Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático, y Fabricio Alvarado, legislador de Nueva República, liderarán las subcomisiones que analizarán dos proyectos de ley relacionados con seguridad ciudadana. Se trata de los expedientes 24.162, ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan ilegalmente celulares satelitales y otros medios de comunicación telefónicos en los centros penitenciarios, y el 24.047, ley contra el sicariato.
En el caso de la primera iniciativa, los encargados de examinarla, dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, son Pilar Cisneros, Gilberth Jiménez de Liberación Nacional ((PLN) y Horacio Alvarado de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La propuesta busca imponer penas de cárcel a las personas y funcionarios que participen en el ingreso de dispositivos de comunicación en centros penitenciarios, ya que actualmente no se les puede aplicar este tipo de sanciones.
Para el segundo proyecto, la subcomisión a cargo estará conformada por los legisladores Fabricio Alvarado, Alejandra Larios del PLN y Gilberto Campos del Liberal Progresista (PLP). Esta iniciativa busca imponer penas de cárcel de hasta 35 años a quien mate a una persona por un pago o remuneración económica, así como a quienes capaciten o contraten a terceros en temas de sicariato.
Además, la oferta o publicidad de sicariato será sancionada con cinco o siete años de prisión, de acuerdo con la propuesta.
Los integrantes de la Comisión legislativa aprobaron un par de mociones con el objetivo de que el Ministerio de Seguridad, Justicia y Paz y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) den su criterio sobre este proyecto.
Para ello se deberán presentar en audiencia Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, y Randall Zúñiga, director del OIJ.
Además de referirse a esta propuesta, los jerarcas deberán dar explicaciones sobre la actual situación de inseguridad del país, en especial por la ola de homicidios y crímenes ligados al narcotráfico.
Estos proyectos forman parte de la lista de 10 propuestas que acordaron inicialmente los tres Poderes de la República a través de una mesa de trabajo, en la búsqueda de presentar acciones que permitan poner un alto a la ola de homicidios que atraviesa Costa Rica.
INTERVENCIONES
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico también analizó el expediente 23.690, Ley de modernización de la intervención de las comunicaciones, que pretende poder interceptar las telecomunicaciones vinculadas con delitos de narcotráfico. Los diputados discutieron y votaron un total de 22 mociones que estaban pendientes para que la propuesta pase al Plenario, donde podría ser votada en primer debate.
Sin embargo, el proyecto genera una serie de dudas a lo interno de la Comisión, y así lo hicieron ver Gilberto Campos, Alejandra Larios y Gloria Navas, diputada independiente.
Navas incluso pidió suspender la discusión de la propuesta, pero Jiménez señaló que no era posible. “No podemos suspender la discusión, porque estamos en ella, pero podemos retrotraerlo después de votarlo en primer debate y vamos a tener mayor espacio para discutirlo”, dijo Jiménez.
El proyecto busca reformar los artículos 9 y 12 de la Ley N.º 7.425 sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.
Estas intervenciones serán autorizadas por un lapso máximo hasta de cuatro meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
CRÉDITOS: Allan Madriz / Fotos: Isaac Villalta y cortesía
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Viernes 24 Mayo, 2024
HORA: 12:00 AM
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