Promesas de crecimiento económico y mejor calidad de vida
Osvaldo Corrales Jiménez*
Algunos demagogos siempre han hecho creer a la gente que el crecimiento económico y desarrollo de un país siempre hacen más rica a una nación. Sin embargo, no siempre esa riqueza favorece a todos, sobre todo cuando los esquemas de repartición de la riqueza son injustos. En otras palabras, cuando los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, la idea de la igualdad es solo teoría.
Otras veces, se dice que las exportaciones de un país han aumentado y que el desarrollo tecnológico es mayor, pero eso no siempre refleja que la macroeconomía esté mejor. Y es que este tipo de cosas son muy características en nuestro país, prueba de eso es ver que el colón no se ha revaluado como se debe, ni que el Estado haya bajado el galopante déficit fiscal. En cambio, de los ingresos brutos del erario público hasta un 90 % se va en salarios con sus pluses y el “restillo” de recursos apenas van para infraestructura pública y cobertura de programas sociales de vivienda para clases pobres, combate de la pobreza, entre otros.
El Banco Mundial ha pronosticado que, dentro de un tiempo, el Producto Interno Bruto de nuestro país crecerá significativamente con respecto al resto de países latinoamericanos. Sin embargo, habría que conocer cuáles son los marcadores económicos que se han tomado para decir eso, puesto que una cosa es el incremento de la productividad material costarricense y otro el incremento en valores monetarios. O sea, no necesariamente todo incremento productivo tangible refleja el crecimiento en valores monetarios, sobre todo cuando están presentes la inflación y las devaluaciones del colón.
Y es que, pese a que el PIB intente mostrar el valor total de la producción de una nación o región, también influyen los precios anuales de bienes de consumo. Por ejemplo, el costo de la canasta básica y de servicios públicos (agua, luz, teléfono, pagos municipales, combustibles, tarifas de buses, taxis, entre otros) pueden reflejar en parte las verdaderas condiciones adquisitivas de las personas. Además, en el PIB debe tomarse en cuenta el ingreso per cápita, pero este aspecto es apenas una estimación como si se dividiera el PIB entre todos los habitantes. Pero eso no es real, dado que los ingresos de cada persona y grupo familiar son variados.
De todas maneras, si las clases ricas tienen ingresos muy altos y las clases populares ingresos muy bajos, eso indicará que en el segundo sector mencionado habrá pobreza. Por otro lado, los índices de desempleo de los últimos años, evidencian que los beneficios económicos no llegan a todas las personas.
Tampoco puede haber igualdad sectorial en materia de salarios, donde personas profesionales o empleados públicos reciben jugosos salarios (sumados los pluses) frente a los trabajadores de empresas privadas, que perciben salarios apenas acordes a la tabla de salarios mínimos.
En pocas palabras, decir que Costa Rica crecerá en su PIB en los próximos meses no es una noticia que llene de alegría a las personas que aún enfrentan el flagelo de la pobreza.
Además, nuestro país, en las últimas décadas, ha perdido el sentido del mercantilismo como doctrina de desarrollo. Eso se ha ocasionado la debacle que de cierta manera afecta la solidez productiva de un país.
Ciertamente, el mercantilismo radical atenta contra la dignidad de la clase obrera cuando se adhiere a un capitalismo no solidario; pero el mercantilismo bien manejado puede ayudar a la justa repartición de la riqueza. O sea, el mercantilismo racional plantea el equilibrio comercial, donde se debe tratar de importar menos de lo que se pueda exportar, además, en ciertos sectores productivos en crisis el Estado debe intervenir con medidas correctivas y otras formas de apoyo, y se debe controlar el gasto público innecesario y establecer frenos a los privilegios indecentes hacia los empleados del Gobierno.
Por otra parte, en la gestión pública se deben quitar tantos tropiezos como el exceso de trámites, ya sean permisos y cobros innecesarios. También, es necesario mejorar la transferencia y coordinación en el manejo de documentación y datos en el aspecto interinstitucional, pues no es bueno que en algunas oficinas públicas las personas que necesitan de una autorización, sello o certificación tengan que ir de un lado a otro (eso es algo común, por ejemplo, en las municipalidades y ministerios).
Y, para poner un ejemplo, se puede hablar del curso de manipulación de alimentos, el cual, para renovar el carné respectivo, la persona debe volver a realizarlo.
Pero en la realidad esa repetición del curso no siempre tiene el efecto deseado, pues en algunos establecimientos que preparan y venden alimentos como hamburguesas no cumplen el protocolo de manejo de alimentos, pues a veces la persona que los prepara luego es enviada a lavar los servicios sanitarios.
En vista de todo lo anterior, ya es momento de que en el aparato público se establezcan reformas para agilizar los trámites y hacer un país más eficiente.
*Comentarista de temas cotidianos
