
Cabe señalar que en 2017 entró en vigencia el uso de tobilleras electrónicas para una ejecución condicional de la pena, con el propósito de descongestionar las cárceles y dar una segunda oportunidad a aquellos que, según el tribunal correspondiente, sean aptos para cumplir la condena mediante el control de un dispositivo.
A la fecha hay más de 1.500 beneficiados, cifra que crece cerca de un 10% todos los meses, sin embargo para la congresista han quedado en deuda con dicha materia.
“Mantenerlos debidamente monitoreados es una tarea que tanto el Ministerio de Justicia y Paz como la empresa contratada para brindar el servicio han sido incapaces de ejecutar como corresponde y algunos de los beneficiarios han violentado los equipos dispositivos”, añadió.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Martes 17 Septiembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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