Ciudadanos de segunda
Tonatiuh Solano Herrera* / [email protected]
Costa Rica es un país que se precia, especialmente a nivel internacional, de su respeto por la paz, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Son cientos los discursos, las declaraciones y los actos solemnes donde hacemos gala de estos temas a lo largo de los años. Sin embargo, la realidad es otra.
Vivimos bajo el mito de la Costa Rica de los “igualiticos”. Ese mito perpetuado en la historia oficial y los planes de estudio de escuelas y colegios, nos ha llevado por décadas a formar una sociedad que niega la diversidad de la que se compone nuestra nación y peor aún, a negar igualdad de derechos a personas porque simplemente se les considera diferentes.
Esa diferenciación no siempre es intencional, pero se arraiga con estereotipos que se manifiestan y arraigan con patrones socioculturales que nos llevan a tratar a otros seres humanos como a ciudadanos de segunda por pertenecer a colectivos sexuales, religiosos, étnicos o culturales distintos a los que socialmente identificamos como de la mayoría de la población. Ni qué decir de la diferenciación social que hacemos cuando de personas adultas mayores o personas con algún tipo de discapacidad se trate.
Aunque no falte quien se niegue a aceptar esta realidad, lo cierto es que en la práctica la discriminación y la violencia se hacen presentes cuando se discute por las legítimas pretensiones de reconocer derechos a estas personas, no por su pertenencia a un grupo en específico, sino por tratarse de seres humanos como usted y como yo.
Es frecuente encontrarnos con que erróneamente se parte en algunas ocasiones de la priorización de unos derechos por otros e incluso de la segmentación y escogencia en la defensa de derechos humanos, obviando la interrelación, interdependencia e indivisibilidad de los mismos como si se tratara de aspectos de los cuales se pudiera desconocer o escoger a conveniencia.
Así, no es extraño encontrar defensores de los derechos de la niñez y la adolescencia, que censuran duramente la defensa de derechos de las comunidades sexualmente diversas; defensores por los derechos de la mujer, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, que obvian las legítimas luchas de las comunidades étnico-raciales que viven en minoría y que aspiran a igualdad y legitimidad de sus derechos, o bien, defensores de la libertad de culto que censuran duramente los derechos y libertades políticas de grupos minoritarios que aspiran a la representación de sus intereses en el espectro político.
Incluso, encontramos quienes se arrogan la potestad de determinar, delimitar y censurar qué es o no es una familia según sus parámetros ideológicos o morales, cuando el concepto de familia involucra hoy más que nunca, consideraciones que trascienden vínculos biológicos, jurídicos y religiosos, conformando relaciones amplias de convivencia que encuentran su sustento en lazos afectivos y proyectos estables de vida en común.
De tal manera, nos corresponde como sociedad avanzar hacia el reconocimiento de derechos y especialmente a combatir toda forma de violencia y discriminación con un tratamiento multidimensional. Porque a estas personas que todos los días sienten las diferencias que la sociedad hace con ellas negándoles legítimos derechos, igual se les exigen los mismos deberes ciudadanos, aumentando la brecha en el acceso a oportunidades de crecimiento personal y deteriorando su calidad de vida con diferencias odiosas que no hacen más que clasificar a ciudadanos de un mismo país por categorías según su condición particular o colectiva.
De tal manera, corresponde a nuestro Estado armonizar de manera integral las disposiciones que nos brindan los distintos instrumentos de derecho internacional público de los derechos humanos en procura de instrumentalizar la lucha contra todo tipo de discriminación en defensa de seres humanos, que merecen ser respetados no solo por su pertenencia a colectividades religiosas, étnico-raciales, culturales, políticas o de cualquier otra naturaleza, sino por su fundamental condición de tratarse de seres humanos, que merecen ser tratados como tales.
La tarea es extensiva a los partidos políticos, las organizaciones privadas, los hogares, los medios de comunicación, los centros de estudio y de trabajo, dado que la construcción de una sociedad cada día más democrática, libre, justa, solidaria, inclusiva y desarrollada es tarea indelegable e impostergable de todos y todas quienes formamos parte del país.
El norte de este tipo de iniciativas debe tomar en cuenta la premisa de que en derechos humanos, todo punto de llegada, representa un nuevo punto de partida, en la defensa, tutela y promoción de derechos, pues la tarea es siempre inacabada y especialmente perfectible.
Los derechos humanos no pueden ser vistos como moneda de cambio para negociar acuerdos, son derechos inherentes a todos los seres humanos. Defendamos con ahínco nuestras posiciones ideológicas, morales o religiosas, pues también ese es nuestro derecho, pero lo que no es válido, es pretender imponer esas convicciones a quienes no las comparten.
*Politólogo
Magíster en Estudios Internacionales
