La estafa del PAC y la memoria de hule

EDITORIAL

Hace una semana DIARIO EXTRA dio a conocer en exclusiva que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación contra 200 firmantes de contratos falsos que el Partido Acción Ciudadana (PAC) utilizó durante la campaña electoral de 2010 para luego estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el cobro de ¢353 millones.

Fue evidente que la información movió las fibras más sensibles del partido en el gobierno y evidenció que personalidades de esa agrupación política podrían haber ayudado a perpetrar tal delito, por el cual ya hubo una condena.

La investigación surge tras una denuncia que presentó Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la cual tiene relación con dichos contratos fantasmas, que esa divisa política usó para el cobro de servicios especiales, pero que en realidad recibió de forma gratuita.

Días más tarde el TSE pone en manos de El Diario del Pueblo 11 ampos con miles de folios y las listas de los firmantes de esos contratos, así como las facturas que acreditan el giro de los dineros que luego se cobraron al Estado.

Es obvio que a nadie le gusta que su nombre esté en una lista de aparentes estafadores, pero lo cierto es que en esa información entregada por el ente electoral sobresalen varios diputados del PAC del periodo 2010-2014, Manrique Oviedo, Yolanda Acuña, Carmen María Granados, Claudio Monge y Jeannette Ruiz, hoy presidenta del Banco Nacional de Costa Rica.

También se hace mención como firmantes de las legisladoras del cuatrienio 2014-2018 Emilia Molina; Laura Garro, recientemente condenada por los Tribunales de Justicia en casos vinculados a la gran estafa; y Marcela Guerrero, pieza cercana al presidente Carlos Alvarado.

Guerrero es presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), estuvo metida de cabeza en la campaña del mandatario y recientemente se le inhibió de un proceso por adelantar criterios respecto a un proyecto de la Municipalidad de Escazú y la Caja Costarricense de Seguro Social.

En la lista se cita además a Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, y el diputado de este periodo Mario Castillo. Todos están en la mira de la Fiscalía porque su firma supuestamente está en documentos catalogados por el TSE como falsos.

DIARIO EXTRA tomó la decisión de poner en su portada y páginas especiales de la edición de este miércoles las fotografías de algunas de esas personas para evidenciar lo que está sucediendo, pues pese a conocer la noticia que circula con fuerza, ninguna de estas personalidades políticas ha dado explicaciones.

Qué se puede esperar si ni siquiera el señor Carlos Alvarado, y menos el fundador del partido de la ética, Ottón Solís, han salido ante los ciudadanos a decir esta boca es mía o a pedir a sus manos derechas que dejen sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Por el contrario, han dejado a la prensa y a la ciudadanía con las ganas de saber por qué el Ministerio Público investiga a 200 falsos firmantes de contratos que se usaron para cometer un delito de estafa en contra del erario y cómo todos los involucrados dicen desconocer de qué les hablan.

Esa actitud era de suponerse, pues don Ottón desde que está ganándose una millonada en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) decidió hacerse ciego, sordo y mudo alegando una falsa lealtad y respeto.

Definitivamente el PAC tiene una ética de hule, se estira y se encoge a conveniencia, pues si mal no recordamos llegó al poder prometiendo cambios a la política tradicional y ahora vemos cómo -además de estafar al Estado- no quiere pagar los ¢516 millones que le condenaron.

Si no que lo digan también los funcionarios del gobierno que Alvarado ha metido a la brava en puestos para pagarles el favor de hacerle campaña y buscarle votos a lo largo del país.

¡Qué memoria tan flaca! Los empleados de confianza que están en el gobierno y que aparecen en las listas deben sí o sí dar la cara ante las autoridades. Es lo más sensato si juraron respetar el código de ética del PAC y están recibiendo salarios de fondos públicos actualmente.

Como resorte de trampa para ratas aquí salta la pregunta: ¿qué están haciendo los garantes de la ética que nombraron en esta administración?

No vemos al exmagistrado José Miguel Arroyo, ni a doña Margarita Bolaños, quien al parecer también firmó algunos contratos, y tampoco a Quince Duncan haciendo las observaciones de los mil y un fiascos que se han destapado en un año.

Para muestra un botón. Estos tres señores han guardado silencio en medio de la fiesta de puestos en la Cancillería, Presidencia quedó conforme con la salida de Epsy Campbell y se evidencia que siguen moviendo las piezas de ajedrez como les venga a su antojo.

¿Por qué Carlos Alvarado sigue mudo sabiendo que su padrino de bodas y ex viceministro de Trabajo, Harold Villegas, quien además se vinculó a una fiesta en un edificio público donde hubo consumo de drogas, iba premiado de cónsul a Ecuador?

Esos silencios ante la corrupción no son convenientes, por el contrario, dejan entrever a los ciudadanos honestos que la ética de algunos políticos es de hule.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Jueves 16 Mayo, 2019

HORA: 12:00 AM