La Corte Suprema de Justicia se manifestó en contra de un proyecto de ley que pretende ponerle candado a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Mediante un pronunciamiento, la magistrada Sandra Eugenia Zúñiga indicó que la propuesta, tramitada bajo el expediente 24.094 e impulsada por la frenteamplista Priscilla Vindas, “afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial”, lo cual implicaría que su aprobación sea con 38 votos de la Asamblea Legislativa.
Uno de los primeros cuestionamientos de la Corte es que la propuesta de ley traslade todas las actividades de la DIS al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Del mismo modo, critica que se reasignen todos los "bienes, recursos y personal" de la Dirección de Inteligencia al OIJ, lo cual implicaría “cargas de mantenimiento” y, sobre todo, la inclusión de recurso humano en la planilla, con cargo al presupuesto del Poder Judicial.
Otro punto señalado por el criterio emitido por la magistrada es que la propuesta del Frente Amplio (FA) “no prevé la asignación de partidas presupuestarias al OIJ que le permitan hacer frente a nuevas obligaciones asignadas”.
“De aprobarse el proyecto legislativo, resulta dudosa la forma como el OIJ y en general el Poder Judicial podrá hacer frente a la carga presupuestaria que supone asumir las tareas que anteriormente debía cumplir la DIS y la creación de plazas con cargo al presupuesto del OIJ, como consecuencia del traslado de personal al que aluden los ordinales bajo examen. Aunado a lo anterior, no se estipula en qué condición se daría el posible traslado de recursos, bienes y personal al OIJ.
La aprobación de la iniciativa de ley supondría una vulneración al principio de división de poderes, en el tanto se asignan al Organismo de Investigación Judicial funciones que hasta hoy tiene a su cargo la DIS, tales como labores de inteligencia y prevención del delito, que constitucionalmente competen al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial”, precisan en el Poder Judicial.
EL PROYECTO
El proyecto pretende disolver la DIS y que todas sus competencias pasen a ser responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Además se plantea que todas las actividades en trámite a cargo de la Dirección deberán, según el proyecto, ser trasladadas y tramitadas por el OIJ en coordinación con Seguridad Pública.
Por otra parte, los archivos y expedientes en poder de la DIS tendrían que ser entregados al MSP, el cual deberá remitir al Ministerio Público aquellos que impliquen investigaciones penales.
Los documentos declarados secreto de Estado en poder de la DIS quedarán en manos del MSP.
“(…) La DIS se ha usado para persecución política. Creemos que debe haber un mecanismo de inteligencia para toda la ciudadanía y no bajo un mando político como está actualmente”, asegura la diputada.
ALTO PRESUPUESTO
De acuerdo con análisis presupuestarios, la DIS ha recibido en la última década más de ¢30.000 millones.
Así, el dato oficial es de treinta mil novecientos setenta y siete millones ochocientos trece mil seiscientos veintisiete colones (¢30.977.813.627).
Distintos sectores denuncian que nadie sabe cómo opera la DIS porque no cuenta con ningún control y además los gobiernos de turno la han utilizado para investigar opositores y adversarios políticos.
CUESTIONAMIENTOS
A todo lo anterior se suman varios casos en que la Dirección ha estado involucrada.
En 2007, en la coyuntura de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, se denunció que la DIS estaba investigando a personas que se encontraban en la tendencia del “No”.
Un año más tarde el OIJ y el Ministerio Público abrieron una investigación en contra de un alto funcionario de esta institución que usódatos privados para extorsionar y amedrentar a los ciudadanos.
En ese momento Francisco Dall'Anese, fiscal general, aseguró que la DIS era una policía política y no tenía justificación.
En diciembre de 2023 se denunció la utilización de la Dirección como una orden de la Presidencia de la República para revisar, de manera obligatoria, los teléfonos y computadoras de los ministros y los funcionarios de Casa Presidencial, bajo el alegato de una posible fuga de información.
Sin embargo, la DIS no ha actuado a profundidad en otras instancias.
En 2016 Daniel Fowlie Brigs, presunto narcotraficante, ingresó a territorio nacional y la Dirección nunca se enteró de su presencia, pese a que 11 años antes la Dirección General de Migración y Extranjería prohibió su permanencia en Costa Rica.
Caso similar al de un supuesto profesor colombiano que, presuntamente, era parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y no fue hasta después de una serie de allanamientos que la DIS se enteró que tenía datos, contactos con el grupo guerrillero y además $500.000 (¢260 millones) en unas bodegas.
PONERLE CANDADO
Han presentado varias propuestas legislativas para cerrar la DIS.
- Proyecto de ley 17.266 del Frente Amplio (FA)
-Proyecto de ley 17.345 de los partidos Movimiento Libertario (ML), Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC)
-Proyecto de ley 17.993 del FA
-Proyecto de ley 19.125 del ML
-Proyecto de ley 19.330 del FA, PAC, ML y Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE)
-Proyecto de ley 19.346 del PAC
-Proyecto de ley 20.411 del ML
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
EMAIL: [email protected]
Viernes 22 de Marzo, 2024
HORA: 12:00 AM
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