Warner Molina, fiscal general a.i. de la República, acompañado por Mayra Campos Zúñiga, fiscal adjunta y jefa de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, además del fiscal adjunto de Narcotráfico y Delitos Conexos, Pablo Cedeño, comparecieron ante la Comisión de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa.
Molina debía explicar a los diputados los proyectos 23090 y 23208. El primero es la “Reforma de Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley de creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica y Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada” que consta de 8 artículos.
El otro expediente, que es el 23.208, “Ley para Restituir la Declaratoria de Procedimiento Especial en la Lucha contra la Delincuencia Organizada, Modificación de las leyes 8754 y 9481”.
Sin embargo, Molina solo se refirió al primer expediente 23090, ya que el 23.208 está en discusión en los Tribunales de Justicia.
“Solo reiterar lo que ya públicamente se ha expresado; para el Ministerio Público no existe necesidad alguna de restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada todavía. Que la Ley 8754 de modo alguno fue derogada en ninguno de sus artículos por leyes siguientes, al establecerse disposiciones que produjeron efectos de vacancia y que a la fecha en múltiples despachos jurisdiccionales se ha avalado la tesis del Ministerio Público de que no hay tal derogatoria”, señaló Molina.
NO ESCUCHARON ADVERTENCIAS
El fiscal sostuvo cómo hace unos 25 años autoridades colombianas advirtieron que los grupos de narcotraficantes podían buscar ampliar sus negocios en otros países de la región.
Luego fueron jerarcas mexicanos hace unos 15 años quienes subrayaron que los cárteles de la droga estaban modificando la logística y las formas de adquirir, transportar y comercializar la droga que obtenían de los países productores y que muchos de los países de la región, entre ellos Costa Rica, se iban a ver afectados, “pero tampoco hicimos caso, así que cuando se advirtió del lavado de dinero ya era una realidad en nuestro país. Tampoco hicimos mucho por mejorar el sistema de prevención a nivel financiero ya que en la práctica la lucha contra la legitimación de capitales sigue teniendo muchos inconvenientes, especialmente por el deficiente marco normativo y la poca disposición de recursos para las investigaciones”, externó el fiscal a.i.
Según Molina, la Fiscalía especializada contra la Legitimación de Capitales se creó hasta 2013, cuando ya había muchas señales de lavado en el país. En aquel entonces, los grupos de narcotraficantes extranjeros pagaban con dólares los apoyos logísticos que brindaban los nacionales, gasolina, alimentación, hospedaje y todo tipo de avituallamiento, así que muchas personas llegaron incluso a pensar que era beneficioso para el país.
“Había progreso económico y abundancia de dólares en el mercado. No obstante, pronto los grupos delictivos internacionales, especialmente los cárteles mexicanos, cambiaron la forma de pago. En lugar de pagar con dinero los servicios que recibían los nacionales, comenzaron a recibir droga y a partir de ahí empezó el problema que actualmente nos aqueja. Los grupos delictivos nacionales con droga en su poder se vieron en la necesidad de colocarla en el país a través del negocio del microtráfico. Y ahí empezaron las disputas por el dominio territorial”, explicó Molina a los diputados, advirtiendo además que nació también la actividad del sicariato y esta intensificó el contrabando de armas, que hoy es una realidad.
RIESGO PARA PERSONAL JUDICIAL
El fiscal a.i. también expuso que en las zonas costeras las investigaciones contra los grupos delictivos son casos complejos donde se necesita técnicas especiales de investigación. Pablo Cedeño, que ostenta actualmente la jefatura y la rectoría, ha visto cómo hay otras indagaciones que deben asumir las fiscalías territoriales.
En la actualidad, por el principio de juez natural, a los jueces precisamente les corresponde conocer los actos que realiza el Ministerio Público. Los jueces y juezas de la localidad donde ocurre el hecho delictivo corren “en los tiempos actuales, un riesgo enorme para el personal judicial tanto para la judicatura como para la Fiscalía y la Policía”.
Los grupos narco tienen al menos dos formas de pretender la impunidad. “A través del poder corruptor del dinero ilícito o bien por medio de las amenazas y algunas veces por medio de atentados contra la integridad física o moral de las personas funcionarias. Es por ello que resulta tan necesario y urgente implementar la Jurisdicción Especial contra la Delincuencia Organizada. Una jurisdicción especial que debió haberse implementado hace unos 15 años y que a la fecha continúa en veremos”, concluyó Molina.
Para el Fiscal General a.i., van más de 400 muertos por año y las organizaciones criminales siguen fortaleciéndose y expandiéndose.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: Daniel Johnson
EMAIL: [email protected]
Viernes 07 Octubre, 2022
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA