Pandemia y corrupción

EDITORIAL

Los actos de corrupción podrían aumentar durante la época de la pandemia producto de la toma de decisiones a puertas cerradas por parte del gobierno, menciona la Contraloría General de la República (CGR) en un análisis de la situación del Estado durante la emergencia sanitaria.

Textualmente destaca el informe: “el aumento en la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas podría implicar una sustitución transitoria de los controles administrativos tradicionales que han sido diseñados para situaciones de mayor estabilidad, propiciando riesgos de corrupción”.

Desde que comenzó todos estamos con los pelos de punta y no es para menos, pues el órgano contralor da en el clavo. Esas acciones silenciosas, metódicas y solapadas que acostumbra este gobierno podrían derivar en una cadena de actos impropios.

Esa es la idea que ronda por la cabeza de los ciudadanos luego de ver como en pocos meses se han desviado miles de millones de colones de proyectos y partidas específicas para atender todo lo relacionado con el Covid -19.

Se ha establecido una campaña del miedo que hasta envolvió a los diputados para que aprobaran un sinfín de créditos, pellizcos presupuestarios y hasta leyes con el propósito de afrontar el virus, ahora ya estamos viendo las consecuencias de esas medidas a la ligera.

Son millones de dólares los que han usado para tales fines, no solo de carácter médico -sanitario, sino para dar ayudas económicas como los bonos Proteger, los cuales los ciudadanos reclaman nunca haber recibido como el mismo gobierno les prometió.

Es más, el dinero que se pagó a reos, funcionarios públicos y hasta pensionados, así como pagos dobles a beneficiarios, no se ha recuperado, la primera cuenta era de unos ¢300 millones. Será que mucho más se esfumó en ese fiestón de depósitos.

Y qué decir de los dinerales que también se están percibiendo por concepto de multas de tránsito por violentar la restricción vehicular sanitaria, detalles como recaudación total, destino y uso específico no han sido revelados desde que se formuló la norma.

Se oye hablar de créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Internacional de Desarrollo (BID), de platas que piden al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para hacer frente además a la crisis económica que vive el país, pero los reportes de gastos y las facturas, para decirlo de manera sencilla, serán un enigma histórico.

Pero además este país abrió las manos a CAFT por $500 millones para pago de duda de los cuales $150 millones fueron a los famosos bonos y nadie al día de hoy tiene el control exacto de las entregas, ni las listas de beneficiarios han sido publicadas para dar fe de los procedimientos ejecutados con los recursos de los ticos.

Ni qué decir de los ¢16 mil millones que se percibieron del cobro fijo de las gasolinas por tres meses que recaudó, tampoco se ha demostrado el uso de esos dineros.

Platas van y vienen, ahora resulta que, en medio de semejante caos nacional, el Ministerio de Planificación se da el tupé, pues ese es el adjetivo que más le calza, al despilfarro de ¢9.400 millones en el “censo del bicentenario, generando bastante desconfianza pues hay prioridades mayores que afrontar.

Lo peor, las mascarillas inservibles que adjudicó la CCSS por un monto de $7 millones, eran 12 millones de unidades que ni siquiera han llegado al país y tras de eso fueron negocios otorgados a inexpertos. Si esos actos aduciendo una emergencia no derivan en corrupción, entonces en este país nos consume el cinismo y la ignorancia.

Es justamente cuando se ven estas decisiones ilógicas, tomadas a la ligera que surgen las grandes dudas, los cuestionamientos, pero no hay respuestas.

Da en el clavo la Contraloría al señalar que debemos tener los ojos bien abiertos, insiste en que se debe tener una mayor apertura por parte de los órganos públicos para así garantizar la transparencia y combatir la corrupción.

Durante esta emergencia nacional el Ejecutivo se ve envuelto en una serie de cuestionamientos que inclusive hasta ponen en tela de duda la veracidad de los datos brindados en las actualizaciones de contagios.

Rezagos en la entrega de órdenes sanitarias, pérdida del rastro de los pacientes recuperados, personas que no pudieron acceder al sistema de salud y falta de coincidencia en las estimaciones con respecto a las medidas sanitarias forman parte de los cuestionamientos.

También la polémica y fallida compra de equipamiento médico en la Caja del Seguro, la adquisición de mascarillas que nunca llegaron al país, se suman a aspectos que debilitan la credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado.

O el gobierno y sus jerarcas toman medidas de control oportunas y exigentes o esta será una espiral sin retorno, pues poco podrá recuperarse una vez que se regrese a la normalidad y un país como el nuestro que urge de encausarse, reivindicarse y renovarse no puede darse el lujo de vestirse con el velo de la corrupción.

Pero también los ciudadanos estamos obligados a pedir cuentas y denunciar todo aquello que sepamos anómalo y los medios de comunicación tampoco puede abandonar su tarea de fiscalizar, controlar y supervisar el quehacer en la función pública, aunque el poder político se resista.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Viernes 11 Septiembre, 2020

HORA: 12:00 AM