“La verdad se explica por sí misma”
DERECHO DE RESPUESTA
Esteban Ramírez Bioley*
Con respecto a los artículos publicados en el Diario Extra, versión digital el día 29 de agosto, el día 30 de agosto y el día 1 de setiembre firmados por el periodista Greivin Granados, titulados “Autobusera trafica choferes venezolanos”, “Choferes hacinados en condiciones inhumanas” y “Autobusera acusada por trata incumple pagos salariales” en tiempo, forma y plazo, en nombre de mi representada el suscrito se permite aclarar en los siguientes términos:
El sujeto que dio declaraciones al Diario Extra llamado Alejandro Moizan James fue despedido de la empresa Magasoso en el año 2018 por 7 colisiones y constantes faltantes de dinero y de la empresa Transplusa en el 2019 por constantes faltantes de dinero que llegaron a sumar ¢1.582.000,00.
Esta persona nunca ha trabajado para la Empresa Cesmag.
Un total de 24 ciudadanos de origen venezolano llegaron al país en 2 grupos entre enero y febrero del 2018, de los cuales aún quedan trabajando solo 4: 1 en la empresa Cesmag, 1 en la empresa Autotransporte Zapote y 2 en la empresa Transplusa.
Las personas que vinieron al país para trabajar como choferes lo hicieron por gestiones del señor Romer Cruces, también de origen venezolano, ante un serio faltante de choferes costarricenses y aplicando el estatus de permisos de trabajo para refugiados venezolanos. A los cuales se les pagaba el salario de ley y las cargas sociales respectivas, como a cualquier trabajador de nuestras empresas. Los trabajadores venezolanos tienen desde el primer día en Costa Rica contacto con sus familias y amigos, pues pudieron comprar teléfonos celulares y acceso a redes sociales. Asimismo, ingresan y salen de las instalaciones o vivienda temporal para realizar sus funciones, conocer el país o compras personales en supermercados y tiendas, tema de lo que existen muchos testigos.
La Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, luego de un estudio realizado en octubre del 2018, emitió el informe INF-010-JNL en donde descartó la existencia de cualquier irregularidad con respecto a:
1- Pago de tiquetes de vuelo de los trabajadores y el reintegro de su valor a la empresa.
2- Que los trabajadores tenían claras las condiciones de trabajo antes de venir a Costa Rica.
3- Correcto uso de los servicios sanitarios en las terminales y rutas.
4- Que pueden hacer uso de los servicios sanitarios para necesidades fisiológicas sin problemas.
5- Que los trabajadores cuentan con licencia apropiada para operar un autobús.
6- Que libre y voluntariamente alquilan un lugar de alojamiento habitable, decente y apropiado con baños, sanitarios, camas, comedores y demás facilidades para dichos efectos.
Dicho informe indica textualmente: “Se determinó que si es cierto que algunos de ellos, de forma libre y voluntaria alquilan habitaciones que la empresa les proporciona por un monto de ocho mil colones por semana, las cuales se encuentran en condiciones de ser habitadas con sus respectivos baños, sanitarios, camas, comedor, entre otros. Y otros trabajadores de forma voluntaria decidieron alquilar casas bajo su propia responsabilidad y pagándolo de su propio pecunio y se desconoce el valor e incluso algunos han traído a sus familias. Según manifestación de los trabajadores en ningún momento han trabajado 18 horas y que la empresa les haya pagado 12 horas, por el contrario, todas las horas extraordinarias que hayan laborado la empresa se las ha pagado correctamente.”.
En días posteriores, la Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hizo una segunda y tercera entrevista para cotejar, verificar y contrastar cualquier situación al margen de la Ley, donde se constató el cumplimiento cabal de lo normado por el ordenamiento jurídico.
El 5 de diciembre del 2018, la Dirección General de Migración y Extranjería envió a funcionarios para entrevistar 103 personas, de los cuales eran 64 nacionales y 39 extranjeros. Y de conformidad con el acta No. 1729 levantada por la Policía Profesional de Migración, todos los trabajadores se encontraban trabajando conforme las normas vigentes y “... en una condición migratoria regular”.
Con respecto a los hechos denunciados y supuestamente tramitados bajo el expediente 18-000039-PE de la cual no hemos recibido notificación alguna, informamos que tenemos toda la información debidamente clasificada y disponible para cuando la Autoridad respectiva considere prudente solicitarla y estamos totalmente anuentes a brindar toda la colaboración necesaria que sea requerida.
Que ante la gravedad de las acusaciones injustas y temerarias difundidas mediante los artículos de prensa, rechazamos total y categóricamente cada una de ellas, por lo que no descartamos el recurrir a las instancias pertinentes para hacer valer nuestros derechos.
*Consorcio Operativo del Este
