Cómo fortalecer las ASADAS en Costa Rica
Cecilia Martínez A.*
La participación de la sociedad civil en la prestación de servicios de agua potable en el país a través de las ASADAS es un ejemplo a nivel mundial de democracia, gobernanza local y de colaboración entre la sociedad civil organizada y el Estado, pues es gracias a su aporte que el país ha logrado posicionarse internacionalmente con una alta cobertura de agua potable para la población.
El AyA brinda el servicio de agua potable a un 77% de la población, el resto está distribuido entre las municipalidades con un 14%, la ESPH con un 5% y otras organizaciones informales. En el AyA conviven dos modelos de gestión; del total de 77%, un 47% es suministrado de manera directa por la institución y un 30% por las ASADAS. En ambos casos la titularidad del servicio lo conserva el AyA. Es decir, a las ASADAS se les delega el servicio que la institución no tuvo la capacidad de proveer históricamente y que en la actualidad tampoco puede absorver.
Con el fin de atender a las ASADAS, se creó la Subgerencia de Sistemas Comunales (SGSC), con la misión de evaluar, supervisar, asesorar, fiscalizar y fortalecer la capacidad de gestión de las ASADAS, para que puedan cumplir con la calidad del servicio a la población, en igualdad de condiciones, que lo hace el AyA con sus usuarios. Para hacer esto una realidad hay dos medidas fundamentales a realizar por las autoridades:
1. Fortalecer el presupuesto institucional con ese fin. Es decir, hacer una distribución más equitativa del presupuesto institucional en relación a los servicios dados por el AyA y la atención de los servicios delegados o ASADA.
2. Realizar un cambio de paradigma para abordar la relación entre la institución y las ASADAS, que impregne la cultura institucional y potencialice los vínculos colaborativos entre el Estado y las comunidades. Eso significa fortalecer los procesos participativos que se han realizado hasta ahora y dar un paso más: Institucionalizar una relación más horizontal, menos vertical y autoritaria con estos colaboradores y una nueva distribución de responsabilidades entre ambos para garantizar la calidad del servicio, de manera que sea una política de Estado y no de un gobierno en particular.
Respecto al primer punto, sobre el presupuesto. Existe una inequidad en la distribución del presupuesto institucional dirigido a las ASADAS y a los sistemas operados por el AyA. La gestión de las primeras, a través de la Subgerencia de Sistemas Comunales del AyA, solo recibe alrededor del 3% del presupuesto institucional. En el pasado, FODESAF financió ampliamente la cobertura de los acueductos comunitarios, pero hoy solo agrega a ese presupuesto alrededor de un 2% para materiales. En la presente administración se han realizado esfuerzos en ambas direcciones, pero se requiere un salto mayor.
Limitaciones. El argumento que ha justificado ese gran fallo es que las ASADAS recaudan su propia tarifa para su operación. Pero no se ha considerado que esta no se ha actualizado desde el 2011, a diferencia de la tarifa que AyA cobra a sus usuarios, lo cual ha generado un rezago en la operación y mantenimiento de sus sistemas. De las 1472 ASADAS distribuidas en el territorio nacional, un 38% (506) cuentan con menos de 101 abonados, es decir, no obtienen los ingresos para contar con una operación mínima, solo de manera excepcional. Le sigue otro segmento entre los 101 y 301 abonados (503) que recaudan lo propio para su operación y algunas mejoras de bajo impacto. En resumen, estamos hablando de 2/3 de las ASADAS a nivel nacional con limitaciones serias de recursos para operar y dar un servicio de calidad del agua potable. Situación que se agrava si se considera que una importante cantidad de acueductos ya están obsoletos y requieren ser sustituidos.
Respecto al segundo punto, en relación al cambio de paradigma, se trata de reconocer que las ASADAS están en un contexto socio-ambiental y territorial cada vez más complejo, con una tendencia a la alta conflictividad social como resultado de la escasez del recurso hídrico, la pérdida de fuentes de agua por contaminación o salinización de acuíferos costeros, la presión por parte de desarrolladores inmobiliarios, múltiples nuevos actores en el territorio con intereses sobre el agua, entre ellos también juntas directivas de ASADAS con intereses particulares, que en conjunto demandan una mayor y mejor atención por parte del AyA y en particular de la SGSC.
De manera que un nuevo paradigma institucional debe reconocer las particularidades de la Gestión Comunitaria del Agua. Así como una normativa que rija estas organizaciones, que no establezca una relación paternal y autoritaria como la que prevalece en la actualidad, ni tan laxa como para no garantizar el compromiso de las ASADAS con la calidad del servicio.
Ya es hora de que la institución actué con un enfoque interdisciplinario. Dejar atrás la idea obsoleta de que está tratando y atendiendo infraestructura de sistemas de acueductos y comprender que se trata de organizaciones sociales de base comunitaria que administran un servicio vital para la población. Para eso se requiere un trabajo más estratégico e integral que incorpore científicos sociales, comunicadores sociales, expertos ambientales, geógrafos, pedagogos, economistas, planificadores y abogados expertos en prevenir y manejar conflictos.
La presente administración ha previsto dos importantes instrumentos en la “Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua potable y Saneamiento” del 2015: La Reorganización de la Subgerencia de Sistemas Comunales y el Nuevo Reglamento de ASADAS. En estos momentos ambos están por entrar a la agenda de la Junta Directiva. Esta es la coyuntura ideal para abrir paso a una nueva visión que permita comprender que somos una sola AyA y que esa idea debe impregnar la cultura institucional.
*Socióloga, Subgerente de Sistemas Comunales del AyA.
