No más parches: hacia una verdadera reforma del Estado
Alex Solís F.
Todos sabemos que la situación de las finanzas públicas en Costa Rica es crítica y que no podemos continuar posponiendo la urgente necesidad de reformar el aparato estatal para evitar caer en el abismo. Ese es un lujo que no podemos darnos: no solo están en juego las finanzas públicas sino también la misma estabilidad política y la paz social.
Ante esta realidad, el Gobierno de la República gestiona un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La propuesta ha sido objeto de múltiples críticas, porque aborda la crisis fiscal como si se tratara solo de un problema de flujo de caja, que se soluciona creando más impuestos y no con el recorte del gasto público, o la reactivación económica, o la reforma integral del Estado, como debería ser.
Desde hace varios años, muchos venimos planteado que esta crisis -que no es de ahora- es una gran oportunidad para modernizar las estructuras de nuestro viejo e ineficiente Estado. No podemos continuar poniendo parches y remiendos a un aparato público desproporcionado en el número de instituciones, la cantidad de funcionarios públicos y el gasto que significa su mantenimiento y gestión. Como se advierte en el Informe Estado de la Nación de 2017, ya no podemos continuar “pateando el tarro hacia adelante”, porque las consecuencias para el país podrían ser desastrosas.
Entonces ¿qué hacer? Estoy convencido de que este es un gran momento para convocar la Asamblea Constituyente, con el fin de adecuar nuestro ordenamiento constitucional a los tiempos, necesidades, principios y valores actuales. Los costarricenses necesitamos poner en marcha un gran proyecto de innovación y convivencia de mediano y largo plazo; un nuevo pacto social que nos permita ser una sociedad económicamente próspera, socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible, a partir de un eficiente y moderno aparato estatal.
De manera lamentable, ante la idea de la Asamblea Constituyente se argumentará lo de siempre: que no es el momento, que no estamos preparados, que es peligroso y este tipo de frases gastadas o vacías de contenido que se repiten hasta la saciedad, solo para impedir el cambio. Mientras tanto, el tiempo pasa y los problemas se agravan, como ya todos estamos sufriendo las consecuencias de haber pospuesto, una y otra vez, la ansiada reforma del aparato público.
Así pues, para paliar la angustiante crisis fiscal, mejorar la calidad de los servicios públicos, incrementar la productividad, la inversión pública y el nivel de empleo, así como para reducir los niveles de pobreza, la economía informal y los niveles de endeudamiento público, como medidas de emergencia, se podría pensar en las siguientes acciones:
1. Reducir el Poder ejecutivo a trece ministerios: Ministerio de la Presidencia, Asuntos Exteriores, Seguridad Pública, Economía y Finanzas, Planificación, Industria y Comercio, Desarrollo Rural, Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura, Salud, Asistencia Social, Energía y Recursos Naturales, Obras Públicas y Transportes.
2. Eliminar las juntas directivas de las instituciones autónomas. La existencia de este órgano político ya de por sí distorsiona la toma de decisiones técnicas en dichas instituciones, así como la rendición de cuentas, la evaluación de resultados y la imputación de responsabilidades.
3. Eliminar duplicidades institucionales mediante la fusión y la eliminación de algunas instituciones. En Costa Rica existen 332 instituciones -aunque he visto otros números- que generan un gran desperdicio de recursos públicos.
4. Eliminar la segunda vicepresidencia de la República, la segunda vicealcaldía y la segunda viceintendencia en el Gobierno Municipal. Esos son órganos inútiles en la actual organización del aparato estatal.
5. Reducir la campaña política a dos meses y la contribución estatal a 0,04% del Producto Interno Bruto. Este país es muy pequeño, todos nos conocemos, razón por la cual dos meses de campaña son más que suficientes para saber quién es quién y qué propone. Además, el aporte económico del Estado, como demuestra la experiencia, es más de lo que los partidos pueden gastar y justificar.
6. Aprobar una ley de empleo público aplicable en todo el aparato estatal, basada en un sistema de remuneración única, el mérito, la profesionalización y la evaluación del desempeño de los servidores públicos.
7. Combatir la evasión y elusión fiscal en los impuestos de renta y ventas que, de acuerdo con el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, se calcula en un 6% del Producto Interno Bruto, es decir $3.600 millones por año.
Para concretar estas transformaciones, junto a otras que se han propuesto, se requiere no solo reformas administrativas, legales y constitucionales sino también, ante todo, de un gran diálogo nacional para poner en marcha las reformas estructurales que con tanta urgencia requiere el Estado costarricense. Dejemos de culparnos unos a otros. Hoy tenemos que estar más unidos que nunca. Solo así podremos superar con éxito la crisis en la que estamos sumidos.
