La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó este martes tres proyectos de ley como propuestas para reactivar la economía, en respuesta al anuncio que hizo el Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre una disminución en las proyecciones de crecimiento económico del país.
Los socialcristianos creen que se debería aplicar una amnistía al cobro de cargas sociales que tiene ahogados a varios empresarios.
De acuerdo con el diputado Pedro Muñoz, al 31 de mayo de este año 15.553 patronos activos adeudan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢71.445 millones, monto que no incluye los intereses, multas ni sanciones.
“La cifra va en aumento ante la coyuntura económica que atraviesa el país, donde cada vez son más las empresas que desisten del pago de cargas sociales o cierran, manteniendo deudas millonarias con la entidad, que se vuelven incobrables”, comentó.
La iniciativa concedería a los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos la condonación de cobros por mora, multas, sanciones e intereses generados por adeudar cuotas a la CCSS por el Seguro de Enfermedad y Maternidad y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, Ley de Protección al Trabajador, Ley No.7983 y sus reformas y la recaudación que realiza a otras entidades mediante las cuotas obrero-patronales.
“La amnistía aplicaría siempre y cuando el interesado regularice su situación dentro del plazo de 6 meses de la entrada en vigor de la ley, sea a través del pago en un solo tracto o bien a través de un convenio o arreglo de pago con la Caja cuyo plazo no podrá exceder cinco años y no será requisito contar con fiador”, agregó el socialcristiano.
Efectuado el pago en un solo tracto o en los tractos del convenio o arreglo de pago se considerará extinguida cualquier obligación contributiva anterior al plazo de 4 años.
BAJAR IMPUESTOS
Otro de los proyectos pretende bajar el impuesto de los combustibles, lo que disminuiría su precio.
Para María Inés Solís, jefa de fracción del PUSC, Costa Rica es el país centroamericano con los costos más altos de hidrocarburos, lo que genera una gran desventaja competitiva respecto a las demás naciones del área y afecta mucho el bolsillo de los costarricenses.
“Más del 34,7% del precio de los combustibles es impuesto. El proyecto reduciría el monto del impuesto a niveles similares a los del resto de Centroamérica y establecería un valor máximo del impuesto del 40% del precio internacional del combustible”, explicó.
Actualmente el impuesto único a los combustibles se ajusta en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según se establece en el artículo 3 de la Ley No.8114 y no considera el precio internacional de los hidrocarburos, lo cual hace que el tributo siempre crezca.
El año pasado el fisco recolectó cerca de ¢575 mil millones, monto que equivale a un 60% de la factura petrolera nacional, que fue de $1.618 millones en 2018.
“Este impuesto es desproporcionado y les quita a las familias costarricenses recursos que se dedicarían al consumo y a la reactivación económica, tan necesaria en nuestro país.
Costa Rica requiere reducir los altísimos costos de la energía, los cuales en más de un 65% del total de la energía consumida dependen de los hidrocarburos importados.
Se requiere liberar recursos propios de los costarricenses para el consumo, el crecimiento económico y social, y para que produzcamos riqueza y prosperidad para todos”, enfatizó Solís.
La última iniciativa de ley pretende establecer una serie de incentivos a los empleados para la contratación de personal.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 24 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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