El gobierno está haciendo buchaca para ver cómo baja la deuda pública y no tener que llegar a un límite en donde no crezcan los salarios, la inversión social y la obra pública.
Como una primera medida pretende tomar el sobrante de dinero en varias instituciones, conocido como superávit, y que en teoría estaría ocioso o asignado a algún proyecto aún no realizado.
Se trata de ¢226.000 millones que saldrán de las arcas de la Junta de Protección Social, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Junta Administrativa del Registro Nacional, Imprenta Nacional y Fondo del Consejo de Salud Ocupacional.
De igual modo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá hacer un aporte de ¢9.500 millones con el dinero resultante de la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco).
Así lo dio a conocer una comitiva liderada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Para hacer esto se necesitará una iniciativa de ley que se presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa.
Se trata del proyecto “Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (Ley No.9371 del 28 de junio de 2016), para frenar el crecimiento de la deuda estatal”.
María del Pilar Garrido, ministra de Planificación, dijo a DIARIO EXTRA que estos ¢226.145 millones representan un 0,62% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, es la contribución que esta reforma tendría para bajar el déficit fiscal.
De acuerdo con Garrido, antes de la presentación del proyecto de ley se consensuó con todas estas instituciones la transferencia de este superávit.
La iniciativa de ley indica que por una única vez las instituciones autónomas, fondos y dependencias del Estado enumeradas a continuación deberán trasladar al Ministerio los montos económicos exactos definidos en la iniciativa (ver recuadro).
Hacienda, por su parte, quedaría obligado a utilizar los recursos económicos únicamente en el pago del servicio de la deuda del Estado, entendiéndose esta última como el pago tanto de intereses como de amortización de la deuda.
Consultado sobre el tema, el economista Fernando Rodríguez dijo que se trata de una propuesta interesante, con la salvedad de que sería dinero que estas instituciones perderían en su totalidad.
“Espero que no se esté hablando de un superávit contable y los recursos sí estén disponibles y que no estuvieran comprometidos en otra cosa. Igual esto no es una solución de largo plazo, pero da un respiro”, acotó.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Martes 11 de Febrero, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA