La Unión Costarricense de Taxistas quiere que se emita ya y sin más demora una medida cautelar que suspenda las operaciones de Uber en Costa Rica.
Es por eso que se presentaron este miércoles ante el Tribunal Contencioso Administrativo para emplazar a la jueza a cargo del expediente de apellidos Apú Hidalgo.
El caso se llevó además a otras cinco instancias judiciales para evidenciar los retrasos en el proceso, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico, la Inspección Judicial y la Procuraduría de la Ética.
Enrique Rojas Franco, abogado de los taxistas, explicó que se interpuso un recurso de queja en contra la jueza, pues lleva dos meses sin resolver una medida cautelar.
Justamente lo que están requiriendo es que mientras se resuelve el caso por el fondo (lo cual puede durar hasta 10 años), se establezca una resolución que obligue a la empresa a dejar de ofrecer el servicio de transporte.
“La medida cautelar debe resolverse en tres días y ya tenemos dos meses de esperar. La denuncia es para demostrar la lentitud y se presenta a otras instancias para tener algún mecanismo de control que nos de justicia pronta y cumplida, porque esto no es solo una lucha por la legalidad también es una lucha social. La justicia pronta y cumplida es un derecho humano”, añadió Franco.
La causa se maneja bajo el expediente 20-001346-1027- CA. DIARIO EXTRA tuvo acceso a una copia de la denuncia que establece que: “Rogamos que se inicie el procedimiento sancionatorio contra la señora jueza tramitadora, licenciada Apú Hidalgo, por la presunta violación administrativa, penal, civil, ética, por haber actuado con culpa grave, sin diligencia en contra de los derechos subjetivos públicos e intereses legítimos intereses de 25concesionarios de taxis públicos, y favoreciendo a una empresa transnacional, que opera contraria al ordenamiento jurídico”.
Los taxistas agregan que: “La plataforma Uber viene funcionando bajo la negligencia o por omisión de parte de las autoridades públicas competentes, como es el Consejo de Transporte Público, como es la Dirección de Tránsito, como es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”.
La defensa de los taxistas argumenta que al no resolver la medida cautelar se está violando el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, en defensa de los taxistas rojos, que están cumpliendo con la ley, que pagan impuestos, que tienen seguro a favor de los usuarios, que pasan Riteve dos veces al año, pero lo más importante es que han ganado concursos de antecedentes y son concesionarios, y en todo caso tienen permiso, en suma, se encuentran ajustados a la ley.
A criterio de Franco, al no resolver se está produciendo una violación a la legalidad administrativa y esto acarrea una responsabilidad de tipo penal, por acción u omisión, que se denomina prevaricato.
“Los taxis rojos se están muriendo de hambre y es una actividad que está dentro de la legalidad. Ellos ganaron un concurso público para obtener una placa, los Uber no. Hay 12.500 familias de taxistas que están en ruinas por su culpa. La jueza debe ordenar al Tránsito que pare esa actividad ilegal”, argumentó.
En su opinión, el hecho de que ahora cobren IVA al Uber es una forma indirecta de legalizar la actividad. “Es una alcahuetería, después nos van a decir que no los van a quitar de circulación porque pagan impuestos”, acotó.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos. David Barrantes
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Jueves 18 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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