El Gobierno de la República ha cambiado la estrategia para el servicio de inspección no intrusiva en puertos y fronteras del país para combatir el narcotráfico y el contrabando de bienes no declarados.
Este sistema que tiene como punto medular la implementación de escáneres en los puntos de ingreso y salida de mercancías ha sido cuestionado por diferentes actores de la vida pública del país.
El 6 de febrero en el Diario Oficial La Gaceta el Poder Ejecutivo publicó una modificación al “Reglamento para la Operación de los Sistemas y Controles de Inspección no lntrusivos”.
El cambio más importante es que traslada la coordinación del tema al Ministerio de Seguridad Pública mientras que, en el decreto original de julio de 2023, el Gobierno le daba esa labor a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda.
DE ADUANAS A SEGURIDAD PÚBLICA
El decreto original aprobado el 19 de julio de 2023 le daba la coordinación de la tarea de inspección a la Dirección de Aduanas.
Sin embargo, con la modificación realizada el artículo, 3 inciso 4) tiene como nueva lectura: “Centro Integrado de Identificación de Objetivos (C/10): centro enmarcado dentro de la gestión coordinada de fronteras por parte de las instituciones que actúan en los puntos de ingreso y salida al país de las personas, unidades de transporte y mercancías; coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública (…)”.
Otro de los cambios importantes es que ahora los Ministerios de Hacienda, Seguridad Pública, Comercio Exterior, Agricultura y Ganadería, además de sus dependencias deben tener una coordinación interinstitucional para velar por la correcta integración, implementación y funcionamiento del análisis y verificación de la información obtenida de los sistemas de inspección no intrusiva.
Otra modificación que se presentó es que el nombre deja de ser Centro de Inspección Remoto y pasa a Centro Integrado de Identificación y Objetivos.
ADUANAS PIERDE COMPETENCIAS
El principal perdedor de esta situación fue la Dirección de Aduanas que, además de no tener ya la coordinación del programa, ahora no participará en la discusión del lugar donde se ubicará el centro de monitoreo.
En la anterior lectura se decía que tanto Aduanas como la Policía de Control de Drogas recibirían el acuerdo de confidencialidad de los funcionarios de no hacer pública la ubicación.
La nueva redacción del artículo 17 del decreto afirma: “Principio de Confidencialidad. El personal encargado de la gestión del equipo no intrusivo debe suscribir con los operadores un convenio de confidencialidad previamente aprobado por las autoridades competentes. Cada vez que exista una modificación en el personal de los operadores deberán informar a dichas autoridades y mantener estos registros actualizados”.
POLÉMICAS CON ESCÁNERES
El 13 de julio de 2023 se pusieron en funcionamiento dos escáneres en la terminal de contenedores de Moín que administra la empresa de Países Bajos APM Términals.
Tres días después se aprobó el decreto Nº 44107-H-COMEX-MAG-MSP, en el que se indica cómo administrar todo el proceso de inspección de los escáneres, pero a pesar de contar con esta tecnología los problemas de tráfico de drogas continuaron presentándose.
La primera situación polémica se dio el 23 de julio cuando una mujer fue detenida por colisionar un vehículo contra los escáneres. El 24 de agosto de 2023 la policía de Roterdam en Holanda descubrió 494 kilogramos de cocaína procedentes de Costa Rica que pasaron por los escáneres.
Por su parte, el 31 de octubre hubo una sobrecarga eléctrica, que provocó que los escáneres fallaran. Hasta la fecha no se ha confirmado si esa situación se presentó por un problema de fábrica, mala utilización, sabotaje u otra razón.
En noviembre de 2023 diversas investigaciones periodísticas, de las que participó DIARIO EXTRA, cuestionaron la forma en la que el Estado contrató de manera directa a Radiográfica Costarricense S.A. para la implementación de nuevos escáneres en otros puestos fronterizos y muelles.
Diputados de la República denunciaron ante la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética dicha contratación. Finalmente, el 20 de diciembre la Contraloría frenó la contratación, por lo cual el Gobierno deberá buscar un mecanismo diferente para realizar el proyecto.
PERIODISTA: Emmanuel Miranda Pérez
CRÉDITOS: Foto: Francisco Obando
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Miércoles 07 Febrero, 2024
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