La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) informó este viernes que le solicita ¢20 millones por daño social al alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, y al director administrativo de ese gobierno local, Wilberth Rojas Cordero.
A Córdoba se le investiga por supuestamente haber cometido 5 delitos de nombramiento ilegal, dos de tráfico de influencias, dos de reconocimiento ilegal de beneficios laborales, dos de prevaricato y uno de peculado.
En el caso de Rojas, se le investiga por en apariencia cometer dos delitos de enriquecimiento ilícito y uno de peculado.
“Al haberse desviado fondos públicos de la Municipalidad de San Carlos por un monto de ¢287.591.582,70 sin que la Municipalidad haya ejercido ninguna acción para recuperarlos, la PEP preocupados por esa inacción del Concejo Municipal, solicita que en aplicación del artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito se ordene a los imputados la devolución de ese monto del gobierno local”, informó la PEP por medio de un boletín a prensa.
La solicitud del ente procurador se dio a conocer como parte del juicio que se desarrolla en los Tribunales de Goicoechea.
Para pedir el monto, la PEP se basó en el artículo 61 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual señala lo siguiente:
“Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito. La condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, en favor del Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos, obtenidos por su autor, su coautor o cómplices, como resultado directo de este delito, salvo derechos de terceros de buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial.
En el caso de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden judicial para que la sección respectiva del Registro proceda a trasladar el bien a las municipalidades de los cantones donde se encuentren ubicados, si se trata de inmuebles, a fin de que puedan ser usados en obras de provecho para el cantón o de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el destino que se determine en el reglamento de esta ley.
La orden de inscripción o de traspaso estará exenta del pago de timbres y derechos de inscripción”.
ANTECEDENTES DEL CASO
Tal como lo informó DIARIO EXTRA en su edición del martes 3 de setiembre parte del caso se remonta al 2003, cuando se designó a Rojas en el puesto de administrador municipal a pesar de que este no contaba con los títulos universitarios que lo acreditaran para el puesto.
Lo anterior luego de que supuestamente la plaza se modificara de acuerdo con los atestados del investigado.
“En el 2003 se creó una plaza y los requisitos eran bachillerato, incorporado al colegio, eso de lo que me acuerdo, le dije al alcalde que el aspirante (Rojas) no cumplía con los atestados, el Código Municipal establece que debe haber una terna.
Me dijeron que es una interpretación mía y que se debía nombrar a Rojas, se solicitaba que pagara dedicación exclusiva del 25%, luego de que el Concejo Municipal tomara un acuerdo y se solicita hacer manuales de puesto”, había explicado al inicio del juicio Yahaira Carvajal Camacho, jefa de Recursos Humanos del ayuntamiento.
La funcionaria con 19 años de laborar para el ayuntamiento agregó que solo hubo un aspirante a la plaza.
Por estos hechos la municipalidad fue allanada en 2002, donde las autoridades judiciales secuestraron documentación.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Sábado 12 Octubre, 2019
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